El presidente se reunió con vecinos y se incrementó el patrullaje pero la comisión que creó no tuvo avances

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¿Qué pasó en San Luis después de que Vázquez prometió medidas de seguridad?

Se incrementó el patrullaje pero la comisión no tuvo avances; la intendencia prepara un plan de intervención
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19 de agosto de 2018 a las 05:00
Edilberto nombró "¿Y loco?" a su almacén, porque era como se saludaban los vecinos de San Luis hace 35 años, cuando en el balneario la inseguridad no era una palabra que estuviera en boca de todos ni un fenómeno que obligara a que comerciantes como él instalaran un portón eléctrico a la entrada. Otros han sido más drásticos y optaron por cerrar sus puertas.

Afuera, por Simón Bolívar, la principal calle transversal de la localidad de Canelones, los autos no pasan. En la cuadra cunde el silencio.

Esa tranquilidad no es reflejo de la falta de población, que ha crecido en forma exponencial en los últimos años, dice Edilberto, sino –cree– de la falta de actividad económica del balneario. Y esa es la paradoja a la que los vecinos apuntan y que las autoridades de la Intendencia de Canelones miran con atención: crece la población, pese a que las fuentes laborales bajan, escasean.

El Censo de 2011 indica que en San Luis hay poco más de 1.800 habitantes, aunque todos estiman que hoy se superan los 5.000. Pero las oportunidades de empleo van en sentido inverso. Edilberto cuenta que en los últimos dos años desaparecieron al menos cuatro comercios a pocas cuadras a la redonda, y que la razón es la delincuencia. Él sigue trabajando, pero son más de las dos de la tarde y en su almacén no hay clientes.

A Giovanna Forlano, vecina de San Luis desde hace 43 años, no le caben dudas de que la relación causal es tan simple como la presenta Edilberto. Ella cerró su comercio hace una década, y ahora planea abrir una pequeña pollería al frente de su casa. Pero siente miedo. Y eso mismo le dijo al presidente Tabaré Vázquez cuando visitó San Luis el 21 de mayo, como respuesta a una carta firmada por 2.500 vecinos que también sentían miedo, porque los hurtos, pero sobre todo los homicidios y robos con violencia, estaban a la orden del día –y siguen estando–.

Esa tarde, en el local de la Liga de Fomento, el presidente, acompañado por el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, el jefe de Policía de Canelones, Osvaldo Molinari y el prefecto del departamento, Alfredo Fraga, escuchó toda clase de reclamos. Y el de Forlano fue el siguiente: "Le dije que quería abrir otra vez mi comercio, que quería trabajar y que mi hijo también, pero que estábamos asustados. Él no me contestó nada", contó.

La respuesta de Vázquez fueron dos promesas: que aumentaría el patrullaje y que acercaría a todas las instituciones de los tres niveles de gobierno para que abordaran los problemas sociales del balneario en forma integral, nucleados en una comisión.

Y el presidente cumplió a medias, porque el patrullaje mejoró ostensiblemente, todos lo notan, pero el funcionamiento de la comisión es difícil de determinar. Algunos ministros, como Eneida de León y Marina Arismendi –Vivienda y Desarrollo Social, respectivamente– fueron a San Luis esa misma semana para comenzar a trabajar junto a los vecinos en el relevamiento social de la zona, pero no hubo más novedades.

Los vecinos, entonces, se quedaron solos con su paradoja: crece la población sin que haya mercado que la atraiga, y los delitos no se detienen. Y dentro de ese esquema, señalan la proliferación de viviendas irregulares, especialmente del lado norte de la ruta, y que es parte de un fenómeno social que las autoridades observan preocupadas y que ocurre en todo el departamento: la proliferación de asentamientos.

"No somos malandros"

Rosario Pereira estaba trabajando en su rancho, que se había inundado con las lluvias de la semana pasada, cuando salió a auxiliar a un conductor distraído que había llegado al final de una de las bocacalles que nacen al margen de la Ruta Interbalnearia. Son caminos angostos, de pedregullo, que la intendencia abrió en las últimas semanas y que se agotan en menos de 100 metros. El auto comenzó a enterrarse en el lodazal que se junta al fondo, donde la vegetación todavía no cedió el paso a la vertiginosa extensión de las viviendas de lata. Pereira, a los gritos y con sus brazos grandes y fuertes, indicaba hasta dónde podían pisar las ruedas.

Cuando el peligro pasó y el vehículo enfiló hacia la ruta, se recostó sobre la ventanilla y contó a El Observador que la gente que vive en ese lugar llegó en su mayoría en el último año y provino de todas partes, y aeguró que no todos son "malandros".

