Luego de más de cinco meses de finalizada la Comisión Investigadora sobre la regasificadora, el Partido Nacional pretende dar un paso más y que el caso llegue a la Justicia. Para los blancos, “el proyecto de construcción de la planta regasificadora fracasó rotundamente, provocando daños y perjuicios en distintas direcciones y generándole cuantiosas pérdidas al país”.
Este martes, los diputados nacionalistas Pablo Abdala, Amin Niffouri y Mario García –quienes elaboraron el informe– plantearán en la Cámara de Diputados que el tema pase a la Justicia, pero si el Frente Amplio se opone, irán por su cuenta. De hecho, cuando en marzo la Comisión Investigadora llegó a su fin, el partido de gobierno votó en contra de judicializar el caso.
Los representantes del Partido Nacional, según informó El País y confirmó El Observador a partir del resumen del informe sobre el caso, entienden que “es notorio que se abusó de la condición de actuar bajo el derecho privado”. “Los funcionarios que intervinieron en la ocasión lo hicieron con arbitrariedad visible, a la hora de tomar las decisiones más relevantes, particularmente las referidas a las dos mayores adjudicaciones que tuvieron lugar: la que recayó sobre GNLS y OAS, su principal subcontratista, a quien correspondió la construcción de la terminal regasificadora, y la de la construcción del gasoducto de interconexión, que también correspondió a la mencionada OAS”, agregan en el informe.
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A su vez, sostienen que “no se tuvo la debida certeza de que aquellas adjudicaciones (la de OAS y GNLS) eran las que más y mejor satisfacían el interés de la administración”. “OAS fue una de las 18 empresas y consorcios que se presentaron. De acuerdo a un informe de la gerencia general, elevado al directorio con fecha 25 de octubre de 2013, la empresa brasileña no cumplía con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, y presentó antecedentes incompletos; sin embargo, fue preseleccionada por Gas Sayago junto a otras cuatro que se encontraban en la misma situación y, a la postre, resultó gananciosa de la licitación”, indican.
undefined La empresa OAS es una de las implicadas en los presuntos casos de corrupción investigados por la Justicia brasileña en la famosa causa Lava Jato. A su vez, los nacionalistas aseguran que Gas Sayago –la empresa de UTE y ANCAP encargada de la planta regasificadora– “se convirtió en escenario de situaciones irregulares y de gastos exorbitantes que, aún hoy, más de tres años después de la paralización definitiva de la obra, la sociedad sigue pagando”.
“Solo en gastos de funcionamiento, sin contar las pérdidas, los pasivos y el resultado de las inversiones fallidas, representó un costo de mantenimiento de varias decenas de millones de dólares. Buena parte de ese costoso funcionamiento se destinó al pago de muy elevados salarios. Los últimos tres balances (2015, 2016, 2017) cuentan con informe adverso de los auditores”, sostienen y agregan que se afectaron US$ 174 millones.
