Una nueva Gran Depresión global, tal vez pasajera, significará menos consumo, quiebras y más desempleo
Por unos días el nuevo gobierno uruguayo transitó un trecho relativamente sencillo y simpático. Mucha gente se puso contenta con el despliegue policial en las calles, que, espera, reduzca por fin la epidemia de delitos.
Pero entonces, como un rayo, la economía mundial comenzó a tirar golpes ominosos. Y Uruguay, una cáscara de nuez en un mar proceloso, se sacude tras una partitura que no puede evitar y que desconoce.
La última batallita de Lilliput se libró por un muy conversado aumento de tarifas de servicios públicos.
Desde el 1º de abril el precio del agua potable subirá 10,7%, el de la electricidad 10,5% y el de los servicios telefónicos y de Internet un promedio de 9,8%. El precio de los combustibles por ahora permanecerá igual, gracias al derrumbe del precio internacional del petróleo. También se redujeron algunas devoluciones de impuestos y se recortaron gastos en el sector público.
Desde el último ajuste general de tarifas, en enero de 2019, hasta mediados de marzo de 2020, la inflación ronda el 12% y la devaluación del peso frente al dólar fue de al menos 35%. Los salarios y pasividades aumentaron más de 17% en el mismo período.
Las nuevas tarifas entonces implican una rebaja en términos reales, como ya venía aconteciendo en los últimos años con la electricidad. Pero hay demasiada gente mintiendo y usando las estadísticas de mala fe.
Nunca hubo tantos militantes deseosos de que el nuevo gobierno fracase; como antes fueron legión los que desearon que al gobierno frenteamplista le fuera mal.
Un motivo de confusión es que Uruguay tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo (aunque se disimule en el desastroso entorno venezolano y argentino), lo que hace que los reajustes nominales de salarios y tarifas siempre parezcan elevados.
Otro problema es que los costos para producir en Uruguay son altos en una comparativa regional, sobre todo los combustibles y la electricidad.
Otro nudo gordiano es que el ahora presidente Luis Lacalle Pou prometió en campaña electoral que no aumentaría impuestos, lo que parece improbable. Con una economía que languidece, al Estado uruguayo le faltan cada año más de US$ 2.000 millones para cubrir su presupuesto. Entonces el país se endeuda cada vez más para pagar salarios y pasividades, que no inversión pública, pues casi no la hay.
Mientras una parte de los politiquillos de un país ínfimo, que representa el 0,069 del PBI mundial, libran sórdidas escaramuzas, el mundo arde bajo sus pies.
La pandemia de coronavirus afectará seriamente la economía del mundo, al menos por varios meses, y está provocando quiebras en serie, empezando por las empresas de turismo, y puede romper la cadena de pagos global.
La bolsa de Wall Street, que refleja el humor y las expectativas de los mercados, desde el 19 de febrero sigue un camino de serrucho cuesta abajo: grandes caídas seguidas de pequeñas recuperaciones, preámbulo de otro abismo. ¿Han oído hablar del crack de 1929?
La bolsa de Sao Paulo, la capital económica de América del Sur, se hunde todavía más: después de Carnaval, el valor de sus empresas se pulverizó.
El coronavirus ha llevado a una corrección abrupta de los mercados, largamente sobrevaluados según muchos analistas. Las bolsas, en modo histeria, están anticipando una depresión mundial. Tenga fundamentos o no, puede ser una profecía autocumplida. Si todos creen que habrá una recesión, pues habrá una recesión.
Pero también hay una base muy real. El mundo se amoldó en torno a China, el gran mercado emergente, y ahora siente las consecuencias. La desaparición de China como importador paraliza a América Latina y a otros proveedores de materias primas y alimentos. Entonces los precios se hunden: desde las monedas a los granos, desde la carne al petróleo (éste ayudado, además, por la superproducción).
Las monedas de los países emergentes, desde México a Uruguay, se devalúan debido a la huida de capitales, que corren a refugiarse en dólares, euros y bonos de primera calidad.
Uruguay ha devaluado su moneda lo mismo que Brasil desde el inicio del año (21%), aunque tiene una inflación más alta.
Una devaluación rápida de la moneda tiene dos caras antagónicas, que los uruguayos han conocido muy bien a través de la historia, muchas veces de manera desastrosa. Un dólar “barato” favorece las importaciones y los viajes, pero deprime la producción nacional. Un dólar “caro” ayuda al turismo receptivo y a la producción exportable, y encarece el consumo: desde teléfonos y automóviles, hasta los viajes al exterior.
Los consumidores uruguayos se han beneficiado de un tipo de cambio favorable desde 2004, primero como consecuencia del masivo ingreso de capitales, y luego por la afición del Estado a tomar crédito para financiar su déficit.
En los últimos años las autoridades han contribuido a afianzar el muy presumido concepto de que el Banco Central puede controlar el precio del dólar. Eso sólo es posible en el corto plazo, a cuenta de un doloroso sinceramiento que el mercado impondrá tarde o temprano.
El BCU tratando de controlar los fenómenos monetarios internacionales es un niño que pretende sacar un tiburón con un mojarrero.
La rápida devaluación del peso uruguayo significa un riesgo cierto de que la inflación alcance los dos dígitos, lo que anticiparía reajustes salariales y de tarifas, además de un mayor grado de ansiedad. Las autoridades uruguayas se han conformado con una inflación apenas por debajo de 10%, que se alcanzó ya en 1998, y desde entonces viven con el agua al cuello.
Y es muy probable que las cosas en el mundo empeoren, antes de empezar a mejorar.
Hay que mirar a Italia o España para anticipar lo que ocurrirá pronto en Uruguay. Sin clases, sin espectáculos públicos, sin trabajo en fábricas y oficinas. Una gran tormenta de casos de coronavirus podría provocar el caos en los servicios de salud, y más muertes de las imprescindibles.
Habrá menos exportaciones, menos consumo y más desempleo. Será un largo invierno.