La investigación administrativa que el Poder Ejecutivo realiza al exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, para conocer si existieron irregularidades en las misiones oficiales en las que participó, puso en el centro de atención el rol del fiscal de gobierno, cargo que ocupa actualmente. Además, el presidente, Luis Lacalle Pou, derogó un decreto que había sido firmado por su antecesor, Tabaré Vázquez, en 2019 y que le daba mayores potestades a los fiscales de gobierno. Ese decreto establecía que el Poder Ejecutivo tuviese que recabar la opinión del fiscal de gobierno en los casos en los que se interpusieran recursos jerárquicos “contra actos administrativos dictados por órganos desconcentrados”.
El artículo 317 de la Constitución prevé los mecanismos por los que los actos administrativos pueden ser impugnados. Uno de ellos es mediante el recurso de revocación, que se ejerce ante el órgano que dictó el acto. Otro, y en el que los fiscales de gobierno tienen potestad para actuar, es cuando se interpone un recurso jerárquico "para ser resuelto por el órgano máximo del servicio que se trate"; y el tercero puede plantearlo el funcionario que se sienta afectado por un acto "emanado de los Servicios Descentralizados" ante el Poder Ejecutivo.
El abogado especializado en derecho administrativo, Miguel Pezzutti, afirmó a El Observador que el cargo del fiscal de gobierno no es “simplemente decorativo, sino que tiene relevancia y trascendencia”. Su función, regulada por el decreto 106, de 1979 (promulgado en pleno gobierno dictatorial), los concibe como funcionarios que asesoran jurídicamente al Poder Ejecutivo en ciertos asuntos. Cuentan con "independencia técnica", por lo que sus informes se basan meramente en su conocimiento jurídico y aunque anteriormente dependían del Ministerio de Justicia, cuando este fue eliminado pasaron a estar bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Las fiscalías de gobierno son dos, la de primer y la de segundo turno, a cargo de Toma. La primera está a cargo de Daniel Borrelli, quien fue, hasta enero de este año, vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y regresó al cargo tras renunciar a la Jutep.
Más allá de que son denominados "fiscales", el jurista Carlos Delpiazzo aclaró que "no pertenecen a la Fiscalía General de la Nación ni se rigen por sus normas" por lo que no poseen los "derechos, deberes, prohibiciones e incompatibilidades de los fiscales dependientes del Fiscal de Corte y procurador General de la Nación". Además, no son funcionarios de confianza.
El caso Toma
Después de que el programa Así nos va de radio Carve divulgara información oficial sobre una denuncia del presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, el gobierno abrió una investigación por una “denuncia por presuntas irregularidades en misiones oficiales” de Toma junto a la contadora Giuliana Pérez Muñiz, durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Toma viajó con la contadora dos veces a Roma, como parte de la misión oficial por el juicio del Plan Cóndor y a Washignton, donde se tramitó el juicio de Aratirí contra el Estado uruguayo. Además, se presentó una denuncia penal que es investigada por el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner.
De acuerdo a lo que explicó el abogado Pablo Schiavi, también especializado en derecho administrativo, “si bien sus decisiones no son vinculantes, el asesoramiento del fiscal de gobierno implica una opinión muy pesada para el jerarca de turno que va a firmar”. Más allá de que sus decisiones no obligan, en el caso que el jerarca (el presidente o un ministro, por ejemplo) se aparte de lo dictaminado por el fiscal de gobierno, “tiene que fundamentar por qué” lo hace. Tal es así, que según Schiavi “en la enorme mayoría de los casos se hace lugar a lo que dicen”.
Para Schiavi estos son empleados “técnicamente muy especializados” y “son de las firmas más altas en cuanto a prestigio técnico de la administración pública”. “La firma del fiscal de gobierno es muy pesada para quien va a resolver”, afirmó. Los fiscales de gobierno no precisan venia de la Cámara de Senadores para ser designados, sino que son nombrados por el presidente y permanecen en el cargo hasta los 70 años, siempre y cuando no renuncien.
Si bien a partir del decreto firmado por Lacalle Pou, el 24 de setiembre, los fiscales de gobierno solo actuarán en el caso de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos si se “entendiere conveniente”, también “tienen facultades para pedir información a cualquier repartición del Estado y en los casos de destitución de funcionarios”, dijo Pezzutti. Un acto administrativo puede ser una sanción a un funcionario o una destitución.
Pezzutti expresó que las fiscalías de gobierno se enmarcan en lo que es la “abogacía del Estado”, que es el “asesoramiento jurídico dentro del Estado”. De todos modos, afirmó que dentro del Estado uruguayo no se ha logrado consolidar ese concepto por lo que se trata de “un sistema descentralizado y fragmentado” en el que “cada organismo tiene su propia asesoría jurídica que desarrolla sus propios criterios”. “La abogacía del Estado que eventualmente debería ser motivo de una reflexión colectiva y política para decidir si es necesario o no que haya una cierta unificación de criterios y, por ende, la garantía de independencia técnica” señaló.
Casos polémicos
Tanto la administración Vázquez como la de José Mujica se han remitido a los dictámenes de estas fiscalías para defender actos administrativos cuestionados por otros organismos. El caso más sonado es el de la condonación por parte de Presidencia de la deuda que mantenía el contratista Francisco "Paco" Casal con la Dirección General Impositiva (DGI). En 2013, Mujica absolvió a Casal de pagar US$ 10 millones, basándose en un informe de la Fiscalía de Gobierno de Segundo Turno (Toma), que iba en dirección contraria a la opinión del Ministerio de Economía y dos fallos de la Justicia Civil.
Camilo dos Santos
Otro caso en el que cobró protagonismo la Fiscalía de Gobierno tuvo lugar en el último gobierno de Vázquez, a raíz de la compra del avión presidencial. Luego de que el Tribunal de Cuentas observara –en reiteradas ocasiones– el procedimiento, el Ejecutivo pidió la opinión de la Fiscalía de Gobierno, que entendió que no había reparos en la compra. Posteriormente, con un cambio en su integración que resultó decisivo, el TCR dio el visto bueno al procedimiento y utilizó el dictamen de la fiscal como uno de los fundamentos.
