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Casa de Galicia: el FA le quiere dar una mano a Salinas y sindicato reclama la vuelta del MSP
Los seis legisladores del Frente Amplio que integran las comisiones de Salud Pública del Parlamento irán este lunesa reunirse con el ministro Daniel Salinas. Le llevarán un proyecto de ley cuyo cometido es "darle una mano" para procurar una salida a la situación que atraviesa Casa de Galicia.
En tres artículos, el proyecto de la oposición plantea que el ministerio pueda retomar la gestión sanitaria de la institución, de la que fue desplazada de la intervención por una decisión de la Justicia de Concursos que, a fines de noviembre, designó en su lugar a dos síndicos de la Liga de Defensa Comercial.
La idea es "compatibilizar" el concurso con la gestión por parte del ministerio en materia de Salud, algo que se considera indispensable ya que los nuevos designados miran, eminentemente, la parte financiera. Así lo dijo a El Observador la senadora Lucía Topolansky. Si hay "voluntad política", dijo, el proyecto será aprobado en el Parlamento en la última semana de este año.
Según la senadora el plan de la fuerza política contempla además algunas propuestas para una salida de fondo para Casa de Galicia. La premisa es compartida con el ministerio: conservar en funcionamiento a la institución, enclavada en una zona con poca infraestructura sanitaria, a la vez que se mantiene el personal y la atención a los usuarios.
Si esa combinación no fuera posible, el Frente Amplio pondrá sobre la mesa dos alternativas. Una es replicar lo que se hizo en su momento con el Hospital Español. Topolansky recordó que allí el Estado lo terminó adquiriendo al negociar con los acreedores, logrando una quita muy buena que dejó una deuda "pagable".
Una segunda propuesta, explicó, es buscar un acuerdo entre Casa de Galicia y las dos otras dos grandes instituciones del oeste de Montevideo: Cudam y el Hospital Saint Bois. La idea del Frente Amplio es una suerte de "polo sanitario" para esa zona de la capital, que pueda combinar los servicios de todos esos centros de salud.
Topolansky remarcó que la intención es aportar una salida propositiva que logre evitar lo que nadie quiere: el cierre de Casa de Galicia. "La idea es darle una mano al ministro para una salida", dijo. "No podemos quedarnos cruzados de brazos con el 'Jesús en la boca' esperando que termine el concurso", señaló. "Tenemos voluntad de ayudar".
Sesión secreta
La situación de la institución viene generando una triple coincidencia entre el ministro de Salud Pública, la oposición política y el sindicato de Casa de Galicia. Salinas estuvo la semana pasada en la Comisión de Salud del Senado. Fue en una sesión que, a su pedido, terminó siendo declarada secreta. Fuentes consultadas por El Observador señalaron que el ministro planteó una "preocupación muy relevante" ante la imposibilidad de que, a raíz de la decisión judicial, la conducción sanitaria de su cartera pueda convivir con la intervención.
Eso, sostuvo, "debilitó" el plan de trabajo de las dos interventores que había designado el MSP, De todas formas, Salinas garantizó que unos diez funcionarios del ministerio fiscalizan diariamente la situación, para comprobar que Casa de Galicia cumple correctamente con la calidad de atención a sus usuarios. Pese a ello, subrayó, la responsabilidad por la gestión está en manos del Poder Judicial.
Desde el punto de vista económico, el ministro reiteró que la situación de la institución es preocupante. La institución debe el 78% de los préstamos solicitados. El último, un fideicomiso por US$ 20 millones que había sido aprobado por el gobierno anterior y que comenzó a ser ejecutado en enero de 2020.
Con menos de 40.000 afiliados, la institución perdió en el mes de noviembre 390 usuarios. Un número que, según el ministerio, refleja la tendencia observada en el último año.
Su déficit global, a mayo de 2021, superaba el 21%, con una deuda por afiliado de $ 73.637. En los pocos días en que actuó, la intervención de Salud Pública había determinado un margen de maniobra financiero "casi nulo" por parte del prestador.
El informe de Salinas indicó además "algunas dificultades técnicas" por "falta de liderazgo y conducción" debido que la dificultad financiera llevó a la renuncia de muchas jefaturas en áreas claves.
Casa de Galicia mantiene hoy una plantilla de 2.200 funcionarios y 900 médicos, más los profesionales que se desempeñan en sus centros especializados en diálisis y cirugía cardíaca. La relación socio/trabajador es más alta en relación al promedio del sistema. De todas formas, Salinas descartó que pueda complicar una posible solución para la institución.
Bomba de fragmentación
El sindicato de funcionarios de Casa de Galicia comenzó este martes a aplicar paros perlados de dos horas por turno. El miércoles, definirá en asamblea los pasos a seguir, con "todas las medidas sobre la mesa". Así lo indicó a El Observador la dirigente Flor Constanzo.
Según afirmaron los trabajadores en conferencia de prensa, en las últimas horas se les comunicó que no existen fondos para pagar los salarios de diciembre ni los aguinaldos. Tampoco hay una fecha probable para cancelar esos adeudos. "Dijeron que iban a pagar cuando tuvieran plata", cuestionó Constanzo. Una propuesta, acercada este martes, no fue considerada por el sindicato. "Es muy irrisoria y no da ni siquiera para discutirla", señaló.
Constanzo afirmó que comenzaron a darse algunas dificultades desde el punto de vista asistencial. "Están faltando insumos y medicamentos para una correcta atención" relató Constanzo, excusándose de dar más detalles.
El sindicato, con el apoyo de la Federación Uruguaya de la Salud, reclamó este martes la remoción de Júpiter Pérez y Fernando Cabrera, los síndicos designados por la Justicia, y que el Ministerio de Salud Pública retome la gestión de la institución. La descripción es que Casa de Galicia "está a la deriva" ya que, por decisión de los interventores, la institución carece de dirección técnica.
Consultado por El Observador, Cabrera se excusó de realizar precisiones.
El sindicato afirmó que los interventores no están capacitados para la tarea que se les encomendó y que "no saben nada" de gestión sanitaria. "No están preparados para dirigir una institución de salud", dijo la dirigente Soraya Larrosa. "Deberían ser honestos y renunciar".
Una delegación de la FUS se entrevistó este lunes con el ministro Salinas. Para el secretario general de la federación, Jorge Bermúdez, lo que tendría que hacer el gobierno es "confrontar" la decisión judicial. "Pero no lo va a hacer", lamentó.
Bermúdez definió la situación de Casa de Galicia como una "bomba de fragmentación" que "puede estallar en cualquier momento". Allí, adelantó responsabilidades por cualquier eventual inconveniente en cuanto a una mala atención en el que pueda quedar involucrado algún trabajador, producto del "estrés" ante la situación.
"Se lo vamos a atribuir directamente a los síndicos", señaló Bermúdez. "Lo que están haciendo es acomodar las deudas para que los acreedores cobren. Les importa bastante poco lo que pase con los funcionarios y los afiliados", concluyó.
