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Caso Carrera: Interior denuncia "llamativa" operación de ojos e involucra a otros exjerarcas
Una denuncia penal en un juzgado de Rocha por lesiones gravísimas. Otra denuncia por falso testimonio contra una exjerarca. Una investigación a cargo de una fiscalía a pedido del damnificado. Otra en Delitos Económicos, a solicitud del Ministerio del Interior. Una causa más que se arrastra desde 2016 en el área de lo Contencioso Administrativo.
En todos esos lugares se están consustanciando las derivaciones del asunto que implica al actual senador frenteamplista Charles Carrera por haber otorgado, durante su gestión como director general del ministerio, diversas ayudas irregulares a una persona ajena a la función policial.
Así lo relató este miércoles el ministro del Interior Luis Alberto Heber, que concurrió al Parlamento junto a la plana mayor de la secretaría para aportar información oficial acerca de las denuncias contra Carrera y aportar “nuevos elementos” al Senado. Sus interlocutores fueron únicamente los representantes del oficialismo en la comisión de Seguridad y Convivencia, ya que los del Frente Amplio declinaron asistir, asegurando que las denuncias y la comparecencia del ministro forman parte de “política de escrache” y una “presión” a la Justicia que investiga el tema.
La sesión estuvo referida a los sucesos ocurridos en noviembre de 2012 en La Paloma cuando un civil, Víctor Hernández, resultó herido de bala. Aunque no se pudo determinar el origen del disparo ni sus responsables, el damnificado apunta a la casa del entonces subcomisario de Policía de la localidad, Marcos Martínez, a solo unos metros de la comisaría y en la que esa noche se desarrollaba una fiesta.
Hernández quedó paralítico y estuvo internado casi ocho meses en el Hospital de Clínicas. A partir de su alta es que empezaron las presuntas irregularidades que tienen a Carrera como protagonista, y que fueron divulgadas semanas atrás en el programa Santo y Seña, de Canal 4.
En esencia, esas irregularidades que se le achacan al senador del FA tienen que ver con la internación de la víctima en el Hospital Policial por casi tres años y medio y la retribución económica que se le otorgó en ese período a través de tickets de alimentación. En ambos casos fue por órdenes de Carrera, por entonces número tres del ministerio.
Durante la sesión de este miércoles, el subsecretario Guillermo Maciel fue el que llevó la voz cantante desde el punto de vista legal y dijo que el primer punto –el de la internación– es más que claro. Hernández no era funcionario policial ni familiar de un policía activo o en retiro y en consecuencia no le correspondía atenderse ni mucho menos internarse en el Hospital Policial. Salvo razones de extrema urgencia –apuntó Maciel–, no existe norma jurídica que habilite a un civil a hacerlo. Según el subsecretario, Hernández pudo haber sido atendido por ASSE y asistido por el Ministerio de Desarrollo Social.
Sin embargo, de acuerdo a lo que relataron las autoridades, los registros indican que la víctima, junto a su hermano, permaneció en el hospital 1.252 días, desde junio de 2013 hasta enero de 2017. En ese lapso se le brindaron 22 consultas en diferentes especialidades, estudios extraohospitalarios, asistencia médica y de enfermería, hospedaje, alimentos y traslados, más la compra de equipamiento.
“Las actuaciones también dan cuenta de algo llamativo –dijo Maciel–. A ese señor también se le realizaron dos intervenciones quirúrgicas oftalmológicas”. Se trató de una intervención en cada ojo, en octubre y en diciembre de 2013. “Ambas totalmente ajenas al episodio de su herida de bala”, remarcó Maciel. El hospital también le proporcionó férulas antiequino y un almohadón neumático.
El hermano de Hernández, Daniel, también estuvo con él alojado en el quinto piso del Policial. Tampoco tenía aval funcional para hacerlo, pero “estuvo viviendo allí de forma permanente y haciendo uso de la hotelería en la misma habitación”, relató el subsecretario.
A inicios de 2017, mientras los hermanos estaban en La Paloma, se labró un acta con todos los elementos que tenían en el cuarto del hospital y fueron llevados en una ambulancia a su casa de esa localidad rochense. Allí se les notificó, por acta notarial, que Hernández estaba dado de alta y que no regresaría al Policial.
Las actuales autoridades elevaron los antecedentes a Fiscalía el pasado 13 de julio, y añadieron “nuevos elementos” este lunes 22, el mismo día que Carrera y otros senadores frenteamplistas cuestionaban a Heber en el Parlamento por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
Entre esos elementos figura una grabación que Daniel Hernández hizo en una reunión con Carrera, entonces director general del ministerio. Allí también estaban la madre de la víctima, la directora de Asuntos Internos, Stella González de León, y el asesor letrado de Carrera, Eduardo Florio.
El registro –divulgado parcialmente por Santo y Seña– dura poco más de una hora y Maciel dio algunos detalles de su contenido a los senadores. “Quién te está dando una mano con los tickets…. como con todo”, aparece diciendo Carrera. En otro tramo, el hoy senador comenta: "Me dice el chofer que te lleva los tickets”.
Según el subsecretario, Florio le recomendó a la víctima que le inicie un juicio civil al ministerio. El asesor de Carrera también le sugirió contratar al abogado Martín Fernández.
El senador nacionalista Jorge Gandini preguntó si el abogado Fernández era el mismo que en su momento defendió a Nicolás Cendoya en la causa penal en la que resultó sancionado penalmente por su actuación en la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec). Gandini también consultó si Florio, que hoy reviste como asesor de Carrera en su despacho en el Senado a través de un pase en comisión, es el mismo abogado que patrocinó la denuncia del Frente Amplio contra varios jerarcas del actual gobierno en la causa vinculada a la concesión de la terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.
Heber confirmó las dos interrogantes. “Florio es quien participó en el juicio. Lo tuve enfrente”, recordó el ministro, uno de los indagados en ese expediente.
Según los registros oficiales relatados este miércoles por Maciel ante el Parlamento, Florio ingresó a Interior en octubre de 2006 como agente de segunda administrativo, a través de un contrato. El 8 de marzo de 2010 se le dio de baja y se lo volvió a contratar como oficial principal. El 20 de octubre de ese año hubo una nueva baja y otro contrato, esa vez como comisario admistrativo. El 6 de diciembre de 2013 finalmente se lo volvió a contratar, pero como comisario mayor.
Yo le llevo el expediente
Maciel continuó con relato y reparó en algo a su juicio “bastante grave” de la grabación. Stella González, directora de Asuntos Internos, le dice al damnificado: “Hablen con Fernández, yo les llevo el expediente”.
Según el actual subsecretario, eso sugiere que se les iba a exhibir el expediente que corresponde al Ministerio del Interior para que tuvieran una mejor actuación demandando al propio ministerio. González resultó denunciada penalmente por falso testimonio ante fiscalía por los hermanos Hernández, ya que en un primer momento negó que su voz fuera la que aparecía en el audio, aunque luego lo reconoció.
El senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto) recordó que se trata de la misma funcionaria que “dispuso que sacaran las cámaras” de la Cárcel Central el día de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, en 2017, un dato que fue ratificado por las autoridades ministeriales.
En la grabación también se aborda la internación de la víctima y Carrera dice y repite que “no es acorde a la derecho”. También señala: “Stella y yo hablamos con el director del hospital para que los recibiera”. La titular de Asuntos Internos acota que el director “estaba resistente a la situación” de recibir civiles. Maciel aclaró que ese director era Leonardo Anzalone, quien finalmente autorizó la internación en su calidad de director de Sanidad Policial.
El relato de Maciel continuó con dichos de Carrera: “Cuanto menos se hable que ustedes están en el hospital mejor. Es una excepción”, dice el hoy senador de acuerdo a la grabación. “No hablen que están allí. Si preguntan por qué hay un civil atendiéndose, no cuenten nada", añade.
Según los registros, Hernández siempre figuró allí como oficial subayudante. Las actuaciones determinaron además que una camioneta oficial del ministerio, con chofer, se ocupaba del traslado de los hermanos hacia La Paloma para pasar los fines de año con su familia.
"Claro desvío de dinero"
En cuanto a los tickets, los registros indican que fueron pagados mensualmente en partidas de $ 20 mil, equivalentes entonces a unos US$ 1.000, lo que promediaba un salario policial. Todos los recibos y comprobantes ordenando los pagos, dijo Maciel, están firmados por Carrera, que le pedía mes a mes a Tesorería los fondos correspondientes. El dinero provenía de una partida exclusiva destinada al rubro canastas de fin de año.
“Esto lleva a pensar que hay un presunto claro desvío de dineros públicos y una ilegalidad”, sostuvo el subsecretario. Las autoridades se preocuparon en remarcar que, al revisar todas las actuaciones administrativas, jamás figura ni aparece comprometido el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de quien no existen firmas ni intervenciones en ningún documento.
Pese a lo que ha afirmado Carrera en las últimas semanas, según Maciel en ninguno de los registros se deja constancia que la ayuda otorgada a Hernández correspondió a algún pedido de organizaciones sociales.
La estimación de Interior es que, actualizado, el daño al Estado originado en el accionar de Carrera ronda los US$ 260 mil. El ministerio anunció que intentará recuperar a través de una demanda civil contra el actual senador frenteamplista.
Maciel apuntó que el accionar “benefactor” de Carrera constituye prueba en la demanda presentada por el damnificado por daños y perjuicios contra el ministerio, al entender que haberles brindado asistencia médica y dinero constituye un reconocimiento implícito de la responsabilidad de la cartera. “Ese es el punto de quiebre”, dijo. “Ellos dan cuenta de la internación y de la asistencia con tickets”, sostuvo.
Según el ministerio, el fiscal de Delitos Económicos Ricardo Lackner ya libró oficios al Hospital Policial en los que pidió ampliación de información y ahora se apresta a llamar al denunciado para que “reconozca” su firma en la documentación. A juicio de Maciel, el actual senador frenteamplista incurrió en reiteradas violaciones al Código de Ética en la Función Pública.
Un fusil que nunca apareció
El presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, Guido Manini Ríos, fue el que planteó en la sesión la necesidad de aclarar un tema mucho más grave que las denuncias contra Carrera: quién fue el responsable de la bala que dejó a Hernández en una silla de ruedas.
Según Heber, a lo largo de la última década hubo una investigación administrativa al entonces subcomisario de La Paloma por la “desaparición” de un rifle calibre 22, el mismo calibre que la bala que hirió a la víctima. El 2 de abril de 2014, el policía recibió una sanción de 20 días, pero apeló y quedó reducida a diez días.
Martínez, que ahora reviste en una dependencia Policial, también fue suspendido por dos meses, con retención de la mitad de sus haberes, a raíz de la denuncia por la “fiesta” y los “balazos” que se escucharon desde su casa el día de los hechos. “No es la pena máxima que se pudo haber aplicado”, remarcó el ministro. Legalmente, no se lo podría sumariar dos veces por un mismo hecho. Heber recordó además que la víctima no fue asistida en su momento por los policías que estaban a pocos metros, ni por la guardia de la comisaría, sino por una ambulancia.
“Toda esta situación genera suspicacias e incomprensión”, aseguró Heber. “Lo lógico hubiera sido que toda la gente, tanto la de la comisaría como el pesonal civil que estaban en la fiesta lo asistieran, y no que lo dejaran media hora hasta que vino la ambulancia”, apuntó el ministro, quien añadió que todo está documentado en la Justicia. “Así no es como se procede frente a un accidente, si fue un accidente”, remarcó.
El nacionalista Jorge Gandini, por su parte, fue el que consultó si el ministerio demandaría a Carrera para recuperar el dinero de la “ayuda” otorgada a Hernández. “Si se desviaron recursos sin marco legal alguno para una intención humanitaria, que debe respetarse, es el señor Carrera el que tiene que pagar los US$ 260 mil de su bolsillo”, advirtió.
Su colega cabildante Lozano dijo no entender por qué Carrera incurrió en toda esta serie de “tapujos” aparentemente para “proteger” al funcionario policial implicado. “Pienso que alguna razón tuvo que haber tenido, porque no parece una conducta normal”, señaló. Su interrogante sobre la motivación del senador frenteamplista para “tapujear” los hechos quedó sin respuesta.
Al finalizar la sesión, Gandini propuso, y así se accedió, a que el Parlamento envíe la versión taquigráfica a todos los juzgados y fiscalías que están tratando las derivaciones de este asunto.
