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Condenan a suboficial involucrado en muerte de un preso en el Penal de Libertad y acusan a exjerarca

La fiscal Sonia Pritsch presentó la acusación contra el jefe de servicio de la cárcel cuando se desarrolló el motín que terminó con el asesinato, en octubre de 2018
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03 de agosto de 2020 a las 17:49

A pedido de la fiscal Sonia Pritsch, la Justicia condenó a uno de los tres funcionarios del Penal de Libertad imputados por participar en la represión a un motín desatado el 10 de octubre de 2018, tras el que murió un recluso debido a un disparo a corta distancia realizado por la guardia policial. Luego de un acuerdo con la defensa, el hombre fue penado con cinco meses de prisión domiciliaria y otros 15 que cumplirá en régimen de libertad vigilada por abuso de autoridad y omisión de asistencia, según dijeron a El Observador fuentes judiciales.

El condenado, un suboficial del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), supo desde un primer momento que la víctima, el recluso Carlos Alberto Núñez Santos, se estaba desangrando luego de sufrir el disparo y no hizo nada para asistirlo, de acuerdo a la indagatoria de la fiscalía.

Pritsch también presentó este lunes la acusación contra otros dos implicados en el caso: un comisario que era jefe de servicio de la cárcel y un agente que participó del operativo, quienes deberán defender su inocencia en un juicio oral.

El exjerarca fue acusado por la fiscal como coautor de un homicidio a título de dolo eventual, en la modalidad de comisión por omisión, y de un delito de abuso de autoridad contra las personas privadas de libertad, además de omisión de asistencia.

Pritsch solicitó a la Justicia que este hombre cumpla una pena de ocho años de cárcel, señalaron las fuentes del caso.

Respecto al otro responsable en el caso, el agente policial, la fiscal lo acusó también de un delito de abuso de autoridad con omisión de asistencia, y pidió una pena de 23 meses de prisión efectiva.

La versión falsa y la destitución

El exjefe de servicio del penal, para el que la fiscal pide ahora ocho años de cárcel –y con antecedentes por desobedecer órdenes dentro del INR y ejercer la autoridad en forma arbitraria– fue quien entonces dio una versión falsa al que en ese momento era el director del sistema carcelario, Gonzalo Larrosa, hoy a cargo del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional.

El acusado dijo a su superior que Núñez había muerto apuñalado por otro interno. Siguiendo la cadena de mando, Larrosa transmitió esa información primaria a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, que en esa fecha estaba encabezado por Eduardo Bonomi. Fue así que el director del INR fue la fuente de una versión apócrifa que se mantuvo semanas publicada en el sitio web oficial, hasta que el 29 de noviembre de 2018 se conoció un informe del comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, que dio a conocer la muerte del interno en manos de la guardia del penal.

Ese informe daba cuenta de que Núñez había sido víctima en realidad de un disparo efectuado "innecesaria e irregularmente cuando se encontraba indefenso y sin posibilidad alguna de agredir a nadie". La muerte del interno, que estaba con las manos en alto al momento de recibir el disparo, era inminente porque estaba perdiendo mucha sangre: un proyectil diseñado para ser disparado en barricadas contra muros u objetos contundentes había entrado en el bazo.

Núñez murió luego de más de una hora de agonía. "Fue el último interno en ser atendido esa noche cuando terminaron los incidentes, perdiéndose toda posibilidad de atención. Murió al llegar al centro médico del penal”, había escrito Petit en su informe. Al otro día de presentadas esas conclusiones, Larrosa fue destituido. 

En paralelo a la investigación del comisionado, la fiscalía de la ciudad de Libertad ya indagaba el caso. El Ministerio Público tuvo a su disposición más de cinco horas de grabación de una de las cámaras Go Pro que llevaban algunos de los policías que actuaron repeliendo el motín, y decenas de testigos para interrogar, entre funcionarios policiales y reclusos.

Pero la investigación presentó varias dificultades. Por ejemplo, las declaraciones no contribuían a esclarecer lo ocurrido, y tanto las imágenes como los audios que registraron el enfrentamiento eran caóticos, por lo que no era posible –y de hecho no se logró ni se va a lograr– determinar responsabilidades individuales en el asesinato: es decir, quién fue específicamente la persona que disparó a pocos metros de distancia contra el recluso Núñez, o quiénes lo patearon en el suelo, cuando la víctima agonizaba.

A todo eso se agregaba que por las características del proyectil no letal que mató al recluso no había forma de saber de qué arma había sido disparada, como sí ocurre con las balas regulares.

Lo único que se sabía, por las pericias de la escena del crimen, era que al menos 15 policías habían disparado durante la represión del motín.

Al frente del caso estuvieron cuatro fiscales, que por licencias médicas o traslados fue pasando de manos. Comenzó a cargo de Césare Cingia, luego siguió Raúl Iglesias –hoy en la fiscalía de Artigas–, y finalmente quedó Nidia Morosini. Sin embargo, como continúa la vacante por la licencia médica de Cingia solicitada en diciembre de 2018, por motivo de la sobrecarga de trabajo fue Pritsch quien se hizo responsable del juicio oral.

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