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Coalición modificará artículo de la Rendición sobre asentamientos cuestionado por intendentes
Cuando se conoció el proyecto de Rendición de Cuentas, una vez ingresado al Parlamento, los intendentes se encontraron con una serie de artículos que desconocían y que los involucraban directamente. Al menos dos de esos artículos generaron rechazo entre los jerarcas municipales e iban a estar sobre la mesa en la reunión que los intendentes blancos tendrán este jueves con el presidente Luis Lacalle.
Sin embargo, en las últimas horas hubo negociaciones que acercaron las partes y los acuerdos parecen estar más cerca.
Los diputados de la coalición de gobierno y el Ministerio de Vivienda llegaron a un acuerdo para modificar el artículo 207 de la Rendición de Cuentas que se refiere al papel de las intendencias departamentales en la formación de nuevos asentamientos, según informó el diputado blanco Rodrigo Blás a El Observador. Los jefes departamentales todavía no dieron su visto bueno pero algunos jefes departamentales consultados por El Observador dijeron que la propuesta “es de recibo”.
El proyecto enviado al Parlamento establecía que el Poder Ejecutivo podrá resarcirse de los costos de la relocalización de un asentamiento cuando los gobiernos departamentales no cumplan con su rol de “policía edilicia”. Ese resarcimiento se haría, según la propuesta original, reteniendo el dinero de las partidas que el gobierno transfiere a las intendencias por mandato constitucional.
En el acuerdo al que llegaron los diputados de la coalición y el Ministerio de Vivienda no se mencionan las partidas del gobierno central recogiendo así el principal reclamo de los intendentes. “No queremos que ese artículo quede atado al 214 de la Constitución”, había dicho un intendente a El Observador.
En la redacción acordada, la “omisión” en prevenir la “ocupación de asentamientos irregulares” los hará “responsables solidarios de los costos que se generen al Poder Ejecutivo en el procedimiento de realojo”. El resarcimiento de esos costos se deberá “ejercitar por las vías administrativas y judiciales pertinentes” pero se podrá desarrollar una “instancia de conciliación en la Comisión Sectorial de Descentralización”, según dice el texto al que accedió El Observador.
Pero, además, el texto agrega que cuando la ocupación sea de un terreno público que pertenezca a otro organismo, serán los dueños del predio los “solidariamente responsables” de los costos que requiera el realojo. Esto aplicará para personas públicas tanto estatales como no estatales.
El Congreso de Intendentes comparecerá este jueves ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto y es en esa instancia donde los legisladores oficialistas esperan recibir el aval final para sellar el acuerdo.
El acuerdo
La redacción acordada entre Vivienda y los legisladores modifica el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y establece un protocolo detallado de cómo deben proceder los gobiernos departamentales en su rol de “policía territorial y de la edificación”.
Si se aprueba el nuevo texto, para cumplir con su rol las intendencias deberán primero impedir la ocupación de terrenos y, una vez ocupado, tendrán que “concurrir ante la sede judicial de turno” para solicitar la “inmediata detención de las obras y la demolición de las existentes”.
Una vez presentada la demanda el tribunal actuante deberá decretar la suspensión inmediata de las obras o la demolición y en caso de ser un asentamiento la “desocupación del inmueble” con plazo de 20 días hábiles.
En caso de que la orden judicial no sea cumplida el juez podrá requerir “el auxilio de la fuerza pública”. Lo mismo sucede con los organismos públicos estatales o no estatales en caso de que la ocupación sea en un terreno de su propiedad.
Nueva propuesta
Otro de los artículos que generó rechazo entre los intendentes fue el 251 de la Rendición de Cuentas que posterga la actualización de las alícuotas y del Fondo de Asimetrías para 2023. Pero en la comparecencia de Presidencia ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto se presentó una nueva propuesta.
El proyecto de ley de Presupuesto preveía que en 2022 se actualizaran los criterios por los que se define el monto que cada intendencia recibe del gobierno central. Ese cambio va a generar que algunas administraciones empiecen a recibir menos dinero y otras que aumenten sus ingresos, ya que el monto total que transfiere el gobierno es el mismo.
En ese contexto, también en el Presupuesto se decidió crear el Fondo de Asimetrías para compensar a aquellos gobiernos departamentales que vean mermados sus recursos por este cambio. Este fondo sería para un período de transición hasta el final del mandato y tendría unos $ 250 millones anuales.
Sin embargo, el gobierno entendió que las negociaciones por la actualización de las alícuotas no estaban los suficientemente avanzadas como para llegar a 2022 con un nuevo acuerdo y decidió postergar todo, incluido el fondo, hasta 2023.
Esta martes, sin embargo, el gobierno adelantó que dará tiempo hasta el último día de votación de la Rendición de Cuentas para ver cómo avanzan las negociaciones por las alícuotas. Sí se concretan los cambios, quedará todo tal como establecido en el Presupuesto, según dijeron a El Observador fuentes legislativas.
Si el gobierno entiende que las negociaciones no están cerca de cerrarse, postergará todo para 2023 pero los $ 250 millones previstos para 2022 se podrán acumular y no se perderán.
De todos modos, intendentes blancos dijeron a El Observador que su prioridad es llegar con un acuerdo respecto a las alícuotas antes de que se vote la Rendición de Cuentas.
El diputado del Frente Amplio Álvaro Lima valoró la decisión del gobierno y destacó la gestión de su hermano, el intendente de Salto, Andrés Lima, por este tema a través del Congreso de Intendentes.
Esta gestión fue consecuencia del pedido del Congreso de Intendentes al Secretario de Presidencia Álvaro Delgado, donde el Vice Presidente @AndresLimaSalto Lima lo había planteado en los últimos días.
— Álvaro Lima (@SaltoAlvaroLima) August 3, 2021
Se recuperan recursos producto del diálogo y acuerdo.
