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Comandados por Ceretta, estudiantes de Udelar analizarán casos de presos que podrían ser inocentes
Hombres afrodescendientes y pobres, que fueron condenados por crímenes sexuales u homicidios, fueron los primeros casos en los que trabajó el equipo de Innocence Project en Estados Unidos, un proyecto que exonera a los condenados injustamente mediante pruebas de ADN, revisando los expedientes de quienes llevan varios años en la cárcel.
El proyecto se replicó en Europa y algunos países de Latinoamérica -Colombia, Chile y Argentina- y Uruguay tendrá su versión que será desarrollada por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (UdelaR) junto al Comisionado Parlamentario Penitenciario, del que participarán catedráticos de derecho penal y 30 estudiantes.
El encargado del Consultorio Jurídico, Juan Ceretta, y el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, comparten algunos proyectos vinculados a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y a las condiciones indignas de la cárcel. En los viajes juntos a los centros penitenciarios y conversaciones en salas de espera de los juzgados, comenzaron a hablar del sistema penitenciario y del Proyecto Inocencia.
"Ese proyecto fue trasladado a algunas universidades y analizamos la posibilidad de hacer lo mismo en Uruguay", explicó Ceretta a El Observador.
Ceretta contactó a un equipo de abogados de derecho penal, involucrados en el tema cárceles, y el proyecto se presentó en la Unidad de Extensión de la Facultad de Derecho y frente al Servicio Central de Extensión, con el apoyo de Petit y su equipo.
El docente explicó que la selección de los casos que analizarán desde el 1° de setiembre hasta diciembre es clave. "Tal vez sea la parte más difícil en la ejecución de este proyecto. Es muy importante la alianza con el comisionado, porque es uno de los actores con más conocimiento del sistema penitenciario", sostuvo.
Petit y su equipo realizaron una selección previa de los casos a partir de la experiencia de trabajo en las cárceles, hablando con los reclusos y sus familias y de "verificar discursos coherentes de presunción de inocencia y fallas en el sistema", puntualizó Ceretta.
El equipo prevé atender seis casos en poco más de tres meses. "Se estudiará el expediente de forma minuciosa para ver si el relato de la persona coincide con lo que pasó judicialmente y eventualmente detectar posibles fallas", dijo. Además trabajarán con casos de mujeres privadas de libertad.
"Las disfuncionalidades del sistema de Justicia pueden ser del tipo experimental, por la ausencia de infraestructura, de recursos humanos y de técnicos que permita llegar a la verdad. En general se trata de personas de pocos recursos con dificultades de acceso a la defensa", explicó en relación a las características del proyecto en otros países.
Para comenzar con el proyecto, el Consultorio Jurídico solicitó el consentimiento de los privados de libertad para revisar sus casos, de la Suprema Corte de Justicia para acceder a los expedientes judiciales, y tomarán contacto con los defensores "para que no sientan que es una especie de auditoria", dijo Ceretta.
La primera fase es "exploratoria", y para una eventual segunda etapa si continúa el proyecto se pueden realizar acciones concretas para revisar el proceso una vez que se detectaron ciertas inconsistencias.
Según la experiencia del Comisionado Parlamentario, en Uruguay se detectaron situaciones con "apariencia de verosimilitud de inocencia" o causas de inimputabilidad o trastornos de salud mental que si se revisan podría llevar al sobreseimiento de la persona.
"Estos casos son excepciones, no podemos decir que hay una cantidad de casos, son situaciones excepcionales de disfuncionalidad que existen en todos los sistemas penales del mundo", dijo Ceretta. El ejemplo más cercano en el que se basa el Consultorio Jurídico es Colombia, en donde se detectan en promedio nueve casos por año.
Sobre los casos que se analizarán, dijo que aunque no hay un enfoque determinado, serán delitos "medianamente graves" donde los condenados llevan presos varios años.
Por otra parte, el proyecto contará con el apoyo de un catedrático grado cinco de medicina legal. "Si el error viene por inconsistencias en la prueba es importante tener el apoyo de la medicina legal. En caso que amerite analizar las pruebas, se podrán hacer recursos de revisión de acuerdo a la etapa del proceso en la que se encuentre", puntualizó.
Prisión indebida
En 2019 se tramitaron 28 casos de prisión indebida según la ley 15.859 sobre la responsabilidad objetiva de Estado en casos de personas que se encuentran en prisión preventiva sin condena y son absueltas porque no se comprueba su culpabilidad o se demuestra su inocencia durante el proceso.
Ese fue uno de los años con más casos, luego de 2015 con 28 asuntos, según los datos a los que accedió El Observador. Desde el 2008 hasta 2019 se tramitaron 251 solicitudes, y la indemnización es de unos U$S 40 a U$S 70 por día de prisión según las circunstancias de cada caso concreto.
Se indemniza por haber padecido la “prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado a pena privativa de libertad por lo menos igual al lapso de prisión preventiva sufrida”, dispuesta por el Poder Judicial. La indemnización es por los perjuicios morales y materiales probados que la prisión indebida o su exceso le causaron a la persona.
