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Analizan crear "superfiscalías" para perseguir el delito en todo el país
Buscan evitar que hayan diferencias de opinión entre fiscales de distintos puntos del país que estén investigando a una misma banda
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23 de julio de 2018 a las 05:00
Mientras las explosiones de cajeros automáticos se sucedían con inusitada frecuencia en distintos puntos del país, las autoridades del Ministerio del Interior vivían aquella situación con "absoluta impotencia", según reconoció el titular de la cartera, Eduardo Bonomi, en la Comisión de Seguridad y Convivencia de diputados a la que concurrió junto con el director nacional de Policía, Mario Layera, el pasado jueves.
Es que según explicaron ante los legisladores, la Policía había logrado identificar a trece ciudadanos chilenos vinculados con esta modalidad delictiva, pero aunque sabían que los delincuentes estaban relevando distintos cajeros en Canelones, Maldonado y Rocha con el objetivo de dar un nuevo golpe, no podían detenerlos porque la investigación era liderada por distintos fiscales que no se ponían de acuerdo sobre cómo actuar. "Había tres Fiscalías (...) de tres departamentos distintos que tenían contradicciones entre ellos, porque algunos eran proclives a que se interviniera (deteniendo a los delincuentes) y otros, no", contó Bonomi.
En febrero, seis de los trece fueron detenidos cuando estando bajo vigilancia policial, robaron un supermercado en Bello Horizonte (Canelones). Si bien en aquella oportunidad fueron detenidos y juzgados por un hurto simple a un supermercado en la Justicia de Atlantida, el caso rápidamente fue derivado a Montevideo, donde pudieron ser imputados por robar cajeros, el delito por el que inicialmente habían sido vigilados.
Sin embargo, cuando finalmente llegó la orden de captura para los restantes integrantes del grupo, cuatro de ellos ya habían abandonado el país. Asimismo, la Policía tiene actualmente identificados a cinco delincuentes vinculados con este delito pero no los detiene porque para hacerlo necesitan que los fiscales tramiten la orden de captura.
Sucede que mientras que en el caso de los cajeros la Policía se organizó de modo que la investigación de todo el país fue liderado por un grupo especializado en Montevideo, en el Ministerio Público ese tema quedó en manos de distintos fiscales en función del lugar geográfico en el que se cometió cada robo. Debido a que estos fiscales son independientes, y todos tienen la misma jerarquía, las diferencias de criterio llevaron a que se demoren las detenciones.
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Por eso, para el director nacional de Policía, es necesario que se creen fiscalías que tengan alcance nacional, para que actúen persiguiendo aquellos delitos perpetrados por grupos organizados en distintos puntos del país.
Antes de la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, las fiscalías que tenían alcance nacional eran las de crimen organizado (todavía existe una aunque solo aborda las causas iniciadas antes de la reforma). Sin embargo, su competencia se reducía a un número limitado de delitos, como el lavado de activos, el contrabando o el narcotráfico, no pudiéndose tratar rapiñas o hurtos, como es el caso de los robos de cajeros mediante la modalidad explosión.
Layera dijo que el Ministerio transmitiría esta propuesta al fiscal de Corte, Jorge Díaz, en una reunión que se realizó este viernes.
"Creemos que en cuanto a las asociaciones para delinquir, que no están determinadas por la ley como crimen organizado, es necesario contar con fiscales especializados que puedan llevar adelante una investigación en todo su contexto y con alcance nacional, sin que tengamos que estar actuando por parte y por evento. Para nosotros esto es fundamental, dado que permitiría que los fiscales tomaran acciones más decisivas en cuanto a la detención y la formación de los casos", dijo Layera.
Layera y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se reunieron este viernes 20 junto al equipo de implementación del nuevo Código del Proceso Penal por parte del Ministerio Público, el subdirector de Policía Nacional y un equipo técnico policial. Tras la reunión, en la que se trató la creación de un fiscal de alcance nacional, Díaz dijo ante la prensa que para hacer investigaciones de grupos "más o menos sofisticados" no se puede trabajar con limites territoriales por departamentos o turnos, tal cual se está haciendo ahora.
El fiscal de Corte dijo a El Observador que se está estudiando la forma de "romper los límites departamentales" para las investigaciones, y que en ese sentido hay dos opciones que se están estudiando. Por un lado, no impedir que se le asigne a un fiscal de Montevideo un hecho ocurrido en Canelones, si hay elementos para vincularlos, o bien crear una fiscalía especializada en delitos complejos con alcance nacional.
Díaz dijo que está "conceptualmente de acuerdo" con el Ministerio del Interior en este punto, aunque deben analizarse los costos de esta iniciativa, ya que crear una Fiscalía Especializada con alcance nacional demandaría una inversión con la que hoy no cuenta el Ministerio Público.
Dirección de investigaciones
La reunión entre Layera y Díaz había sido marcada con una semana de anticipación, antes de que trascendiera la postura de las autoridades del Ministerio del Interior sobre el robo a cajeros automáticos. El motivo de la reunión era la intención de conocer en detalle la iniciativa de la cartera de crear una Dirección Nacional de Investigación Policial, algo que fue introducido en la Rendición de Cuentas. Esta unidad centralizará las tareas que hasta ahora realizan distintas áreas de investigación repartidas en las 19 jefaturas departamentales, la Policía del Crimen Organizado, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Inteligencia y la Policía Científica.
Díaz dijo tras la reunión que la intención era conocer cómo trabajaría esta unidad de modo que la "Fiscalía pueda tener una funcionalidad y estructura que se adapte" a ella.
El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, había dicho a El Observador que la idea de contar con una dirección de investigaciones es reforzar el rol de los "oficiales de casos", aquellos que dirigen las distintas acciones de investigación, para que se "instalen" con los fiscales y juntos puedan llevar a la Justicia la persecución de los casos.
Díaz valoró esta iniciativa y dijo que con ella se puede apuntar a la investigación de los delitos en
contexto y no caso a caso. Esto quiere decir que en lugar de, por ejemplo, investigar el robo de un auto de forma aislada, se podrá analizar si ese robo puede estar vinculado con otros y descubrir así si hay una organización detrás.
