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Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto de Colonización, explicó en qué casos se gestiona el desalojo.

Agro > ENTREVISTA A JACQUELINE GÓMEZ

"Hoy la mayor parte de los colonos está cumpliendo con sus obligaciones"

La presidenta del Instituto de Colonización destacó que los incumplimientos graves son excepcionales

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01 de junio de 2018 a las 05:00

Ana Jacqueline Gómez Terra sucedió en el cargo de presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC) a Andrés Berterreche, en noviembre de 2013. Es montevideana e ingeniera agrónoma. Fue subdirectora del proyecto Uruguay Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) desde 2005 hasta que concluyó, y fue asesora de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP. "No soy de familia de campo y no tengo campo", enfatizó. "Ni media hectárea", precisó. Durante muchos años, desde la Universidad de la República y diversas organizaciones civiles, trabajó con organizaciones de productores, especialmente de escala familiar. Ese ha sido su eje de trabajo, no brindando un asesoramiento agronómico, sí en distintas áreas vinculadas al desarrollo rural.

A 70 años de la creación de la ley que rige al INC, ¿cómo definiría el servicio que hoy presta?

El rol del instituto es la distribución de tierras a productores familiares y asalariados rurales, para que puedan desarrollar su proyecto de vida y productivo en tierras del Estado. Eso implica que cada uno de los adjudicatarios, en un formato de arrendamiento, tenga un conjunto de obligaciones y como contraparte reciba un conjunto de apoyos de parte del instituto para que pueda desarrollar sus proyectos.

¿Qué área hay afectada a la ley, cuántas unidades productivas y cuántas familias involucradas?

Hay más de 600 mil hectáreas afectadas a la ley. Me parece importante dejar claro que hasta 2005 Colonización entregaba las tierras en propiedad y en arrendamiento y desde 2005 exclusivamente se entregan en arrendamiento, porque entendemos que el Estado debe cumplir un rol en el proceso de políticas de tierras, que debe supervisar el cumplimiento de las obligaciones. Esa medida nos permite tener una proyección de largo plazo en esta política pública. Colonización este año cumple 70 años y tenemos familias que hace 70 años que viven en las tierras del instituto, que han pasado de generación en generación, de padres a hijos y de hijos a nietos. El 19 de enero de este año empezamos los festejos de los 70 años en San Javier, con colonos de Río Negro, incluso hay en la web de Colonización 10 historias documentadas que es muy lindo conocerlas. En las tierras del instituto hay más de 3.500 unidades económicas en funcionamiento, con los distintos rubros. Hay ganadería, lechería, agricultura, hay arroceros y hay granjeros. Quizás la forestación no es una actividad que se desarrolle tanto, excepto en casos en los que un colono propietario hace un acuerdo con una empresa forestal por una superficie determinada. La lechería, por ejemplo, tiene un rol fundamental, más de 1.000 fracciones son lecheras, es un rubro con un peso muy importante en Colonización, con características especiales, por la mano de obra que genera, es una actividad muy familiar, en el territorio donde está genera mucho cambio e incide mucho en toda la actividad económica y no solo en el emprendimiento productivo. Por eso hemos desarrollado políticas concretas para el sector. En total, hay más de 5.000 familias colonas que utilizan las tierras del instituto y hay 192 emprendimientos colectivos, que incluyen a 2.000 familias, ocupando unas 90 mil hectáreas dentro del total de las tierras de Colonización.

¿Cómo ha evolucionado el acceso del instituto a nuevas tierras para desarrollar el rol señalado?

