La Comisión de Promoción y de Defensa de la Competencia del MEF tiene ahora la potestad de vetar ciertas operaciones que puedan ir contra el espíritu de esa normativa
La operaciones de compraventas de empresas, concentración y fusiones de negocios en Uruguay tienen un nuevo régimen jurídico que apunta a estimular la competencia y velar por los derechos del consumidor en Uruguay.
Desde este domingo 12 está vigente una normativa para el control previo de concentraciones económicas tras una modificación que se realizó un semestre atrás a la Ley 18.159 de Promoción y Defensa de la Competencia.
La reforma introduce, entre otros cambios, una autorización previa para ciertas concentraciones económicas. Hasta ahora, dicho aval estaba reservado exclusivamente para los casos en que la concentración resultara en un monopolio de hecho, mientras que fuera de ese escenario, solo se requería una notificación previa, recuerda un informe del estudio Guyer & Regules.
A partir de ahora, deberá requerirse al Órgano de Aplicación (según se define en la nueva ley) autorización previa respecto de todo acto de concentración económica, cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a 600 millones de unidades indexadas (unos US$ 71,5 millones al cierre de 2019).
Quien vela por el cumplimiento de esa norma es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) integrado por tres miembros.
La operación pretendía cerrarse antes de la fecha límite de ese cambio para evitar cualquier posibilidad de freno por parte de las autoridades del Ministerio de Economía. El monto de la operación rondaba los US$ 700 millones, según trascendió en su momento.
Además, la negociación había desatado un sinfín de críticas e incluso denuncias de otros agentes del comercio minorista porque temían las consecuencias de la fusión entre dos pesos pesados del supermercadismo con un monopolio casi de hecho en ese sector de la cadena Tienda Inglesa.
Según Guyer, la concentración económica se define -muy resumidamente- como aquellas operaciones que supongan una modificación en la estructura de control de las empresas.
Ante la solicitud de autorización previa respecto de una concentración, el Órgano de Aplicación podrá: (i) autorizarla expresa o tácitamente, (ii) subordinar el negocio al cumplimiento de ciertas condiciones; o (iii) denegar la autorización. La concentración no podrá perfeccionarse hasta obtener autorización expresa o tácita. La autorización tácita ocurrirá cuando hayan trascurrido 60 días corridos desde la solicitud y el Órgano de Aplicación no se hubiera expedido.
Las posibles excepciones al requisito de la autorización previa del Órgano de Aplicación han sufrido muy pocos cambios y siguen casi iguales a la situación previa a la reforma con la diferencia que antes solo aplicaba a las notificaciones. Estas son:
"Lamentablemente no se ha dictado aún la reglamentación correspondiente, como lo anunciaba la reforma (la nueva ley), ni los criterios a ser usados para otorgar o no la autorización. La reforma solamente indica que el análisis deberá incorporar, entre otros factores, la consideración del mercado relevante, la competencia externa y las ganancias de eficiencia", advierte el informe de Guyer.
Para el estudio, la reglamentación, los lineamientos, así como los formularios que deberían utilizarse para solicitar autorización serán divulgados en breve por las autoridades del Poder Ejecutivo.