Astori, entre garante de la economía y un optimismo excesivo

Después de la debacle del 2002, el PIB de Uruguay inició una trayectoria ascendente que no tuvo interrupciones, aunque sí diferentes ciclos. De hecho, el actual período (2015-2020)  confirmó un claro enlentecimiento y hasta un estancamiento de la actividad durante los últimos dos años del segundo mandato de Tabaré Vázquez. 

Los factores exógenos como el boom de las materias primas –que dominaron durante gran parte de los dos primeros gobierno del FA– dieron un envión sin parangón a la economía que vio tasas de crecimiento asiáticas, sobre todo durante el primer período de Vázquez y buena parte de la administración de José Mujica. 

Durante los últimos 15 años la economía uruguaya logró un cierto desacople de los vaivenes económicos transitaron nuestros vecinos históricos (Argentina y Brasil). La consolidación de China como un comprador voluminoso sacudió el tablero de los clientes principalmente para los productos de origen agropecuario, que encontraron en la potencia asiática un destino que ofreció estabilidad y un potencial de expansión alentador que los socios comerciales de la región no garantizaban en el pasado. 

El capitán y flanco de críticas 

Si hay que buscar un referente y líder de la política económica del FA durante los últimos 15 años no hay que bucear mucho para encontrarse con el nombre del actual ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori. El contador y académico fue el primer ministro de Economía del FA donde se procesaron algunas de las reformas más importantes que tuvo la economía uruguaya como la Reforma Tributaria de 2007, que simplificó y agilizó todo el andamiaje impositivo o la ley de Inclusión Financiera de 2014, para muchos la reforma microeconómica más relevante que procesó la economía en los últimos tres lustros.

Un manejo profesional de la deuda pública y cierto orden marco devolvieron –luego de una década– el tan anhelado grado inversor a la deuda soberana uruguaya en 2012, un factor clave para que el país volviera a financiarse en los mercados internacionales a menores costos y luciera atractivo para el arribo del capital extranjero. 

Astori también fue un fuerte propulsor de la transferencia fiscal y tributaria de Uruguay bajo los estándares que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así fue que se obligó a identificar al beneficiario final de las sociedades anónimas ante el Banco Central (BCU), se eliminó el secreto bancario y se firmaron convenios decenas de convenios para el intercambio de información tributaria y métodos para evitar la doble imposición, incluidos los vecinos (Argentina y Brasil). Esa postura aperturista de Astori lo llevó a quedar en minoría dentro del FA cuando EEUU le ofreció al primer gobierno de Vázquez la firma de un TLC que naufragó.  

El papel de Astori cobró relevancia durante el segundo mandato del FA (2010-2015) cuando José Mujica desembarcó en la Presidencia. Allí desde su rol como vicepresidente fue pieza clave del equipo económico y garante, para muchos, de mantener cierta coherencia con la política que él mismo había encabezado un quinquenio atrás. Durante el arranque del gobierno de Mujica debió lidiar con un equipo económico paralelo desde la OPP, que generó algún que otro cortocircuito, aunque con el paso del tiempo el peso del astorismo sobre la conducción de la economía terminó prevaleciendo.

La figura de Astori como referente económico para los gobiernos FA es innegable. También lo fue para la oposición, que no dudó en responsabilizar y apuntar sus dardos sobre su figura ante las fallas en diagnósticos o decisiones que avaló o ejecutó su gestión. 

Durante el segundo mandato al frente del superministerio de la calle Colonia y Paraguay (2015-2020), la coyuntura económica para Astori no fue tan benévola como los dos períodos previos. De pique, debió aprobar un –siempre impopular– ajuste fiscal que pegó fuerte sobre los asalariados de mayores ingresos que pagan IRPF, aunque también las empresas privadas debieron poner su grano de arena para intentar frenar (sin éxito) el deterioro de las cuentas públicas. A eso se sumaron otras medidas que generaron más antipatía, como ajustes de tarifas públicas que orillaron o superaron el dígito en algunos casos. 

La imagen del ministro fue perdiendo popularidad durante el último período de gobierno, a tal punto que optó por no correr la carrera –como aspiraba– en las internas del FA como presidenciable para buscar un cuarto gobierno de la coalición de izquierda.  

Fin de un ciclo virtuoso que tuvo sus debilidades

Buena parte de la reputación internacional que Uruguay consolidó en los últimos tres quinquenios fueron gracias a cierto orden macroeconómico y una búsqueda constante para promover la inversión extranjera y local. 

Sin embargo, hubo aspectos que dejaron cierto gusto amargo al cierre del tercer mandato del FA en el poder. Al magro crecimiento del PIB se sumó una pérdida constante de puestos de trabajo, un tema sensible para cualquier sociedad. Más allá de los 300 mil empleos que se sumaron a la economía desde 2006 –y que varias veces manejó el FA como argumento para relativizar el deterioro del mercado laboral del último tiempo–, la pérdida de más de 60 mil empleos desde el pico de ocupación de 2014 fue un golpe duro para el cierre del tercer ciclo de gobierno de la coalición de izquierda. La tasa de desocupación cerró el 2019 en 8,9%, su peor registro en 12 años.

La fuerte contracción que registró la inversión privada en los últimos años exacerbó la anemia de la economía para crear nuevos empleos, pese que se hicieron distintos esfuerzos para darle mayores incentivos. Una ardua y prolongada negociación –incluida una inversión millonaria del Estado– terminó con la mayor inversión en privada en la historia del país por parte de UPM para instalar su segunda pastera, aunque sus frutos serán recogidos por la futura administración. 

La baja del ciclo económico dejó en evidencia los problemas de competitividad y costos elevados en dólares para muchas empresas, otro factor que contribuyó al deterioro del mercado laboral. 

El control de la inflación fue otra de las batallas donde la lucha fue cuesta arriba y no pudo cumplirse con el objetivo de dejarla dentro rango meta fijado de 3% a 7% por las autoridades del Ministerio de Economía y el Banco Central. En 2019, la inflación cerró en 8,8%, lejos de la promesa de la último programa del FA de llevarla al centro del rango (5%). 

Otra variable donde los gobiernos  del FA jugaron al límite fue en el frente fiscal. Luego de un manejo relativamente ordenado durante la primera administración de Vázquez, el control del rojo de las cuentas públicas comenzó a descarrilarse durante el mandato de Mujica hasta que la película se complicó durante el segundo período de Vázquez. Al cierre del último año calendario del Ejecutivo del FA, el déficit fiscal cerró en 4,7% del PIB, casi el doble de la meta de 2,5% que Astori había manejado durante el armado de su último Presupuesto quinquenal al frente del MEF. 

La reforma de la seguridad social se instauró como un tema a abordar recién sobre el tercer gobierno del FA ya cuando el impacto sobre el déficit fiscal mostraba números preocupantes y alarmantes para la caja del Estado. 

Para muchos, Astori fue el garante para que la conducción económica lograra mantener cierta coherencia en los últimos 15 años pero, para otros, también fue responsable de pecar de un exceso de optimismo a la hora de proyectar los grandes números durante de su segundo capitanato al frente del equipo económico.