Desde 2005 a la fecha se compraron más de 120 mil hectáreas para ser afectadas a la ley y ser distribuidas entre productores familiares y asalariados rurales. Ese valor tiene un peso muy importante dentro del total de las tierras que son propiedad del Estado. Se ha hecho una inversión relevante para tener la tierra, hacer el proceso de distribución y cumplir con lo que nos pauta la ley. Eso es bastante relevante porque en este país no es posible desarrollar una política de tierras si no tenemos los recursos disponibles para disponer de ella. La propiedad de la tierra es algo bien definido en Uruguay, hay un registro de tierras desde 1943, eso no ocurre en todos los países de América Latina. La definición política tomada en 2005 de que el instituto debía cumplir un rol fundamental en el acceso a la tierra por parte de productores familiares y asalariados rurales se vio acompañado por los recursos para las inversiones en compras de tierras. Hay un presupuesto anual de US$ 30 millones que se invierte mayoritariamente en tierras. En la administración de 2005 a 2010 se compraron 42 mil hectáreas, en la de 2010 a 2015 56 mil hectáreas y en este nuevo período venimos en más de 20 mil hectáreas. Los recursos están en el marco del acuerdo de Colonización con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Hace instantes resaltó el valor del acceso colectivo a la tierra.

Es un cambio importante, que se profundizó desde 2010. Es un mecanismo que ha permitido la inclusión de los sectores más vulnerables en el usufructo de las tierras del Estado, llegando a esas 90 mil hectáreas que mencioné. Ha sido una transformación relevante en los territorios. Esos emprendimientos colectivos no solo están vinculados a gente que no tiene tierra, que tienen animales y no tienen tierra, están también vinculados a instalar emprendimientos colectivos en un territorio que permitan que los productores familiares de menor escala y con mayores dificultades de estabilidad y sustentabilidad puedan ampliar el área a través del acceso colectivo. Eso ha sido muy evidente y notorio en la lechería, hay diversas experiencias, como campos de recría o bancos de vaquillonas o de forraje. Las organizaciones de productores lecheros han generado propuestas innovadoras para poder consolidarse, ampliarse y mantenerse como productores familiares en los territorios a través del acceso colectivo a las tierras.

¿Cómo ha evolucionado el nivel de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los colonos, hay muchos incumplimientos cuyo nivel amerita llegar al desalojo?

Desde hace varios años, desde 2013 y 2014, hemos mantenido un valor de colonos que están al día entorno al 74% al 76%. Nos hemos mantenido en eso que dice que los colonos han estado haciendo un esfuerzo y cumplen con el pago de la renta. En 2005 había una situación bien compleja, de endeudamiento y en 2007 hubo una refinanciación general. Posteriormente, con el instituto mejorando en aspectos de gestión, de supervisión y de acompañamiento a los propios colonos, hubo un trabajo muy importante de gestión de cobro, discutiendo con ellos sus propuestas de pago en función de los ingresos, llegando a un punto en el cual hoy la mayor parte de los colonos está cumpliendo con sus obligaciones. Hay otro porcentaje importante de colonos con planes de pago, que están cumpliendo. Hay también casos, bastante excepcionales, vinculados a gente con endeudamientos muy relevantes, hablo de cinco a 10 años de pago de rentas, donde se toma la decisión de rescisión de contratos. También hay otros casos de rescisiones de contratos, casos extremos, donde en realidad el incumplimiento no es solo el no pago de la deuda, porque está vinculado a la residencia, a la no explotación directa, a que tienen otras actividades que van en desmedro de la atención de las tierras del instituto. También ha pasado de detectar a colonos arrendatarios que han accedido a las tierras hace muchos años, que tienen otra actividad que es el mayor ingreso, que su actividad está en otro rubro y en otro departamento, pero también hemos detectado algunos casos vinculados al rubro del agro que manejan un área muy importante fuera de las tierras afectadas a la ley y que en realidad son personas y familias que no requieren un subsidio del Estado. Hay que tener claro que las rentas del instituto son subsidiadas, por menos del 50% del valor del mercado, y esa política subsidiada debe estar dirigida a productores familiares y asalariados rurales y eso es lo que nosotros tenemos que supervisar. Promovemos que los productores que accedan se capitalicen, armen unidades económicas sustentables y puedan ser productores con un muy buen nivel de vida, incluso no hay una dificultad para que sean arrendatarios de 300 hectáreas dentro del instituto y arriendan al lado unas 200 hectáreas, el problema es cuando la dimensión de lo que está afuera del instituto ya determina con mucha claridad que no es necesario que el Estado uruguayo y la sociedad en su conjunto otorgue un subsidio para que puedan vivir y mantenerse. Muchas veces las decisiones de rescisión de contrato están vinculadas a más de una de las variables que dije, muchas veces se combina la no residencia con el tener otras actividades que van en desmedro de la atención a las tierras de Colonización. Uno de los factores importantes es el de la dimensión económica no solo vinculada a la producción agropecuaria y a veces eso se combina con el endeudamiento. De todos modos, en estos últimos dos años se rescindieron nueve contratos cuando hay 5.000 familias en las tierras de Colonización. Por eso aclaro que los colonos son gente que vive en las tierras del Estado, las explotan directamente y cumplen con sus rentas. Después hay casos excepcionales de no cumplimiento que como hemos mejorado la gestión los vamos encontrando.

