El fallo del juez Alejandro Recarey, que el jueves suspendió temporalmente la vacunación a menores de 13 años ante un recurso de amparo del abogado Maximiliano Dentone, convirtió brevemente a Uruguay en un santuario de los antivacunas. Los titulares recorrieron el mundo, asegurando que la Justicia uruguaya (burda pero inevitable simplificación legal que toma un juez como todo el sistema) le exigió al gobierno y a la empresa Pfizer pruebas sobre la eficacia, efectos adversos y composición de la vacuna. Un maracanazo legal, como dijo el doctor Gustavo Salle, otro prominente antivacunas.
El fallo seguramente se revertirá en días, pero el impacto mediático quedará, porque es sabido que la primera noticia siempre pega más que la segunda.
Pero ni Recarey, ni Dentone, ni Salle, ni Sarthou son improvisados. No son víctimas de desinformación, tampoco tienen ningún desequilibrio cognitivo que les impide darse cuenta que una cosa es disentir con mucho de lo que hicieron los gobiernos, los medios, los laboratorios o algunos científicos durante la pandemia, y otro muy diferente es defender una teoría conspirativa por la cual las vacunas son experimentos que están matando a niños.
Muy por el contrario, son oportunistas que actúan para acaparar titulares o minutos en medios, o para conseguir algún nuevo cliente, en el caso de los letrados, o por ganarle una batallita a colegas o a sus corporaciones profesionales.
La crisis es una demostración de la pereza intelectual de los antivacunas. Sus argumentaciones fundamentadas en un par de artículos de sitios poco reconocidos, o en un par de científicos rebeldes que se oponen al sistema. Sus quejas de que determinadas voces no son escuchadas, mientras no contrastan argumentos con absolutamente nada que se oponga a su forma de pensar. Como dijo el virólogo Santiago Mirazo a El Observador, acerca del argumento de Dentone de que el virus no ha sido aislado para analizarlo: “Es muy difícil pensar que hay un acuerdo entre no menos de 500 mil investigadores de todo el mundo para inventar una secuencia del virus y que estén todos de acuerdo con ella”.
Cuando no son argumentos de dudosa veracidad, son recortes obscenos de la realidad. Uno de los pocos documentos oficiales que presentaron en toda esta ofensiva mediático-judicial es un informe de la empresa Biontech a sus accionistas, en el que dice que no se puede garantizar la eficacia de las vacunas. En ese documento, en el que tradicionalmente las empresas abren el paragüas sobre absolutamente todo lo que podría salir mal, Biontech no está diciendo nada que no supiera quien siguiera con atención la pandemia: que los primeros porcentajes que se publicaron sobre la eficacia de las vacunas para prevenir la infección estaban sobreestimados, lo que quedó de manifiesto con la aparición de nuevas variantes. Lo que no dicen los antivacunas es que quedó prácticamente incambiada su eficacia para evitar casos graves, que es lo que de verdad importa.
El documento de Biontech también expone el riesgo de demandas por efectos adversos graves, lo cual también es un dato básico. Sí, los hubo, y algunas muertes (en Uruguay ninguna conocida). Con más de 4 mil millones de personas que se inocularon en el mundo, el costo beneficio de las vacunas hace el argumento insostenible. Así y todo, cualquiera puede decidir que no quiere arriesgarse a ser parte de ese pequeño número.
Lo peor de toda esta pereza intelectual es que ni siquiera atiende a los matices en la discusión sobre vacunas. Porque lo que ellos ven como un desierto unánime de zombies vacunados tuvo un debate intenso aunque desigual en poder y recursos. Citan al doctor Gustavo Giachetto, pediatra e integrante de la Comisión Asesora de Vacunas, uno de los profesionales más críticos con el debate exprés sobre la vacunación a menores, que no tuvo problemas en plantear en voz alta y muy claramente la disyuntiva: ¿cuál es el costo beneficio de vacunar a una población mínimamente afectada por la pandemia? Giachetto terminó votando a favor de la aprobación de las vacunas para menores una vez que las pruebas sobre seguridad estuvieron sobre la mesa. Pero lo que estos antivacunas hacen es tergiversar su declaración y tomar argumentos fuera de tiempo. Otra mentira.
Parte de este lío se explica por una falla clamorosa del establishment científico y médico, que cambió el discurso en la mitad de la pandemia. Las vacunas venían a permitirnos recuperar la libertad, a volver a algo cercano a la normalidad. En cambio, el discurso dominante pasó a ser que las vacunas no eran la panacea y que había que “seguir cuidándose”. Por supuesto que mucha gente se iba a sentir engañada.
En ese mismo sentido, algunas voces fueron acusadas poco menos que de negadoras de la pandemia por argumentar que las vacunas nos permitían pasar a una nueva fase, que el sistema de salud ya no colapsaría, que no era coherente seguir pretendiendo muchos de los protocolos que en marzo de 2020, que los niños tenían que recuperar toda su normalidad. Incluso, con las nuevas variantes, dejó de ser cierto que los no vacunados fueran un riesgo mayor de infección que los vacunados. Pero el discurso doomer siguió ganando, pavimentando el terreno para los Dentone los Salle o Recarey.
Además, en su enojo, la defensa del gobierno el jueves fue extemporánea: ya no estamos en 2020. La salud de la sociedad ya no depende del porcentaje de vacunación. El efecto es más simbólico, por la imagen a la seguridad jurídica y por la afrenta a los padres que quieren vacunar a sus hijos y no los deja un juez.
Lo de Recarey y Dentone no durará mucho. La semana que viene algún tribunal de apelaciones tomará el tema y, con un mínimo análisis jurídico, concluirá que la acción de amparo no tiene ni pies ni cabeza, ni en la forma ni en el fondo. Los cinco minutos de fama de estos ignotos pasarán, pero quedará claro el costo que tuvo la soberbia del discurso dominante en este tiempo. Y también quedará la pregunta de cómo un juez puede tomar de rehén a todo un sistema.
