Acuerdo con el FMI: el gobierno argentino festeja una victoria política mientras los economistas ya pronostican un fracaso

El 22 de marzo, vence una cuota por US$ 3.200 millones, lo cual puso en los últimos días un dramatismo de “carrera contra reloj” a las negociaciones, dado que el Banco Central no sólo no tiene divisas para pagar sino que sus reservas ya se encuentran en terreno negativo -es decir, está recurriendo a fondos no permitidos, como encajes bancarios-.

Y, en ese marco de emergencia, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo gala de tener una picardía política y una capacidad de negociación mucho mayor a la que se le suele atribuir. El ministro, que antes de asumir en su cargo vivió más de una década en Nueva York, donde se desempeñaba en el ámbito académico, ha sido objeto de críticas tanto desde la oposición como desde el peronismo, donde se le critica su falta de “calle”, su desconocimiento de la realidad social argentina y, sobre todo, su fala de cintura política.

Sin embargo, Guzmán ha logrado enviar a cada sector el mensaje que quería escuchar, de modo de poder lograr un acuerdo que parecía desbarrancar. Ahora, a pesar de recibir críticas desde izquierda y derecha -y hasta acusaciones en el sentido de que el compromiso con el FMI será muy difícil de cumplir- todo indica que recibirá en el Congreso los votos necesarios.

Claro, nadie en el ámbito político argentino quiere aparecer como responsable de haber empujado a Argentina, una vez más, al default. De manera que desde el kirchnerismo duro, muchos diputados ya adelantaron que votarán el acuerdo, “aunque sea tapándose la nariz”.

Gestos políticos para Cristina Kirchner

La primera persona a la que había que convencer era a la propia Cristina Kirchner. La exmandataria le reprochaba a Alberto Fernández que el gobierno había sido poco agresivo a la hora de negociar. Desde el punto de vista del kirchnerismo, Argentina tendría que haber llegado hasta los tribunales internacionales para denunciar que el FMI había incumplido su propio estatuto interno al otorgarle a Mauricio Macri una cuota mayor que la que le correspondía y que, además, había dado permiso para que el préstamo se usara para defender el tipo de cambio, algo expresamente prohibido.

Pero, sobre todo, el temor de Cristina es que el nuevo acuerdo imponga condiciones de ajuste económico, lo cual llevaría al peronismo a la derrota electoral en 2023. Hay, además, en el acuerdo, aspectos que la expresidente no puede digerir, tanto por lo que implica desde lo estratégico hasta por su impacto simbólico.

El tema más molesto para Cristina es el regreso de las misiones trimestrales que, en los hechos, harán una auditoría de los números argentinos y, según su parecer, aprobarán o no el siguiente desembolso financiero. Cristina le reprochó a Alberto Fernández que eso deja al gobierno “a tiro de default”, porque el FMI puede empujar al país hacia el impago en contra de su voluntad.

JUAN MABROMATA / AFP

Pero Guzmán encontró la solución. Pudo convencer a los técnicos del Fondo de que, en vez de que le fueran prestando el dinero en cuotas, le hicieran un primer desembolso por US$ 9.800 millones. Eso significa que el país no sólo podrá pagar su vencimiento inminente sino que fortalecerá las reservas del Banco Central, recuperará todo el dinero que había recibido el año pasado como ayuda por la “emergencia Covid”. Y, para tranquilidad de Cristina, que contaría con un “colchón” de autonomía financiera.

Pero, además de seguridades económicas, Cristina necesitaba preservar su “capital simbólico”. Es decir, que la base militante no viera como situaciones iguales el “stand by” firmado por el macrismo en 2018 y este nuevo acuerdo.

Fue por eso que Alberto Fernández, en su discurso al inaugurar el año legislativo, sobreactuó su agresividad hacia el macrismo, y recordó que el Estado seguirá impulsando una querella criminal para que los ex ministros de Economía y directores de Banco Central del macrismo sean acusados por los delitos de “administración fraudulenta” y “malversación de fondos”.

Coincidentemente, apenas dos días después, una jueza federal, a instancias de la fiscalía -que está en manos del exsecretario legal de Cristina Kirchner- hacía un pedido de informes al Banco Central, para determinar quiénes eran los individuos y empresas que habían protagonizado la “fuga de capitales” producida durante el gobierno macrista.

Y, para completar la ofrenda a Cristina, Guzmán convenció a los funcionarios del Fondo que, en el texto del acuerdo, escribieran una autocrítica respecto del “stand by” de 2018, en el cual dejaran constancia de que aquel préstamo, el mayor en la historia del FMI - US$ 57.000 millones aprobados, de los cuales US$ 44.000 millones fueron efectivamente desembolsados en un año y medio- resultó un fracaso.

La introducción del memorándum de entendimiento comienza reconociendo que ninguno de los propósitos de aquel acuerdo se cumplieron: ni se logró bajar la inflación, ni se reforzaron las reservas del Banco Central, ni se reactivó la economía ni se disminuyó la pobreza.