Las tierras deben ser para quienes cumplen

Cuando el gobierno concede apoyos especiales al sector, por ejemplo tras adversidades climáticas, Colonización activa su paquete de asistencias.

Por ejemplo, cuando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró este año la emergencia agropecuaria el instituto adoptó medidas, limitadas al área territorial definida por el ministerio.

"Ya veníamos tomando decisiones, como el congelamiento de la renta lechera y la reducción de las otras rentas, pero cuando se declaró la emergencia en toda el área sugerimos a los colonos diferir el pago de la renta que se vencía en tres cuotas, distanciadas entre ellas durante un año, sin intereses ni moras y sin que pierdan la condición de buen pagador", dijo Jacqueline Gómez.

Esto último es clave, señaló, porque cuando son buenos pagadores pueden acceder a la herramienta del Fondo de Previsión.

Considerando la extensión del área de la última emergencia agropecuaria, estuvo involucrada el 75% de las tierras afectadas a la ley de Colonización.

Por otro lado, cuando surgen estos problemas climáticos, se pueden combinar con situaciones familiares de los colonos, por ejemplo un caso de enfermedad en la familia, o con temas sanitarios en la producción animal, en casos considerados especiales que el instituto evalúa caso a caso, aunque "eso es algo cotidiano", dijo.

Existe un área del instituto que trabaja específicamente en el tema gestión de cobro que facilita el estar al día. "Lo que debe quedar claro es que no podemos permitir que una persona que debe cinco o 10 años de renta siga siendo usuario de las tierras del Estado cuando ni siquiera ha mostrado voluntad de pago. Esas tierras deben ser usadas por gente que le cumpla al instituto y, en definitiva, a toda la sociedad. También buscamos un respeto a los colonos que hacen el esfuerzo de mantenerse al día o tienen la actitud, cuando hay un problema, de presentarse a explicarlo para ver cómo seguir, pero cumpliendo", expresó.

Siempre hay demanda por tierras

"Siempre hay demanda por tierras", comentó Jacqueline Gómez, quien destacó que como los llamados son "abiertos" desde el año 2005 "eso ahora se evidencia mucho más".

Al respecto, informó que Colonización está cubriendo el 26% de las demandas de unidades de producción familiar y un 30% de las demandas grupales.

Remarcó que una vez que acceden al bien los usuarios de las tierras de Colonización tienen la obligación de cumplir con todas las exigencias de la ley y con el pago de la renta. Esto último, destacó, es clave porque "viabiliza que sigamos desarrollando nuestra política de tierras".

¿Cómo se financia el instituto?

Todo el funcionamiento se financia con su propia gestión. Para la compra de tierras se logran aportes de dos impuestos dirigidos directamente a esa inversión o a alguna otra en particular, pero relacionada. Estamos hablando de tierras, las que se entregan en arrendamiento, que tienen valores de US$ 3.000 por hectárea a otras que valen US$ 10.000 o más. Hacemos intervenciones en todo el país, en todo tipo de tierras, para todos los rubros. El productor que accede a las mismas, pagando una renta subsidiada en más del 50% en relación al valor del mercado, tiene una ventaja comparativa muy importante con otro productor familiar que debe arrendar, ventaja que no solo se limita a la renta, porque hay un trabajo interinstitucional de Colonización con OPP, UTE, Mevir o la dirección de Desarrollo Rural del MGAP, para que lleguen capacitaciones por ejemplo, aportando fondos incluso, eso además de compras que financiamos en alambrados, agua, viviendas o tambos, por ejemplo. El objetivo es contribuir a que el conjunto de las políticas públicas lleguen a las tierras de Estado.

