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Astesiano conocía a los dos rusos que entraron en pandemia autorizados por el Ejecutivo y se casaron en Chuy
Alejandro Astesiano, exjefe de los custodios del presidente Luis Lacalle Pou, conocía a los dos ciudadanos rusos que llegaron al país en plena pandemia, autorizados por el Poder Ejecutivo, y que luego se casaron en un supermercado del Chuy.
En octubre del año pasado el excustodio envió una foto al escribano Álvaro Fernández con las dos cédulas de los ciudadanos rusos. "¿Quiénes son?", pregunto el escribano, imputado en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Fossati y actualmente preso en Durazno.
Ante la pregunta de Fernández, Astesiano respondió: "Estos son los anteriores". La conversación fue divulgada por La Diaria y confirmada por El Observador con fuentes vinculadas a la investigación.
Los dos rusos de los que hablaba Astesiano en el mensaje eran Andrey Kashtanov y Olesia Dzhumelia, quienes llegaron a Uruguay en junio de 2021 y al poco tiempo se casaron en un supermercado del Chuy.
Ambos ingresaron al país habilitados por el Poder Ejecutivo en medio de la emergencia sanitaria, cuando todavía existían restricciones para el ingreso de extranjeros.
La autorización fue firmada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, algo que fue informado por el periodista Antonio Ladra a comienzos de octubre.
Tras esa publicación, tal como informó El Observador, Presidencia envió a la Fiscalía todos los documentos vinculados al trámite de ingreso que iniciaron los dos rusos y ahora se investiga si tenían algún tipo de participación en la banda que falsificaba documentos para acceder a pasaportes uruguayos.
En el escrito presentado por la Secretaría de Presidencia se asegura que durante la emergencia sanitaria se autorizó el ingreso de más de 100 mil personas y que las habilitaciones eran válidas para entrar a Uruguay por una única vez. De esa manera, en la cifra de más de 100 mil personas pueden estar comprendidas personas que ingresaron en múltiples ocasiones.
Consultado por el diario El País, Delgado deslindó responsabilidad y aseguró que era una “firma administrativa” que se estampaba “previa fundamentación del organismo competente”.
