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Compras directas en el Estado, una herramienta de urgencia de la que se abusa

Esta modalidad abre un camino más rápido que la licitación, pero hay quienes se exceden para evitar la burocracia y los controles

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05 de marzo de 2018 a las 05:00

Después de que un tornado azotara Dolores (Soriano) en abril de 2016, el gobierno tuvo que recurrir a la modalidad de contrataciones directas por la vía de la excepción para empezar a arreglar todo lo que los fuertes vientos habían destruido. Así compraron chapas, se adjudicó la refacción de uno de los liceos a una empresa privada y se construyeron viviendas para las familias que se habían quedado en la calle. La compra directa, que es más rápida que una licitación pública, es de mucha ayuda en situaciones de urgencia, pero también hay casos en los que los organismos del Estado abusan de ella.

El principal beneficio de la compra directa es el monto que se puede gastar, que permite adquirir bienes y servicios chicos sin la burocracia que implica una licitación. En 2018 los entes públicos están habilitados a contratar hasta por $436 mil anuales sin abrir un llamado. Si lo que tienen que comprar excede ese monto, están obligados a licitar, salvo que la situación lo amerite y se pueda recurrir a una compra por la vía de la excepción, que autoriza hasta $1.307.000.

Tinta para impresora, gasas, bandejas de aluminio, caños, microondas, pasajes al extranjero, juguetes, barbacoas, entre otros productos, son los que el Estado compra a través de esta modalidad. También contrata servicios de vigilancia, de limpieza, de conserjería y de mantenimiento. De las 64.671 adquisiciones que los organismos públicos hicieron en 2017, 60.344 (93%) fueron compras directas, según datos de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.


El ministro del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) Álvaro Ezcurra dijo a El Observador que tiene sentido que la mayoría de las compras del Estado se procesen a través de esta modalidad, ya que hay "muchas compras chicas" que los organismos tienen que hacer prácticamente todos los días. En el caso de los alimentos perecederos, por ejemplo, explicó que las compras directas por montos menores a los de una licitación ayudan a mejorar la eficiencia del Estado. "Siempre les pedimos a los ordenadores del gasto que planifiquen el año. Pero hay veces que es mejor comprar por menos dinero y no tener que tirar comida", sostuvo.

Si bien Ezcurra señaló que esta modalidad de adquisición "es una gran herramienta" y está prevista en el Tocaf (manual de contrataciones estatales), reconoció que hay veces en las que se usa con "fines espurios" porque no hay competencia entre ofertantes.

Observadas

Del total de adquisiciones que el Estado realiza por año, Ezcurra informó que el 10% son observadas por el Tribunal de Cuentas. Este llamado de atención significa que algo no estuvo bien durante la adjudicación. Hay faltas menores -como que el expediente llegue al tribunal después de que la empresa empezara a brindar servicios- hasta faltas mayores, como adjudicar a través de compra directa a la compañía de un amigo o familiar.


También hay organismos que prácticamente no tienen observaciones del Tribunal de Cuentas, como el Banco Central del Uruguay, y otros que casi todos los meses reciben llamados de atención por violar distintos artículos del Tocaf, como la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Una de las últimas observaciones que recibió ese organismo fue en octubre de 2017, cuando el Tribunal cuestionó la contratación directa de exámenes clínicos en el Hospital Español.

El monto adjudicado fue de $ 24.797.004 (US$ 827 mil) y uno de las objeciones que recibió ASSE fue que esa cantidad de dinero ameritaba una licitación pública. También le cuestionaron la falta de argumentos para contratar de forma directa a la empresa Centro de Diagnóstico Paraclínico.

El Tribunal objetó que ASSE hubiera fraccionado el gasto sin fundamentos. Ezcurra explicó que hay organismos que utilizan ese mecanismo para dividir el total anual y así no llegan al monto que obliga a realizar una licitación pública.


El Ministerio de Economía también recibió observaciones del Tribunal de Cuentas en el último tiempo por compras directas infundadas. El Observador informó que la agencia de publicidad Amén fue contratada por la cartera por US$ 150 mil. La empresa realizó una campaña de comunicación sobre los "beneficios" de la inclusión financiera.

El Tribunal dijo que ese monto debía ser licitado y, como argumento para saltearse esa instancia, el ministerio adujo motivos de "urgencia". El proceso no terminó de convencer a la contadora delegada que trabajó en el caso, que observó el gasto en primera y segunda instancia.

Amén fue contratada por otros organismos públicos, como el Ministerio de Salud Pública (MSP). En esa cartera le compraron servicios de forma directa por casi US$ 500 mil en 2016 y 2017. El diputado del Partido Nacional Martín Lema realizó un pedido de informes para conocer cuál fue la intervención del Tribunal de Cuentas en esta contratación. Fuentes del MSP dijeron a El Observador que muchas de las campañas de comunicación del ministerio no podían "esperar el año que lleva hacer una licitación" y por eso recurrieron a la compra directa.


En el Ministerio de Transporte (MTOP) también se contrató a Amén, pero en este caso fue por licitación. La agencia trabajó con la cartera entre 2012 y 2015 por un monto de US$ 100 mil, cuando no había sido la oferta más barata. El diputado del Partido Nacional Juan José Olaizola presentó un pedido de informes para saber cuál fue el veredicto del Tribunal al respecto. "Llama la atención que esta agencia haya sido contratada reiteradas veces por distintos organismos del Estado", dijo.

Uno de los directores de Amén, Julián Kanarek, afirmó a El Observador que si bien se presentaron a varios llamados, muchos no los ganaron. Además de los ministerios, la agencia trabajó con Presidencia, la Intendencia de Montevideo y Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico).
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