20 de septiembre de 2011 22:22 hs

La Dirección General Impositiva (DGI) resolvió que los colegios, institutos terciarios y universidades privadas, así como los clubes deportivos deberán pasar información sobre los pagos de las cuotas que realizan los padres de los alumnos o de socios de centros que estén inscriptos en el Registro de Clubes Deportivos del Ministerio de Turismo.

Incluso la información deberá remitirse al organismo recaudador si los aportes con la institución privada no están al día.

La DGI resolvió que esa obligación de los privados entrará a regir desde el 1º de enero de 2012 ,según el remitido que precisó que la declaración jurada deberá ser anual.
Según la DGI, la obligación de informar de los colegios es cuando la totalidad de los importes anuales –cuota, matrícula, comedor, materiales educativos, transporte, etc) superen en el año las 70.000 UI (hoy $ 159.229 equivalente a $ 13.269 mensuales). Para los clubes, la obligación es cuando los pagos de cuotas, equipos y servicios adicionales, excedan por año las 30.000 UI ($ 68.241 que equivalen a $ 5.687 mensuales).

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En mayo pasado el tema había generado polémica cuando la DGI formuló pedidos de información a colegios para conocer cuánto pagan los padres por las cuotas de sus hijos.

Luego de varias reuniones, todo pareció quedar en stand by pero ahora el organismo volvió a la carga fijando fecha para la aplicación de la norma. En el texto de la resolución, la DGI afirmó que “la Administración Tributaria tiene las más amplias facultades de requerir información a terceros”.

Por esa vía, Rentas busca conformar “perfiles” de sus contribuyentes y los datos que obtiene son cruzados con otras informaciones de organismos públicos, como el Banco de Previsión Social. En última instancia se busca evitar casos de evasión de impuestos a través de sub declaraciones, explicó una fuente oficial a El Observador.

El tributarista Gianni Gutiérrez, de Ferrere Abogados, dijo ayer a El Observador que la resolución de Rentas “es ilegal”. Explicó que la DGI puede obtener información de una persona que esté investigando pero no actuar en forma indiscriminada. “La ley no habilita a la DGI a efectuar expediciones de pesca sobre grupos de contribuyentes”, afirmó.

Para Gutiérrez, en el caso de los colegios, esa información “es íntima de las familias” y dijo que se pretende un manejo más flexible sin que exista ninguna justificación como sí la debe haber, por ejemplo, cuando se exige levantar el secreto de una cuenta bancaria de un individuo investigado.

Su colega tributarista Isabel Laventure, consideró que los datos que recolectará la DGI de los colegios “son irrelevantes para la liquidación de impuestos” y acotó que las instituciones y los padres podrán impugnar la resolución buscando su anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

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