Nacional > Suprema Corte de Justicia
Confirman condena contra el escribano que labró el acta del remate de aviones de Pluna
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la condena contra Pablo Seitún, el escribano que se encargó de labrar el acta del remate de los siete aviones de Pluna que se realizó el 1º de octubre de 2012. El profesional había sido procesado sin prisión en diciembre de 2013, por lo que pagará la condena con libertad condicional.
El acta de aquella subasta daba fe de que "el mejor postor" era Antonio Sánchez, conocido luego como "el caballero de la derecha" –así lo llamó el rematador–. Con su proceder, el escribano ocultó el primer nombre y el primer apellido del interesado, Hernán Antonio Calvo Sánchez, quien ofreció en esa oportunidad US$ 137 millones por las siete aeronaves, en representación de la empresa Cosmo Líneas Aéreas S.L., que resultó ser una mera fechada.
Con la intervención de Calvo Sánchez, quedó oculta para sociedad el vínculo de este hombre con el empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus, compañía para la cual aquel había trabajado. Además, Calvo Sánchez era el padrino de uno de los nietos de López Mena.
En un primer momento, Seitún había sido absuelto por un fallo de primera instancia el 10 de setiembre de 2018 –redactado por el juez Tabaré Erramuspe– y luego por el Tribunal de Apelaciones de 1º Turno, en un fallo del 21 de junio de 2019. Sin embargo, el máximo órgano del Poder Judicial zanjó ahora que en esos fallos se "aplicó erróneamente los artículos 130 y 177 del Reglamento Notarial y, por esa vía, realizó una errónea calificación del proceder del escribano Seitún", tal como consta en la sentencia a la que accedió El Observador.
La Corte recogió –parcialmente– los argumentos de la Fiscalía, que señalaban que "Seitún excedió el mero error y demostró su intencionalidad: identificar falsamente al representante del oferente".
El Ministerio Público también había sostenido que "el escribano Pablo Seitún certificó falsamente la identidad del representante del oferente y que en el remate de los aviones Bombardier de Pluna hubo varias pujas y ofertas, cuando solo hubo una", lo que también está indicado en el fallo.
"Antes bien, el escribano al labrar un acta de constatación debió, sin excepciones, consignar la verdad de lo que vio. En definitiva, es ilógica la valoración de la Sala y contraria al principio de veracidad que rige la actuación notarial", expuso la Fiscalía, y agregó: "Es absurdo sostener que no hay pautas claras que rijan la actividad notarial cuando de lo que se trata es de labrar un acta de constatación de un evento concreto como una subasta".
El dictamen de la SCJ contó con la aprobación de su presidenta, Bernadette. Minvielle, y de los ministros Elena Martínez, Luis Tosi y Tabaré Sosa, pero contó con el voto discordante del ministro Eduardo Turell.
Antecedentes
El primer fiscal que estuvo a cargo del caso fue Juan Gómez –hoy fiscal de Homicidios–. A su solicitud, la jueza Adriana de los Santos había procesado sin prisión a Seitún el 23 de diciembre de 2013. "No hay una afirmación de una mentira, sino de un error en la confección, como explicó plausiblemente el encausado", expresaba el fallo del tribunal de apelaciones. Agregaba que en el análisis del caso quedó claro "el apuro del enjuiciamiento que se sustentó en sospechas, elucubraciones, sobreentendidos y desconocimiento de la ley notarial".
El mismo camino judicial –por todo el asunto de Pluna– recorrió Fernando Calloia, el expresidente del Banco República que fue procesado por abuso de funciones el mismo día que Seitún. Hoy está condenado por un fallo de segunda instancia y también espera el pronunciamiento de la SCJ.
Aquel 23 de diciembre de 2013 también fue procesado sin prisión por abuso de funciones el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que resolvió no apelar el fallo sino demostrar su inocencia durante el juicio, aunque fue condenado en el mismo fallo que Calloia y decidió no recurrir ante la Corte.
La SCJ declaró entonces que el fideicomiso creado por el gobierno para rematar los aviones era inconstitucional. Los aviones finalmente se vendieron a la mitad del precio que se hubiera obtenido en el remate en noviembre de 2014: US$ 70,3 millones.
