La vicepresidenta Beatriz Argimón designó a su hermana, Estela Argimón, como asesora en su despacho del Senado bajo un vínculo de pase en comisión. La hermana de la vicepresidenta es funcionaria de carrera del Banco República –adonde accedió por concurso– y desde el 1º de marzo está cumpliendo funciones en la oficina de Presidencia del Senado, según datos a los que accedió El Observador mediante un pedido de acceso a la información. La designación es hasta el 28 de febrero de 2025, último día del actual período de gobierno.
Argimón dijo a El Observador que eligió a su hermana como asesora por su “especialidad en administración”, ya que su idea es “modernizar” la gestión parlamentaria en asuntos variados como pedidos de informes, solicitudes de acceso a la información y otros trámites.
“Quiero hacer una optimización del trabajo y organizar mi secretaría en base a resultados. Hablé con ella porque tiene muchísima experiencia en eso y creí que era la indicada para hacerlo”, dijo la vicepresidenta, e informó que su hermana trabajaba en ese rubro en la secretaría del BROU.
Diego Battiste
Si bien para la vicepresidenta “no hay ningún impedimento legal” en la designación –resaltó que su hermana ingresó por concurso a su puesto en el BROU–, el pase en comisión entra en conflicto con el decreto 30/003 y con la exhortación que realizó la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en febrero de 2018 tras una seguidilla de casos de presunto nepotismo que se hicieron públicos.
El artículo 35 del decreto 30/003 (relativo a normas de conducta en la función pública) prohíbe “la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge”.
“Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno. Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de funcionarios que entre sí reúnan alguno de los impedimentos establecidos en el inciso primero”, agrega el artículo.
En base a esa normativa y otras consideraciones éticas, la contratación directa de familiares –sin importar la forma de acceso– fue observada en febrero de 2018 por la Jutep luego de que salieran a la luz casos de familiares directos de jerarcas en diversos organismos (incluyendo varias intendencias, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ASSE y Presidencia de la República).
En ese entonces, el organismo encargado del combate a la corrupción emitió un informe –firmado por sus tres integrantes– en el que exhortó a los jerarcas públicos a “corregir de inmediato” esas situaciones y expresó que “no son admisibles en estos casos las reiteradas menciones a que la selección de familiares es la única forma de asegurar confianza y/o capacidad en el ejercicio de la función”.
Según la Jutep, el artículo 35 del decreto “establece una prohibición no condicionada ni al tipo de cargo (de carrera, de confianza), ni a la forma de acceso (por concurso, por designación directa, por pase en comisión), ni a la condición del funcionario ni su remuneración”.
Además, el organismo de contralor añadió que “existen situaciones que violan las prohibiciones existentes y otras que, sin estar expresamente prohibidas, ‘exteriorizan la apariencia de violar las normas’ y generan fuerte malestar en la ciudadanía en tanto el ejercicio de la función pública aparece influenciado por el interés personal o privado”.
Antecedentes
La polémica por contrataciones de familiares llevó en los últimos años a que algunos jerarcas revisaran las designaciones.
El expresidente Tabaré Vázquez, por ejemplo, cesó a su consuegro Daniel Enrique Estévez semanas después de que El Observador divulgara que se desempeñaba como su chofer.
En ASSE, la contratación de la nuera del vicepresidente Mauricio Ardus fue el puntapié para el cese de todo el directorio liderado por la ya cuestionada Susana Muñiz.
En el TCA, tres de los cinco ministros tenían a sus hijas contratadas como asesoras. Una de ellas, hija del ministro Alfredo Gómez, era funcionaria de carrera y estaba como pase en comisión.
Los tres vínculos fueron extinguidos en diciembre del año pasado, después de que la Jutep insistiera en conocer la situación de dichas contrataciones.
A Vázquez también se le cuestionó la designación de su hermano Jorge Vázquez en puestos clave de gobierno. Durante la primera administración frenteamplista, fue prosecretario de Presidencia. En el segundo mandato de Vázquez fue subsecretario del Interior. La Jutep analizó ese caso en 2018 y concluyó que el vínculo no incumplía ninguna norma porque, según el organismo, no había una relación de jerarquía.
