Desde el norte y sur de Perú partieron el viernes pasado las delegaciones obreras y sociales hacia la capital del país para llevar a cabo la Tercera Toma de Lima, que se concretará este miércoles 19 de julio. Allí, se pedirá nuevamente por la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, por elecciones anticipadas y por la inmediata convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Antonio Maquera, dirigente social del Cusco y uno de los responsables de la movilización, dijo que el traslado de los manifestantes continuará durante todo el lunes y martes para llegar al día de la protesta con una Lima “ocupada por su pueblo”. Y aseguró que “los primeros en comenzar la marcha ya están llegando a las casas de sus familiares y residentes en Lima”.
En declaraciones suministradas durante el traslado, Maquera señaló que su delegación realiza un esfuerzo con el fin de “también pedir justicia para los asesinados en las marchas de principios de año”.
Werner Salcedo, otro de los referentes y presidente regional del territorio, dijo que no permitirán una muerte más en las movilizaciones. “Volveremos a estar al frente de las protestas si se derrama una gota más de sangre en las próximas jornadas”, advirtió, al tiempo que pidió a los manifestantes a no usar la marcha “como excusa para afectar la propiedad pública o privada, ni los derechos de quienes no quieran participar”.
El presidente de central comercial de Andrés Avelino Cáceres, Jhazmani Cayo, señaló en Arequipa que la gran mayoría de los comerciantes apoyarán la medida de fuerza manteniendo cerrados sus negocios como protesta contra el gobierno. Y el dirigente de Apurímac, Germán Altamirano, dijo que los representantes de su región tienen la consigna de marchar de manera pacífica, tanto en Lima como en sus lugares de origen.
Este lunes, campesinos de 22 regiones partieron hacia Lima, comunicó Santos Saavedra, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC). “Hay columnas de San Martín, Cajamarca, Lambayeque, Piura y La Libertad, entre otras regiones organizadas, que comenzaron su marcha hacia la capital”, dijo.
La Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), a través de su secretario general Gerónimo López, convocó a todas sus bases a nivel nacional y a todas las organizaciones democráticas a participar en la jornada nacional de lucha.
Mientras se espera una “marcha memorable por la Justicia y la Democracia”, como señalan sus organizadores, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) publicó el informe Perú: avance del autoritarismo y regresión de derechos, donde se denuncia el proyecto político conservador y antiderechos del gobierno de Dina Boluarte, responsable de la grave crisis que atraviesa el país.
El documento critica la “brutalidad represiva durante las protestas sociales contra la actual administración, que dejó un saldo de 67 personas fallecidas”, y denuncia que algunos de los asesinatos podrían categorizarse como ejecuciones extrajudiciales al haber sido causadas por “armas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y cuyo patrón de lesiones son disparos arriba del torso”.
La FIDH también hace hincapié en el rol de la Fiscalía que, “en lugar de investigar las muertes, los posibles casos de ejecuciones extrajudiciales y las graves violaciones de Derechos Humanos, se volcó a la persecución y encauzamiento de las y los ciudadanos que protestan, en particular de las y los líderes de las organizaciones involucradas”.
En el documento se afirma que “existe un evidente proceso de captura de las instituciones democráticas en el Perú por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y antiderechos, ahora aliado con el gobierno de Boluarte”.
