El Tribunal de Apelaciones Civil de 3º Turno confirmó este miércoles el fallo de primera instancia que condenó al Estado a pagar un aumento salarial de 26% a un grupo de 3.800 funcionarios judiciales, lo que totaliza cerca de US$ 50 millones.
En marzo del año pasado, la jueza civil Beatriz Tomassino hizo lugar al reclamo promovido por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y condenó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a pagar una actualización salarial derivada del aumento previsto en la ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica (2010-2015) para los magistrados a los que los funcionarios están legalmente "enganchados", lo que generó un extenso y complejo conflicto.
El Estado apeló el fallo, pero este miércoles la condena fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones Civil de 3º Turno, informó la AFJU en un comunicado. La sentencia de segunda instancia obliga a pagar solamente a la SCJ y excluye al MEF, aunque de cualquier modo los fondos deberían salir de Rentas Generales, informó a El Observador el secretario general del gremio, Carlos Fessler.
"Nosotros entendemos, en función de lo que nos dijeron nuestros abogados, que la Corte no tendría elementos para presentar un recurso de casación, por lo que ahora lo que quedaría es discutir los criterios de liquidación del fallo", dijo Fessler.
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