Los presidentes de las gremiales que nuclean a los carniceros en Uruguay, consultados por El Observador este jueves, coincidieron en elogiar la actitud del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien vetó una de las decisiones contenidas en la Rendición de Cuentas que, básicamente, establecía que la habilitación de comercios que venden carne aviar en el interior del país vuelva a ser ejercida por las intendencias.
Antes, durante esta misma legislatura, la Ley de Urgente Consideración (LUC) otorgó la responsabilidad de los registros y habilitaciones de locales de venta de carnes en todo el país al Instituto Nacional de Carnes (INAC), que antes solo la tenía para Montevideo.
Germán Möller, presidente de la Asociación Nacional de Carniceros (ANC), afirmó que “el presidente de la República hizo bien, el veto era lo que correspondía, estamos de acuerdo”.
Opinó que el INAC “realmente ha trabajado muy bien el tema de uniformizar registros y habilitaciones, eso lo estableció la LUC e INAC hizo todo lo que debía, avisando con tiempo, otorgando facilidades, apoyando para que los comercios del interior regularicen su situación, no entiendo qué intereses en quienes quieren que en el interior sea distinto y la habilitación la haga la intendencia, lo que está dispuesto por la LUC es igual para todos y eso es lo más justo”.
Para Möller, que sea el INAC quien habilite los locales que venden carnes en todo el país “hace que todos estemos en las mismas condiciones, pero sobre todo le da la misma seguridad al consumidor en el interior sobre la procedencia y la calidad de esos alimentos con relación a la seguridad que tiene el consumidor en Montevideo”.
Hebert Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), definió el veto del presidente de la República como “una actitud coherente”.
Recordó que la LUC estableció que el INAC sea responsable del registro y habilitación de las carnicerías en todo el país, “algo que también es coherente, no nos parece bien que una misma actividad comercial tenga diferentes controles”, consideró.
Agregó que el instituto “realizó un trabajo de relevamiento muy profesional, en todo el país, pero fue laxo y flexibilizó muchas exigencias, incluso gestionó un préstamo muy blando con 24 meses de plazo que si se cumplen las exigencias al final es con interés cero para el comerciante, es decir que facilitó todo para que quienes no estaban registrados se pongan a tiro, algo que en definitiva era para bien de ellos y de sus clientes”.
Falero indicó que si el veto del presidente de la República es corregido a nivel parlamentario “sería injusto, no sería una buena señal, sería volver atrás y permitir un comercio desleal, pero no solo sería malo para los comerciantes que hacen las cosas bien, también es malo para la gente que no sé qué seguridad tendrá en algunos puntos de venta sobre el tema seguridad e inocuidad de los alimentos”.
El veto del presidente Lacalle Pou fue cuestionado este miércoles, al otro día de la decisión, por la Coordinadora para la Defensa de la Cadena Avícola.
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