4 de julio de 2012 21:04 hs

La confirmación de la reunión entre el canciller venezolano Nicolás Maduro y los más altos mandos militares paraguayos en el Palacio de Gobierno la tarde en que fue destituido Fernando Lugo derivó en la repatriación de su embajador ante Venezuela y en la declaración de “persona non grata” del representante de Caracas ante Asunción.

Por medio de un comunicado, la cancillería paraguaya se refirió a “las graves evidencias de intervención por parte de funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela en asuntos internos de la República del Paraguay”, en alusión a la supuesta arenga de Maduro a los jefes militares.

Tras aludir a las pruebas de injerencia venezolana, el ministerio informó que “el gobierno paraguayo dispuso en esta fecha el retiro de su embajador acreditado ante el gobierno venezolano”, Augusto Ocampos.

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“Asimismo, de conformidad con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el Estado paraguayo ha declarado persona non grata al embajador de Venezuela en el Paraguay, Don José F. Javier Arrúe de Pablo”, añadió. El texto indicó que puesto que Arrúe de Pablo “no se encuentra actualmente en el país, resulta innecesario fijar un plazo para que lo abandone”. “La medida dispuesta tiene efecto inmediato”, concluye el comunicado.

Este miércoles la ministra paraguaya de Defensa, María Lyz García, declaró ante la fiscal que investiga la reunión del venezolano con los paraguayos. García fue la que hizo la denuncia pública, la misma que el martes reunió a los periodistas paraguayos para entregarle los videos con la evidencia del encuentro.

En su comparecencia ante la fiscal, la secretaria de Estado confirmó que recibió la denuncia de ese encuentro –del que también participó el embajador de Ecuador en Paraguay, Julio Prado– por parte del comandante de la Fuerza Aérea, Miguel Christ. Este militar, presente en la reunión, le contó a la ministra –y ella a la fiscal– que el venezolano los fue a “arengar o instar” a que se declararan fieles a quien hasta ese momento era presidente, Fernando Lugo, y que se negaran a reconocer al nuevo mandatario.

“Ahora, a qué arengaron o incitaron, eso es lo que nos van a aclarar los militares”, apuntó la fiscal Stella Mary Cano. La magistrada indicó que los miembros del anterior gabinete militar –solo Christ fue confirmado en el cargo tras la asunción de la Presidencia por parte de Federico Franco– serán llamados a declarar, lo mismo que algunos colaboradores de Lugo como Miguel Rojas, su exsecretario privado.

Este jueves los legisladores discutirán un proyecto propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores que consiste en pedirle a la OEA que no le aplique sanciones a Paraguay y solicitarle al Mercosur y la Unasur que dejen sin efecto la suspensión que le impusieron al país con el argumento de haber violado el orden constitucional. Si el documento es aprobado, pasará a consideración del presidente Franco.

“Montaje burdo”
Por su parte, los abogados de Lugo, que sigue en actividad a pesar de su destitución, preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración de la cámara de senadores que lo dejó fuera del Ejecutivo.

El abogado Adolfo Ferreiro explicó a la prensa que pedirán como medida cautelar la restitución de Lugo como presidente mientras dure el proceso. La Corte debería expedirse sobre el tema “en un plazo de dos o tres días”. En realidad, el organismo tendrá 30 días para pronunciarse y, de no hacerlo, la parte elevaría la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El Congreso siempre tiene derecho a realizar un juicio político, pero dentro del debido proceso”, señaló Ferreiro. “Lo que buscamos es la reparación del agravio”, agregó el doctor.

El destituido mandatario denunció, en un comunicado difundido a través del sitio “Paraguay resiste”, que el video que precipitó la crisis diplomática “trata inútilmente de comprometer a diplomáticos extranjeros en maniobras que nunca acontecieron”, con el objetivo de “desviar la atención” sobre el “golpe parlamentario” que le costó el cargo.

A su modo de ver, las imágenes en cuestión son “un montaje burdo” que “expuso la seguridad interior del Palacio de Gobierno, develando la total incapacidad (de Franco) para ejercer el cargo”.

De acuerdo con el texto, las imágenes pusieron “en tensión” las relaciones internacionales del país y “cualquier diplomático que visite de ahora en más el Palacio de Gobierno del Paraguay podrá ser objeto de exposición innecesaria mediante la difusión de imágenes de sus cámaras de seguridad, con el corte sesgado de tomas que no demuestran absolutamente nada”.

“Hay una caza de brujas que afecta y afectará a los colaboradores del presidente Lugo”, agregó el líder destituido. (Basado en prensa paraguaya).

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