Advierten por "aluvión" de recursos de inconstitucionalidad por cambios al CPP previstos en la Rendición de Cuentas

Estas modificaciones surgieron después de un extenso análisis del Gabinete Coordinador Interinstitucional de atención a Víctimas y Testigos de los Delitos que preside la Fiscalía. Pero una vez difundido, generó discrepancias a las que adhirió incluso el exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

La asociación de penalistas tiene varios reparos con el proyecto, razón por la que pidieron ser escuchados en el Parlamento. 

Se centran sobre todo en la modificación del artículo 81.2 del Código del Proceso Penal, que, según explicaron, permitiría que la víctima presentara prueba en la audiencia de control de acusación, que es cuando se debate qué de toda la prueba presentada por fiscalía y la defensa del imputado será tratada en juicio. De esa forma, la víctima podría intentar hacer entrar al juicio una prueba a la que ni la fiscalía ni la defensa pudieron contestar, mientras que ella sí tendría la posibilidad de contestar a las pruebas presentadas por las otras partes. Esto, sostienen, implicaría legalizar una inequidad que ya se da en los hechos debido a la ambigüedad de la legislación. 

Laura Robatto, profesora de derecho penal y secretaria general de la Asociación de Abogados Penalistas, opinó que si esta propuesta se legalizara se vendrá "un aluvión de (pedidos de) inconstitucionalidad", ya que validaría que hubiera inequidad entre las partes del proceso. 

Por su parte, el presidente, Juan Fagúndez, dijo a El Observador que la propuesta de reformar el código es "incorrecta". "No puede ser así, la víctima pasa a tener más derechos que el resto", advirtió y agregó: "Están convirtiendo el proceso penal en una ameba". 

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La propuesta no ha generado rechazo únicamente en la asociación, el exfiscal de Corte Jorge Díaz también se expidió al respecto en su cuenta de Twitter: "Es necesario asegurar que la Defensa tenga la oportunidad de contestar y proponer su prueba teniendo conocimiento de la acusación y de TODAS las pruebas de las que se hará valer la contraparte. Si se consagrara por ley un criterio diferente sería inconstitucional e inconvencional. La víctima en nuestro sistema es un tercero coadyuvante de la fiscalía y su tiempo para proponer pruebas debe ser el mismo que el de esta. Luego recién la defensa podrá contestar y proponer la suya".

Es decir, expuso que la fiscalía debería proponer la prueba que quiere ingresar a juicio, luego la víctima y por último el indagado deberá contestar a todo eso y proponer la suya. Una vez sucedido todo eso, se dará el debate pertinente en la audiencia de control de acusación en la que el juez dará punto final a ese debate. Si se hiciera lugar a la propuesta de la Fiscalía, la víctima podría aparecer en esa audiencia con prueba nueva que nadie conozca y a la que nadie pudo contestar. 

Las defensoras de oficio María Noel Rodríguez Nader y Virginia de los Santos fueron más allá. "Se dieron cuenta que la actuación de la victima quedó corta por un caso públicamente expuesto y por eso le dan en una ley de presupuesto (muy poco serio) más participación. Este artículo debería llamarse la ley del cordón. Mientras sigamos legislando por casos concretos, mal futuro", manifestó Rodríguez Nader en Twitter. En esa red social, De los Santos añadió: "¡Claro! ¡Con un artículo cambian todo el proceso! ¡De acusatorio a inquisitivo! Es como si porque un peatón fallece por tránsito en una esquina alegando punto ciego, vamos a poner un muro y que los autos den la vuelta. No se arreglan las cosas sin estudio, planeamiento y desde afuera".

El texto recibió el visto bueno de todos los miembros del gabinete, que está integrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Salud Pública, INAU, ASSE, BPS, la Defensoría Pública del Poder Judicial, la Institución Nacional de Derechos Humanos, Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) como representante de la sociedad civil y es coordinado por la Fiscalía General de la Nación.