La integración del directorio

"El presidente del directorio es definido por el presidente de la República y requiere de la venia del Poder Legislativo; hay un representante del MGAP; uno del Ministerio de Economía y Finanzas; hay otro por los productores y para seleccionarlo las organizaciones le sugieren postulantes al ministro de Ganadería que junto al presidente de la República lo define. Con satisfacción hemos visto que en esta última oportunidad han presentado candidatos a representantes de los productores organizaciones muy diversas, muchas además, una gama muy diversa; y hay un representante de la educación que los que sugieren son la Universidad del Trabajo del Uruguay y la Universidad de la República y también el ministro de Ganadería y el presidente de la República lo definen. En esta administración uno de los delegados del Poder Ejecutivo le fue dado a la oposición", explicó Gómez.

Los planteos a través de Un Solo Uruguay

La Mesa de Colonos recientemente ha decidido trasladar planteos al gobierno a través del movimiento Un Solo Uruguay. Consultada sobre qué reflexión le merece eso, Gómez respondió: "El Poder Ejecutivo definió un ámbito de trabajo entre las gremiales, Un Solo Uruguay y el propio Poder Ejecutivo. Como presidenta del instituto participo en ese ámbito. El movimiento Un Solo Uruguay ha hecho los planteos en el ámbito de trabajo, en relación a los colonos, sobre tema lanzamientos y situaciones de endeudamiento. Nosotros, yo misma, expliqué cuál era la situación y cuál era la dimensión de la situación. La situación de incumplimientos que terminan en un lanzamiento son contados y la verdad es que hoy el INC, con 5.000 familias en sus tierras, tiene 30 juicios vinculados a estas cosas y las decisiones de rescisiones de contratos fueron nueve en estos últimos años y además eso no significa que se termine en la decisión del lanzamiento porque se inicia el juicio y siempre hay espacios de negociación si el colono tiene voluntad de cumplir sus obligaciones y si tiene el perfil de colono, porque hay cosas que no se levantan con una negociación. El planteo de la Mesa de Colonos estuvo presente, se discutió y ese es el ámbito que resolvieron para discutirlo. Nosotros tenemos en Colonización una cotidianeidad muy importante con las gremiales, no es necesario ser colono para venir a discutir algo con el instituto, discutimos con las gremiales de roles y políticas, para poder articular respuestas más adecuadas. Los colonos están agrupados en muchísimas organizaciones y con todas tenemos relacionamiento frecuente y esas gremiales han hecho planteos y nos vemos en distintos ámbitos a nivel nacional o territorial, por ejemplo nos encontramos en las Mesas de Desarrollo Rural, donde el instituto participa por ley. Siempre hemos tenido espacios constructivos porque las gremiales, lo quiero destacar, vienen en la actitud no de proteger a deudores contumaces y menos a ocupantes de tierras, vienen a plantear situaciones para encontrarle respuestas entre todos tendiendo a mantener a las familias en el medio rural, en cada explotación, para lo cual siempre lo básico es que esas familias tengan la actitud de cumplir con sus obligaciones, las que establece la ley 11.029 para todos los usuarios de las tierras del instituto. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero acá siempre lo más importante es mantener la política pública de tierras en el largo plazo, que los colonos que viven y trabajan en el medio rural, cumpliendo, se puedan mantener y que el instituto pueda extender esa política a quienes aún no accedieron a la misma".


3.500 unidades económicas... están funcionando hoy en las 600.000 hectáreas que están afectadas a la ley de Colonización.


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