Acusan a un coronel hondureño por el asesinato de cinco manifestantes en 2017

El Ministerio Público presentó en un juzgado "un requerimiento fiscal con solicitud de orden de captura contra el coronel Víctor Alonso Ponce Martínez por suponerlo responsable de la comisión de cinco delitos de homicidio", anunciaron las Fuerzas Armadas de Honduras en un comunicado.

El comunicado detalla que los homicidios sucedieron "durante las protestas poselectorales ocurridas en el año 2017".

También se afirma que la institución militar pondrá a la orden del juez "al mencionado oficial", a quien brindará "servicios técnicos legales" para su defensa porque "está obligada" en actos cometidos "en el ejercicio del deber”. El ejército informó asimismo que el militar acusado es parte activa de la institución y que pese a la presunción constitucional de su inocencia será puesto a disposición de la justicia

Los hechos sucedieron cuando en 2017 miles de simpatizantes de una alianza opositora encabezada por el izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), hoy en el poder, bloquearon calles con piedras y neumáticos encendidos durante más de un mes en diferentes carreteras y calles de Honduras en protesta por la reelección de Hernández.

Según se describe en dicha orden de requerimiento el 1° de diciembre de 2017 un grupo de pobladores protestaban en una de las calles de la Colonia López Arellano, de San Pedro Sula. En el lugar se hizo presente el coronel Martínez quién ordenó que los agentes militares se pusieran en posición de ataque contra los protestantes, abriendo fuego contra ellos, dejando como resultado la muerte de los cinco ciudadanos mencionados anteriormente.

Asimismo, Ponce Martínez ordenó recoger los casquillos de las armas que portaban y modificar la escena para que pareciese que los pobladores fueron quienes abrieron fuego contra las autoridades, posteriormente se les indicó tirar tierra sobre los charcos de sangre de las víctimas.

Más de 30 manifestantes murieron entonces por la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, según organizaciones de Derechos Humanos.

Hernández postuló su reelección pese a una prohibición constitucional. Su candidatura fue admitida gracias a una interpretación legislativa realizada por los miembros de la Sala Constitucional que él mismo había impuesto debido al control que mantenía sobre el Congreso.

Durante el conteo de la votación, el candidato de la alianza opositora llevaba una ventaja de cerca de cinco puntos con casi 60% de los sufragios, cuando el sistema de cómputos falló por horas.

Cuando se restableció, Hernández ganaba por menos de dos puntos y terminó venciendo la elección, lo que desató la ira de los movimientos de oposición.

El día que Hernández entregó el poder a la actual presidenta, Xiomara Castro, Estados Unidos pidió su extradición.

Fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, donde el expresidente de 55 años está acusado de participar y proteger a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.

El inicio del juicio está programado para la próxima semana y corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua como ocurrió con su hermano, Juan Antonio.

(Con información de agencias)