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Nacional > La renuncia del vicepresidente

Cómo actuó el Frente Amplio ante otros casos de presunta corrupción

La respuesta del Frente Amplio ante estos casos ha cambiado con el tiempo y las reacciones ante actos irregulares son cada vez menos fulminantes

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10 de septiembre de 2017 a las 05:00

"Podremos meter la pata pero no la mano en la lata, y al que la meta se la cortamos", dijo Tabaré Vázquez cuando asumió como intendente de Montevideo en 1990. La frase la repitió en 2004, en la campaña que lo llevaría a su primer mandato como presidente. Era casi un eslogan. Para el Frente Amplio, la corrupción era uno de los temas en los que se diferenciaría de los partidos tradicionales al llegar al gobierno.

Y así fue en el inicio. En el gobierno municipal de Vázquez (1990-1995) un manejo desprolijo de dinero le costó el cargo a los directores de la intendencia Carlos Coitinho, Washington Puchetta, Benajmín Liberoff y Daniel Mesa. Sin dudarlo, Vázquez los removió de su cargo aunque lejos estaba de tipificarse un delito.

En 2003, el Tribunal de Conducta Política del FA consideró que Mario Areán, secretario privado del entonces intendente de Montevideo, Mariano Arana, era "un operador político con amplias posibilidades de intercambio de favores" con "empresarios poderosos" luego de la adjudicación de la cafetería del atrio del Palacio Municipal a la confitería y de la licitación ganada por W Lounge en el Parque Rodó. La Justicia investigó el hecho pero archivó la causa por falta de méritos. Sin embargo, Areán renunció a su cargo porque, según dijo, estaba "harto de los ataques cobardes" contra él y Arana.

Pero pasaron los años en el ejercicio del poder y las reacciones de los "compañeros" ante actos irregulares o hasta ilegales cada vez son menos fulminantes, sobre todo con aquellos que ocupan altos cargo de gobierno.


Bengoa, Nicolini y Pluna

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En diciembre de 2007, el director de casinos municipales, Juan Carlos Bengoa, se convertiría en el primer procesado con prisión del Frente Amplio imputado por los delitos de fraude, concusión y conjunción del interés público con el privado luego de cometer diversas irregularidades en el arrendamiento de slots.

El ministro de Economía y líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, defendió la inocencia del dirigente de su sector hasta el último minuto. Recién en 2014 en una entrevista con Océano FM reconoció que esa defensa había sido un error. El Plenario Nacional del partido de gobierno le suspendió la afiliación de por vida a Bengoa.

Ese mismo año la Justicia absolvió de culpa al exsenador Leonardo Nicolini (MPP), quien utilizó un carné de asistencia en hospitales públicos para poder ser operado en uno. No obstante, la Justicia entendió que el exparlamentario no persiguió ningún fin de lucro puesto que pagó la intervención de su bolsillo. El Tribunal de Conducta del Frente Amplio resolvió archivar el caso pero Nicolini ya había sido obligado a renunciar a su sector político y no volvió a ocupar cargos de relevancia en la actividad política.

"No se puede ser representante nacional bajo la eterna sospecha sobre mi persona y mi accionar". Fernando Lorenzo, exministro de economía, que renunció a su cargo y decidió no asumir su bancada en diputados.

En 2010, el fiscal Luis Bajac pidió el procesamiento sin prisión de Rodolfo Nin Novoa por un delito de "falsificación ideológica por un particular" por no haber mencionado en su declaración jurada de 2007, como vicepresidente de la República, su participación en una sociedad rural en Cerro Largo que integra junto a dos hermanos.

Al dejar la vicepresidencia, Nin Novoa asumió una banca en el Senado, por lo que la jueza Canessa inició en diciembre de 2010 el trámite de desafuero para poder juzgarlo y responder así al pedido del fiscal. Sin embargo, Nin Novoa mantuvo sus fueros parlamentarios, gracias al respaldo del Frente Amplio y el Partido Colorado en el Parlamento. El caso quedó congelado hasta 2015, cuando el exvicepresidente perdió sus fueros parlamentarios y fue designado canciller. En ese entonces la causa había prescripto.

El cierre de Pluna es otro de los momentos en los que la corrupción sobrevoló al Frente Amplio. Luego del procesamiento del expresidente del directorio de Pluna SA y CEO de Leadgate, Matías Campiani, y sus socios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, por el delito de estafa, la Justicia puso el ojo sobre dos altos jerarcas del gobierno de José Mujica.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, fueron procesados sin prisión por el delito de abuso de funciones. Las irregularidades estuvieron en el aval que el BROU otorgó a una aerolínea española (Cosmo) para que participara en el remate de los aviones de Pluna.

Desde el Frente Amplio siempre respaldaron la gestión de ambos jerarcas y tanto Mujica como Astori los defendieron públicamente. El caso nunca fue analizado por el Tribunal de Conducta Política.

Lorenzo renunció a su cargo y no apeló el fallo. En 2014, con el respaldo del Frente Líber Seregni se postuló como candidato a diputado por el Nuevo Espacio pero tras ser electo renunció a su banca. "No se puede ser representante nacional bajo la eterna sospecha sobre mi persona y mi accionar", sostuvo Lorenzo en una carta tras anunciar que no asumiría.

Calloia también renunció pero apeló el fallo y fue designado al frente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Un Tribunal de Apelaciones le dio la razón, pero la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia.

"El responsable no es Calloia; el responsable era yo en última instancia, como corresponde, y lo dije, y lo dije públicamente", dijo Mujica en el Senado cuando se votó la venia para que Calloia asumiera al frente de la CND. Cuando la Suprema Corte ratificó la sentencia renunció a su cargo.

La secretaria

El año pasado, el Banco de Previsión Social (BPS) dictaminó que Asamblea Uruguay había evadido los aportes de la secretaria del exdirector del Sodre, Jorge Orrico, durante 20 años.

El ministro de Economía y líder del sector, Danilo Astori, había dicho que el grupo aceptaría el fallo y no recurriría la decisión. "Este tema tiene que ser dilucidado en el BPS y a esa definición nos vamos a atener", dijo Astori a Código País. El hecho no generó mayores comentarios dentro del Frente Amplio.

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