El déficit y el debate caliente de las tarifas

Todo ese esfuerzo retórico y de gestos políticos tuvo un objetivo: conseguir que el peronismo diera su voto para un acuerdo que implicará metas difíciles de cumplir. En particular, el recorte del déficit fiscal hasta un déficit primario de 2,5% del PBI, y la disminución de la asistencia del Banco Central al Tesoro, que ahora quedará limitada al 1% del PIB -casi la cuarta parte del grado de dependencia de la “maquinita monetaria” ocurrida hasta ahora.

Por más que Guzmán plantee que la meta fiscal es gradual, a un ritmo de medio punto del PBI por año, los economistas saben que eso no es así. Porque el año pasado hubo ayudas extras al ingreso fiscal que este año ya no estarán, por ejemplo el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que permitió recaudar un 0,5% del PIB y que en 2022 ya no estará presente.

El punto más polémico de todos fue el de los subsidios a la energía y el transporte, que el año pasado representó un 3% y que el FMI reclamó disminuir en 1 punto. Ya era un tema difícil antes de que la guerra en Ucrania cambiara todo el panorama, y ahora es considerado directamente de cumplimiento imposible.

El logro político de Guzmán fue valerse de un proyecto de ley que había vetado Macri en 2018 para indexar las tarifas de acuerdo con la variación del salario. Claro, en aquel momento, lo que los argentinos pagaban por electricidad y gas equivalía al 70% del costo real que implicaba producir gas o electricidad en el país.

Hoy, en cambio, el retraso tarifario ha cambiado radicalmente la ecuación: en electricidad, sólo se paga un 27% del costo, mientras que el gas se llega a un 32%.

JUAN MABROMATA / AFP

Pero, en realidad, la diferencia es mayor todavía, porque estos cálculos son previos al boom de materias primas provocadas por la guerra en Ucrania, que ha disparado el costo del petróleo encima de los US$ 110, mientras que el gas se aproxima a duplicar su nivel previo de unos US$ 25 el millón de BTU -un precio que, de por sí, ya triplicaba el de un año atrás-.

Aun con todos esos argumentos para actualizar las tarifas, fue difícil convencer a Cristina, que está convencida de que el “tarifazo” fue el verdadero motivo por el cual Macri sufrió la derrota electoral de 2018 y no quiere que el peronismo repita esa experiencia.

Por eso, se negoció un sistema segmentado, donde el 10% más rico pagará la tarifa sin subsidios, el 20% mas pobre sólo pagará el 40% de la variación salarial y la clase media pagará el 80% del aumento del salario.

Los economistas ya dieron su primera impresión escéptica: en términos reales, con esa fórmula no se logrará ningún ahorro en subsidios y, por el contrario, si el escenario internacional se sigue complicando, es probable que el Estado termine gastando más dinero por ese rubro.

La maquinita, en la mira

El otro gran problema es el monetario. El acuerdo ya arranca con una meta en la que nadie cree: una inflación de no más de 48% para este año. Justo el día en que se dio a conocer el texto del acuerdo, se publicó la encuesta mensual entre economistas, en la cual se corrigió al alza el pronóstico: se espera un 55%.

El desafío de Guzmán no es tanto el de convencer a los economistas sobre su meta inflacionaria, sino a los dirigentes sindicales, que en este momento inician las negociaciones de ajuste salarial para el año. Hasta ahora, parece estar teniendo éxito en que grandes gremios -incluyendo los de trabajadores estatales- se atengan a un tope de 40%, con cláusula de revisión.

El motivo mayor de desconfianza hacia la meta oficial de inflación es que nadie cree que sea factible bajar el ritmo de funcionamiento de “la maquinita” de emisión del Banco Central. Al tener vedada la financiación monetaria del déficit, el gobierno debe salir a buscar deuda al mercado.

Al mercado local, por supuesto, porque Argentina no tiene crédito internacional. Y eso implica colocar deuda -además de “rollear” unos 5 billones de pesos- en un mercado de escasa profundidad. Aun si tuviera éxito, eso implicaría que el sector estatal absorbería casi la totalidad del crédito disponible, dejando poco margen para las empresas, con lo cual se corre el riesgo de un freno en la actividad económica.

Guzmán, contento pese a todo

En definitiva, el acuerdo con el FMI todavía no nació y los economistas argentinos ya le asignas altas chances de fracaso.

Sin embargo, Guzmán da muestras de estar contento. No sólo sigue sosteniendo que el PIB puede crecer este año por encima del 4,5%, sino que se muestra tranquilo por un logro clave: el dólar.

Como siempre, el tipo de cambio sigue siendo el gran termómetro del humor social argentino y es el indicador que puede marcar la diferencia entre la continuidad o la desestabilización de un gobierno. Y con la noticia del acuerdo, en el mercado paralelo hubo una caída del dólar blue, mientras los economistas corrigieron a la baja su expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial.