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Investigación de Interior detectó que 5 narcotraficantes que tenían prisión domiciliaria se fugaron en lo que va del año
En las últimas tres semanas, dos narcotraficantes que tenían prisión domiciliaria se fugaron y dejaron al descubierto la existencia de una organización que falseaba documentos para que personas imputadas por delitos vinculados a drogas pudieran salir de prisión o reducir sus condenas.
Los casos provocaron una "profunda preocupación" en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que dispuso una serie de medidas para determinar el alcance de las maniobras e indignaron al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
Un informe elaborado por el Ministerio del Interior –a partir de información del Instituto Nacional de Rehabilitación– estableció que son cinco los narcotraficantes que gozaban de prisión domiciliaria y se fugaron este año.
El documento, al que accedió El Observador, señala que son 53 los casos de imputados por delitos vinculados a drogas que obtuvieron prisión domiciliaria en 2023. De ellos, 35 siguen sujetos al control de la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida (Dinasla), mientras que de los restantes 18, tres fallecieron, cinco culminaron su pena, cinco fueron reintegrados a prisión y cinco se fugaron.
A su vez, la prisión domiciliaria fue otorgada a 30 mujeres y 23 hombres. Tal como informó Telenoche, en 26 casos el motivo fueron "problemas de salud", mientras que en otros 16 no se especificó el motivo. También hubo 6 casos en que se otorgó por embarazos, tres por tener la obligación de cuidar niños y dos porque correspondía el beneficio de la libertad a prueba.
A partir de los números, Interior está elaborando una lista con los nombres de cada uno.
Sin información centralizada
"El Poder Judicial es una usina de decisiones caso a caso", explicó el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, para ilustrar que cada juez, en el marco de su independencia técnica y basándose en las leyes, toma sus decisiones.
El organismo no cuenta con información centralizada sobre la cantidad de prisiones domiciliarias dispuestas o los motivos, algo que pretende obtener a la brevedad. En una circular enviada la semana pasada, la SCJ ofició a todos los jueces penales del país para que informen la cantidad de imputados que tienen arresto domiciliario y los motivos de su concesión. Contaban con un plazo de 10 días a partir del 15 de setiembre para hacer llegar la información a la Prosecretaría Letrada.
Mientras que la investigación administrativa sobre la fuga de Juan Antonio González Bica en el juzgado de Crimen Organizado de la jueza María Helena Mainard continúa en etapa de toma de declaraciones —este jueves se le tomó a la jueza y a la fiscal Gabriela Fernández y el viernes a otros participantes—, la investigación penal sigue su curso en Fiscalía y en la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID).
La fiscal Mónica Ferrero siguió tomándole declaraciones como testigos a abogados que por diferentes motivos surgen mencionados en la causa. Hay una pareja de abogados que está en la mira de la investigación aunque no se descarta que puedan sumarse más. También indagan si, al menos, un perito del Instituto Técnico Forense (ITF) actuó en connivencia con los narcos.
El líder de la maniobra, Matías Campero, era quien, presuntamente, se encargaba de la gestión de los certificados con información falsa que después presentaban abogados como Mercedes Acosta, que terminó imputada por la causa.
Según reconstruyó El Observador, Campero accedía a historias clínicas de personas realmente enfermas que tenían, en su mayoría, un código QR. Lo que hacía era modificar los datos identificatorios de la persona y dejar el resto de la información.
La fiscalía continúa investigando cómo fraguaba —si es que lo hacía— las pericias del Instituto Técnico Forense (ITF), que en su mayoría se suben al sistema interno del Poder Judicial y están certificadas con firma electrónica.
De acuerdo con fuentes de la investigación, Campero llegó a gestionar varias pericias con datos muy similares. Por citar un ejemplo, el certificado médico con el que logró evitar la prisión en Maldonado —donde estaba recluido de forma preventiva por un cargo de secuestro— es prácticamente idéntico al que utilizó González Bica para obtener el beneficio en el juzgado de Mainard.
Campero está imputado y preso por haber participado de la maniobra, pero el narco está prófugo.
El ¿enfermero? que estudiaba Derecho y se presentaba como procurador
"No siga abriendo causas, haga las cosas bien. Tiene una familia que lo contiene. Ha recibido educación. Es una persona, por su aspecto, que se nota que no ha pasado necesidades. No tiene ningún justificativo para hacer lo que está haciendo", le dijo el 4 de octubre de 2019 la entonces jueza penal Adriana de los Santos a Matías Campero. En ese entonces, el fiscal Fernando Romano había pedido que se le impusieran medidas limitativas porque viajaba en una camioneta que, presuntamente, había sido adquirida de manera irregular.
Era una "linda camioneta", describió el fiscal, según consta en el audio de la audiencia al que accedió El Observador. Se trataba de una Kia Sportage que había comprado, sin papeles, por US$ 13 mil y con la que lo habían detenido en un semáforo. Esto ocurrió en octubre de 2019. Tan solo unos meses antes, en marzo de ese año, había sido condenado por siete delitos de estafa, lo que constituyó su primer antecedente penal.
En esa oportunidad, había contado que vivía en la zona de Tres Cruces, era enfermero y trabajaba en un seguro de salud privado. Por fuera de la ley, inducía a error a víctimas arreglando el pago de dinero por conceptos relacionados a la compra de autos que después nunca se concretaba. Uno de los estafados, por ejemplo, fue por el concepto de U$S 3.500.
Cuando lo detuvieron en octubre por haber adquirido la camioneta, presuntamente de forma irregular, declaró que vivía en Nuevo París.
Los —muchos— abogados que Campero consultó coinciden en lo mismo. Es una persona instruida que hablaba calmado y con aplomo. Nada de lo que decía, al menos al principio, parecía fuera de la lógica. Y como buen estafador, era "comprador". Quienes hablaban con él no tendían a dudar de lo que estaba diciendo.
Por los siete delitos de estafa lo condenaron a una pena de diez meses de prisión y ocho de libertad vigilada. Dos años después, fue convocado a una audiencia en el juzgado de Ejecución (el que vigila el cumplimiento de la pena) porque la Fiscalía manifestó haber detectado incumplimientos a lo pactado en el acuerdo abreviado con el que se lo condenó.
Entonces, Campero explicó que ahora trabajaba en una carnicería y que había viajado a Rivera por trabajo y había vivido dos meses en Atlántida. Uno de los incumplimientos que había detectado la Fiscalía es que no había concurrido al psicólogo, tal y como se lo había mandatado la Oficina de Libertad Asistida (OSLA).
Sin tratar a la jueza de "usted" y llamando al oficial de la OSLA que controlaba el cumplimiento de su pena por su nombre de pila, Campero explicó que fue un año al psicólogo, que generó "buena relación con la muchacha" y que fue ella la que le dijo que no fuera más.
A su vez, la fiscal que compareció en la audiencia —Cecilia Tabárez— informó que había "un papel que firma una licenciada, no se sabe en qué" diciendo que había cumplido con el tratamiento psicológico. En ese momento, Campero dijo que la psicóloga se había ofrecido a comparecer como testigo en la causa si fuera necesario, pero la jueza le manifestó que controlar eso es resorte de la OSLA.
También contó que estaba estudiando Derecho y que adjuntaba el certificado que comprobaba el avance en sus estudios.
En la causa por la maniobra de las falsificaciones está imputado por usurpación de título porque se presentaba, al menos como procurador cuando no lo era.
Las fuentes consultadas indicaron que Campero hablaba con solidez de los temas de Derecho Penal y parecía tener un vasto conocimiento de cómo funcionaba el Poder Judicial y sus trámites internos. Así, ofreció a varios abogados trabajar con él en casos dado que él no tenía posibilidad de "firmar". Varios de los profesionales que rechazaron la oferta declararon como testigos ante la fiscal Ferrero.
Dependiendo de cuán afín se mostraba el abogado a participar, cuánto detalle daba Campero sobre el entretelón de su maniobra.
A mitad de año, cayó preso por secuestro. Con otras dos personas, habían retenido y agredido "salvajemente" a Walter Pérez, un hombre que trabajaba para Pablo Bergaló, un supuesto estafador inmobiliario que ya había sido expuesto en la sección "Cartelera de chantas" del programa Santo y Seña. En el contexto de esa causa, dijeron fuentes del caso, Campero se seguía presentando como procurador.
Aunque inicialmente el juez dispuso la prisión preventiva en su contra, después logró obtener el beneficio de la domiciliaria con lo que —presume la Fiscalía— eran los certificados irregulares que él mismo gestionaba.
La orden de la OSLA de que Campero recibiera asistencia psicológica por la causa de las estafas, según contó él mismo en audiencia, partió de una entrevista con el efectivo que le hacía el control de la pena.
—¿Por qué hiciste lo que hiciste? —le preguntó el agente.
—Si me preguntas por qué lo hice, no lo sé —le resumió el condenado.
