Agro > Políticas públicas
Colonización: una herramienta útil que no se salva de las críticas
Con área récord de 610 mil hectáreas, el Instituto Nacional de Colonización (INC) es el principal propietario de campos en Uruguay y constituye una herramienta que -desde diferentes tiendas políticas- consideran valiosa a la hora de radicar y distribuir tierras a productores familiares y asalariados del medio rural.
Sin embargo, existen críticas sobre la adjudicación de algunos predios, que implicaron una acumulamiento de colonos para algunos emprendimientos con una escala inadecuada (demasiado pequeña) para el agro del presente.
El delegado del INC por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Rodrigo Herrero, reconoció que algunas adjudicaciones pecan de tener demasiados números de integrantes impidiendo que se logre un beneficio real para los colonos.
“Los emprendimientos grupales no son pocos y es una manera muy interesante de poder hacer política en colonización y mejorar la rentabilidad de pequeños productores y asalariados rurales. Un aspecto que posiblemente hay que corregir es el número de colonos a los que se adjudica determinados predios. Capaz en un principio, queriendo llegar a la mayor cantidad de gente posible, se pecó en ese sentido”, admitió Herrero a El Observador.
A pesar de que el INC cuenta con un apoyo generalizado del sistema político como herramienta válida para apuntalar una política diferencial que arraigue a las personas al campo y el desarrollo rural, existen algunos peros y críticas en su gestión también por parte de los colonos.
El integrante de la Unidad Cooperaria Número 1 -que arrienda al INC 2.228 hectáreas (ha) y abarca a unas 16 familias de forma directa-, Ramón Gutiérrez, dijo que el problema de la escala en lo económico para las tierras de colonización es una dificultad “en parte por los cambios tecnológicos que hubo en los últimos 50 años”.
“En un momento hubo un conjunto de colonias subdivididas a una escala que hacía viable algunos emprendimientos, pero con los cambios técnicos y de los negocios de los distintos rubros, algunas colonias fueron quedando fuera del ruedo”, explicó Gutiérrez, en referencia a las fracciones minúsculas que hay para algunos casos.
Como ejemplo, el colono citó algunas colonias que eran agrícolas remolacheras y que pasaron a ser lecheras –un tránsito que se dio también en los privados- terminando heredando un problema de escala en su dinámica productiva.
“En lo que es la nueva colonización se están dando en algunos casos con grupos que tienen alto número de colonos. Desemboca en que a pesar de que el emprendimiento esté bien dimensionado, no es suficiente para vivir de eso, aunque sí sirve para algunos casos como complemento económico, como puede pasar para el caso de algunos asalariados rurales que tienen ganado, pero no tierra. Siguen siendo trabajadores en el campo y complementan sus ingresos con un emprendimiento colectivo de colonización”, comentó el productor.
En las tierras del INC hay más de 3.500 unidades económicas en funcionamiento en distintos rubros. Hay ganadería, lechería, agricultura, arroceros y granjeros.
Por su parte, el presidente de la Mesa Nacional de Colonos, Mario Thedy, destacó la compra de tierras que ha hecho el INC en los últimos años, pero cuestionó cómo se han repartido predios en algunos casos, sobre todo “después de las expectativas que se habían creado”.
Thedy dijo que para él “ahí está el fracaso de colonización, dado que esa tierra en lugar de utilizarse para que las familias se instalen en el campo, se han usado con fines electorales”.
Unas 5.000 familias habitan el 92% del total de hectáreas que tiene el INC y cerca de un 8% están sin adjudicar. El 75% de los colonos está al día con la renta, según las últimas declaraciones de la presidenta del INC, Jacqueline Gómez. En total se registran 3.647 unidades de producción y la mayoría se concentra en San José (494), Paysandú (445), Colonia (424) y Canelones (376).
“Acá en Bella Unión (Artigas) nomás, lo que se hace es sacar a un colono de 200 hectáreas y lo que se termina haciendo es un acumulamiento de pobres. Es gente trabajadora, pero que se la amontona en un predio que de por sí ya no era rentable. Más allá de la intención de dar predios a la mayor cantidad de gente, acumular en un mismo predio a muchas familias no les permite salir adelante”, aseguró Thedy.
El presidente de la Mesa Colonos añadió que hay mucha gente que está pasando mal, pero que no se trata de un grupo de productores que vienen trabajando juntos desde el pasado. Cuando sabe se van a otorgar tierras, “se juntan el día anterior para acceder a un pedazo de campo porque es lo que les queda”, relató.
“Hay una cantidad de asalariados rurales que accedieron a tierras acá en Bella Unión y que hoy están peor como productores que cuando eran asalariados, sobre todo en la zona en que se explota caña de azúcar”, agregó el productor.
Cada vez más tierras y casi 50 mil ha sin adjudicar
Según datos de 2018, los colonos que ocupan las tierras de Colonización representan alrededor de un quinto del total de los productores familiares del país, que incluye a unas 53 mil personas (21 mil familias).
Con más de 70 años de historia desde que se creó, el INC financia sus costos operativos a partir de las rentas que cobra a los colonos, que en general se establecen a un precio que ronda alrededor de la mitad a los valores de mercado por hectárea, aunque depende el caso.
En tanto, a través del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del Impuesto a la Rentas de las Personas Físicas (IRPF) que grava la compraventa de inmuebles rurales, el organismo recibe desde Rentas Generales los recursos para hacerse de campos.
A su vez, la ley 19.577 de 2016 estableció que todo propietario antes de vender un campo de extensión igual o superior a 500 ha con índice Coneat 100, está obligado primero a ofrecerlo al INC, que "tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago". Para los departamentos de Colonia, San José, Florida y Maldonado la extensión es de 200 ha y para Canelones de de 100 ha.
Entre 1948 y 2005, el INC incorporó a su patrimonio 335 mil ha (en su creación se le adjudicaron más de 150 mil), mientras que a partir de 2005 -cuando asumió el gobierno del Frente Amplio- aumentó sustantivamente el área en su poder, hasta llegar al máximo de 610 mil que posee en la actualidad.
En la administración de 2005 a 2010 se compraron 42 mil hectáreas, en la de 2010 a 2015, otras 56 mil hectáreas y durante este período ya se superaron las 20 mil.
Hasta 2005, Colonización entregaba las tierras en propiedad y en arrendamiento, pero desde 2005 hubo un cambio en la política y se entregan exclusivamente en arrendamiento.
Según informaron desde el organismo a El Observador, unas 49 mil ha están sin adjudicar, pero estiman que el número real es de 35 mil, ya que dentro de ese número se incluye caminería rural y en algunos casos son destinadas a pastoreo por ser adquisiciones recientes. De todas formas, también existen casos en que desde hace 10 o 12 años se está en “precariato”, o sea, sin definir la adjudicación.
Durante los últimos 15 años, fue en 2014 cuando más hectáreas se adjudicaron por parte del INC llegando a las 18.539 ha, mientras que el año con menores adjudicaciones fue en 2005 con 2.009 ha en total, según surge de la página del INC. En 2018 fueron entregadas 14.148 ha, número cercano a las adjudicadas durante 2016 y 2017.
Según datos actuales, más de 5.000 familias explotan las hectáreas del INC, que pueden ser unidades de producción bajo la forma de tenencia o arrendamiento, que independientemente de la forma de tenencia puede ser una explotación agropecuaria asociativa o familiar.
Para adjudicar un terreno el INC abre un llamado público y a la hora de asignar la tierra se considera el perfil del colono, evaluando ingresos, situación socioeconómica, hijos a cargo y el proyecto presentado, entre otros ítems.
