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ASSE inició investigación administrativa al jefe de Emergencia del Hospital de Salto por posible conjunción del interés público-privado

Se indagará si hubo irregularidades en la contratación de una emergencia móvil de la que el funcionario es propietario minoritario

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20 de octubre de 2021 a las 09:21

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, anunció este martes en la comisión de Diputados la apertura de una investigación administrativa en el Hospital de Salto, en torno a posibles irregularidades en la contratación de un servicio privado de emergencia móvil en ese centro. 

Cipriani confirmó que el propietario de esa firma es, a la vez, el jefe de Emergencia del propio hospital. De todas formas, relativizó la situación al señalar que ese médico "no es el que da la autorización" para contratar los traslados, que deben ser aprobados por la dirección. Por lo tanto, sostuvo, no violaría lo previsto en el artículo 46 del Texto Ordenado de Administración y Contabilidad Financiera (TOCAF), en cuanto una posible conjunción de interés personal y público. 

El jerarca admitió el desafío que supone conducir un organismo en el que la mayoría de sus médicos y funcionarios se desempeñan también en el sector privado. "Hasta el momento, no hubo nada que rompa los ojos", aseguró.

El médico en cuestión es un socio minoritario de una de las tres empresas propietarias de ambulancias que asisten al centro, informó Montevideo Portal.

La respuesta de Cipriani llegó luego de que los legisladores del Frente Amplio, con el diputado Luis Gallo a la cabeza, le consultaran por el caso.

Antecedentes

Durante las administraciones frenteamplistas, este fenómeno se repitió en más de una ocasión, con episodios que terminaron en la Justicia.

En Bella Unión, tres médicos de la salud pública crearon una empresa privada de emergencia móvil. Uno de los tres empresarios, Marcos García, ejercía también como director del hospital público de esa localidad y al poco tiempo contrató a su propio servicio con dinero del Estado. Esa contratación fue recomendada por Susana Muñiz en 2011 -en ese entonces directora del Segundo Nivel del organismo- pero recién se concretó en 2013 cuando Muñiz se desempeñaba como ministra de Salud Pública.

La Justicia finalmente procesó sin prisión al exdirector el pasado 18 de marzo de 2019 por haber cometido el delito de conjunción interés público y privado. Se comprobó que el empleado de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) contrató durante su gestión a la empresa de ambulancias Siemm SRL -de la que era el socio fundador- para realizar los traslados de los pacientes hospitalizados en el centro de salud fronterizo. 

Entre 2012 y 2016 la compañía le facturó servicios de traslados al hospital fronterizo. Los registros indican que García –siendo titular del centro de salud de Artigas- contrató de forma directa a su propia empresa en reiteradas oportunidades desde 2012. Asimismo, en 2013 realizó un llamado de licitación abreviado para traslados de pacientes del mismo hospital, sabiendo que la única compañía interesada era la suya, detalla la sentencia.

Por otra parte, en Soriano, al igual que en Bella Unión, directoras de centros hospitalarios contrataron empresas de traslados que eran de su propiedad. En este departamento se dieron dos casos similares en dos localidades diferentes: Dolores y Mercedes. En este último caso, una auditoria interna detectó que la exdirectora del centro, Patricia Laxaga, había contratado a una empresa de traslados de la que había sido socia. En Dolores, otra auditoría interna detectó que la exdirectora del hospital, Ana María Falótico, había contratado a la empresa Emergencia Móvil de Soriano (EMS), de la que era propietaria. La misma auditoría revelaba que la dirección del hospital había desmantelado el equipo que tenía para traslados especializados para luego contratar este servicio con la empresa EMS. Ambos casos fueron llevados a la Justicia por el entonces edil del Partido Nacional en Soriano Heber Scirgalea.

Falótico fue sumariada y la Justicia entendió que cometió el delito de conjunción del interés público con el privado. 

 

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