La alcaldesa de La Floresta, Ivón Lorenzo, dijo que si bien el crecimiento poblacional "se da en todos lados", en San Luis es más notorio. "Hay un montón de casas y gente nuevas, y muchos vecinos nos manifiestan que el problema puede venir de ahí", del lado norte del balneario, agregó.

Silvana Nieves, directora general de Desarrollo Social de la comuna, señaló que aunque todavía no está pronto un "diagnóstico profundo" de la situación, sí sorprende este rápido crecimiento de los asentamientos en el departamento, en los últimos dos años. Pero advirtió que no debe caerse en la tentación de la simplicidad del argumento que pone a estos como la única causante del alza de los delitos. "No significa que estén siempre asociados a ilícitos", afirmó.

De cualquier modo, la intendencia encamina un proyecto de "intervención de urgencia" en varios espacios públicos del departamento, que procurará "contribuir con la seguridad al instalar juegos infantiles e iluminación", entre otras propuestas, aseguró el prosecretario general de la intendencia, Francisco Legnani. Para eso, la comuna coordina con la cartera de seguridad para identificar aquellas áreas que estén más urgidas.

Asimismo, a las 400 cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior que ya están operativas, se espera la instalación de 360 más, y la comuna pondrá otras 800 próximamente, dice el jerarca.

Lo que se intenta con esto –junto al incremento del patrullaje– es dar respuesta a una realidad alarmante, ya que las estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior a comienzos de agosto indican que la suba de delitos en Canelones fue la más alta en todo el país. Las rapiñas crecieron 100% en los primeros seis meses de 2018 respecto a igual período de 2017: pasaron de 1.082 rapiñas a 2.165. Además, luego de Montevideo, es el departamento más violento, con 26 homicidios. En los primeros seis meses de 2018 se registraron 18 asesinatos más que el mismo lapso del año anterior.

Episodios

En San Luis, esa inseguridad se hizo carne con especial fuerza en al menos tres episodios que marcaron a la comunidad. Los tres en un lapso de nueve meses.

El primer viernes de noviembre, un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en pleno mediodía frente a la escuela del balneario, porque intentó evitar que su cuñada fuera asaltada. Los ladrones escaparon pero luego fueron detenidos y, por falta de pruebas, fueron liberados, aunque uno de ellos fue imputado semanas después por otro homicidio.

Tres meses después, una anciana de 88 años fue asaltada dentro de su casa y el delincuente la dejó inconsciente de un golpe en la cabeza. Murió a los pocos días.

El último caso ocurrió el último día de julio. Raúl Moller, un militar retirado de 65 años, amaneció muerto de hipotermia en su baño, y aunque los investigadores no definieron todavía que haya sido asesinado, sí constataron que en esa noche entraron a su casa y le robaron varios objetos: dos televisores, una garrafa, y dinero que había cobrado. Tampoco hay detenidos por este caso.

La muerte dejó su casa vacía. La vivienda es un bloque de cemento con ventanas irregulares, rodeada de vegetación. En su frente hay una palmera de hojas secas, pequeños eucaliptus, un auto oxidado clavado en el pasto, y un carro de caballos por donde caminaban dos gallinas abandonadas.

A pocas cuadras de allí está la casa en donde veranea Tabaré Vázquez y su familia. Su frente da hacia el mar y es difícil contemplarla, porque la vegetación no permite el acceso desde la playa. Por entre los pastizales, sin embargo, pueden verse sus tejados azules y un timón que cuelga de la pared. La entrada está en una calle lateral, pero tampoco puede verse mucho desde allí. La casa está al fondo de un jardín con césped cortado con prolijidad, cercada por frondosos árboles.

No se recuerda que haya sido robada una sola vez en los últimos años, dijo a El Observador un comisario de la zona. Sí hubo, en cambio, varias denuncias de hurtos en las casas vecinas.

El "Caribe oriental" y la usurpación de terrenos

La ocupación de terrenos es otro de los problemas del balneario que preocupa a los vecinos. Por lo general se trata de terrenos privados y es muy difícil intervenir. Eso ocurre sobre todo en la zona conocido como el "Caribe Oriental", la playa más al este del balneario, llamada así por sus habitantes por su belleza inusual, un punto de la costa particularmente complicado por la violencia del delito. Dos personas fueron procesadas sin prisión por ocupar terrenos pero al ser delitos menores ya fueron puestos en libertad nuevamente.

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