Comprar cigarros de contrabando en Uruguay es una tarea bastante fácil. Alcanza con entrar a Facebook y poner cigarros en Marketplace para ver al menos una decena de ofertas. Los más populares son los paraguayos 51, cuyo cartón –10 cajas de 20 cigarros cada una– se vende desde $ 390. Por un precio apenas mayor ($ 400 el cartón) se ofrecen los brasileños FOX, mientras que los mentolados GIFT están a $ 700.
En Marketplace también hay lugar para la venta ilegal de marcas uruguayas. Los Coronado –con la cinta naranja que indica que solo se pueden vender en free shops– se ofrecen desde $ 900 el cartón y los Nevada llegan a $ 1.100.
Pero en realidad para comprar cigarros de contrabando no se necesita ni siquiera tener Facebook. Solo hay que caminar por 18 de Julio para identificar el puesto callejero que los esté vendiendo y comprarlos. Los 51 valen $ 60. El costo en almacenes y kioscos puede llegar a $ 90, una cifra que –de todos modos– no representa ni la mitad del precio oficial ($ 190) de los Coronado y Nevada, los más vendidos.
Tras la salida de Philip Morris en 2011, Montepaz se transformó en la única tabacalera que produce cigarros para Uruguay. En 2016, la empresa china Maregroup SA se instaló en la zona franca de Florida para producir cigarros y exportarlos a China.
La empresa está imposibilitada de vender sus productos en Uruguay, pero en Marketplace se venden cartones a $ 470 de la marca Marble –una de las que produce–, lo que ha puesto en alerta al Sindicato Autónomo de Tabacaleros. “La única forma legal es que alguien los haya importado de Pakistán, que es a donde van primero”, explicó a El Observador el presidente del gremio, Carlos Caldás.
El contrabando está tan institucionalizado que 51 es la tercera marca más vendida en Uruguay, de acuerdo con investigaciones de mercado realizadas por las tabacaleras. Incluso aparece en las respuestas espontáneas de las encuestas cuando se consulta por las marcas legales.
La cadena de suministro nunca se corta, pese a las incautaciones que se realizan. De acuerdo con fuentes de inteligencia aduanera, los cigarros paraguayos llegan por Brasil e ingresan principalmente en camionetas y camiones, mientras que las falsificaciones también provienen de Argentina.
Combatir el contrabando fue la razón principal que argumentó Luis Lacalle Pou para habilitar la venta de cajas blandas y permitir las marcas en los cigarros. La modificación fue solicitada por Montepaz, la única tabacalera uruguaya, y dueña de Nevada y Coronado, entre otras marcas. El cambio fue rechazado por la oposición y la sociedad civil vinculada al tema, que incluso promoverá un recurso judicial para dejarlo sin efecto.
La ley de empaquetado plano fue votada en 2018 a instancias de Tabaré Vázquez en el marco de una serie de políticas restrictivas sobre el consumo de tabaco y –según la industria y el gobierno– provocó un aumento del contrabando debido a la brecha en los precios y la imposibilidad de diferenciar las cajas y cigarros.
Pese a esto, no hay cifras que permitan saber de qué tamaño es el mercado ilegal. El gobierno no tiene cifras oficiales que permitan dimensionarlo y la decisión –como reconoció el presidente– se basó en el pedido de Montepaz para poder disminuir costos e identificar falsificaciones.
Ya desde la discusión del proyecto, hace cinco años, oficialismo y oposición hablaron de que el contrabando representaba alrededor del 30% del mercado. El porcentaje surge de encuestas de Cifra, que señalan que en 2020 el 36% de los cigarros fueron comprados en el mercado ilegal. A pesar de que incluso el ministro de Industria, Omar Paganini, habló en Azul FM de incremento, la serie de Cifra señala que el número es el mismo que en 2016.
Si bien esta encuesta ha tenido el carácter de oficiosa y se transformó en vox pópuli, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó en 2017 la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS, por su sigla en inglés) que señaló que el consumo de cigarros de contrabando se ubicaba en 17,65%. Esta misma encuesta había establecido en 2009 que el comercio ilícito representaba el 15,3% de todo lo que se fumaba en el país.
El director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, se preguntó en una entrevista con El Observador de dónde surgían las estimaciones que se estaban manejando y opinó –haciendo el gesto de alguien que levanta un dedo para ver en qué dirección va el viento– que “muchas cosas que se dicen no tienen respaldo”.
El combate al contrabando es una de las prioridades de Aduanas. En los últimos cuatro años se realizaron 712 incautaciones por un valor de US$ 3 millones. Una investigación del MSP en 2019 concluyó que en Montevideo se vende seis veces más de lo que se requisa en todo el país.
Más allá de estos datos, la venta de cajas de cigarros de forma legal viene bajando sostenidamente desde el 2004, de acuerdo con datos de la Dirección General Impositiva procesados por El Observador. En el último año del gobierno de Jorge Batlle los uruguayos se fumaron más de 154 millones de cajas de 20, mientras que en 2021 la cifra se ubicó en 91 millones, lo que representa una baja de 63 millones en las ventas.
El tabaco, en tanto, se mantuvo estable: en 2004 se vendían 20 millones y en 2021 se vendieron 19 millones.
Uno de los argumentos principales que utilizaba Vázquez para señalar el éxito de la política antitabaco refería a la baja en la cantidad de fumadores.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas, que realiza la Junta Nacional de Drogas, el consumo de tabaco –medido por quienes fumaron al menos un cigarro en el último mes– bajó de 31,8% en 2006 a 27,9% en 2018 (el último dato disponible).
Esa disminución fue provocada por una campaña agresiva en contra del consumo y un aumento sostenido en el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los cigarros y el tabaco hasta representar el 70% del precio de venta al público. En 2005 una caja valía $ 35 y ahora cuesta $ 190. Ese incremento provocó que la recaudación de la DGI por este impuesto pase de $ 2 mil millones en 2004 a $ 7 mil millones el año pasado. Mientras que Vázquez subía el Imesi año a año por encima de la inflación, Lacalle Pou ha decidido incrementarlo pero por debajo.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, defendió en el Parlamento la modificación y aseguró que la política antitabaco se va a respetar “in totum”. “Quiero dar las garantías de que un envase flexible no hace a una política flexible. La política se va a mantener totalmente”, dijo y agregó que el nuevo decreto incluía la posibilidad de procesar por receptación a los contrabandistas. Este delito tiene de seis meses de prisión a diez años de penitenciaría.
Además de Salinas, quien defendió los cambios fue el director general de la Salud, Miguel Asqueta, que a su vez es expresidente del CIET, una de las principales organizaciones contra el tabaquismo. El jerarca dijo que el gobierno seguiría “profundizando la trazabilidad de los productos” y reconoció que el contrabando se daba no solo en ferias y parques, sino también en “comercios y almacenes habilitados legalmente, que pagan impuestos al BPS y a la DGI”. “Lamentablemente, en muchos de esos lugares se pueden encontrar esos productos, aunque quizás no estén a la vista del público”, expresó.
El MSP es el responsable de controlar que los comerciantes cumplan con lo dispuesto por la Ley de Control del Tabaquismo aunque en estos dos años sus fiscalizadores estuvieron dedicados al combate a la pandemia. La idea es incrementar los controles ahora que cesó la emergencia sanitaria.
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