Cuatro de las cinco personas acusadas por el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci, cometido en mayo pasado en una playa colombiana donde estaba de luna de miel, fueron condenados a 23 años y seis meses de prisión en Colombia.
La condena fue dictada por un juez de la ciudad de Cartagena que no fue identificado en las crónicas publicadas hoy con fotos de la audiencia.
Los condenados fueron cinco y con idénticos cargos de asesinato y portación ilegal de armas, ya que según la justicia todos tuvieron idéntica responsabilidad en la ejecución del “plan criminal”.
La condena judicial llega con fulgurante rapidez apenas 14 días después de la captura de los sospechosos y a sólo 49 días del crimen, en vísperas del balotaje presidencial que ocupa las primeras planas.
El pedido inicial de la fiscalía era de 47 años de pena y el juez la rebajó a la mitad porque los acusados confesaron el delito, lo que fue considerado una colaboración con la justicia que ameritaba una pena más benigna.
En cambio, denegó el pedido de cárcel domiciliaria que hicieron las defensas, por lo que cumplirán la pena en prisión.
El crimen fue cometido el 10 de mayo en la playa colombiana de Barú, un paradisíaco lugar de arenas blancas al sur de Cartagena de Indias, donde el fiscal Pecci, a cargo de las investigaciones sobre lavado y narcotráfico en Paraguay, pasaba su luna de miel con su esposa en un hotel.
Dos asesinos bajaron de una moto de agua a la playa y uno lo ejecutó de varios disparos luego de que supuesta bañista lo marcara levantando los brazos.
Apenas 23 días más tarde, el 3 de junio, el propio presidente colombiano Iván Duque anunció el esclarecimiento del caso con la captura de cinco presuntos asesinos, que el 6 de junio aceptaron ante la justicia su responsabilidad y llegaron a juicio dos semanas más tarde.
Según la prensa local, el juez aceptó plenamente la investigación de la fiscalía, que “con datos contundentes, explican toda la planeación y la ruta criminal que ejecutaron los procesados” y el rol específico que jugó cada uno de ellos.
De acuerdo con las crónicas, el venezolano Wendre Still Scott Carrillo fue identificado como el sicario del fiscal paraguayo y único portador de armas mientas Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, responsable del transporte y la logística el crimen; Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, involucrados en los seguimientos.
Al detallar el “plan criminal”, el juez aplicó a todos idéntica responsabilidad ya que el solo hecho de que la mujer levantara los brazos y se ubicara a la orilla del mar para que los sicarios pudieran ubicar el sitio en el que estaba la víctima, “fue un aporte importante para cometer el crimen”.
Un quinto condenado, Francisco Luis Correa Galeano, acusado de ser uno de los articuladores del crimen, se declaró inocente.
En tanto, el venezolano Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, acusado de llevar la moto de agua en que se transportaban los asesinos, continúa prófugo.
Los asesinos habrían cobrado 2.000 millones de pesos colombianos por su tarea, según confesaron, y serán testigos en los juicios que haya dado que la investigación no se considera concluida.
Todos manifestaron arrepentimiento y pidieron perdón por lo hecho al pronunciar las últimas palabras antes de la condena.
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