El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó la condena a diez años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez por haber asumido el poder de forma ilegal, tras la crisis que forzó la renuncia de su antecesor, Evo Morales, según un fallo conocido este sábado.
La máxima instancia judicial declaró "infundado" el recurso de casación que interpuso la exgobernante, de 56 años, frente a una sentencia de 2022.
De esta forma, "se mantiene incólume la sanción de 10 años de privación de libertad por el caso denominado Golpe de Estado II", confirmó en un comunicado la Procuraduría, que actúa como abogado del Estado boliviano.
Añez está detenida de manera preventiva en una cárcel de La Paz desde 2021, a la espera de varios procesos y juicios relacionados con las protestas de 2019 en las que murieron una treintena de personas, en su mayoría a causa de la represión de las fuerzas públicas.
De acuerdo con las acusaciones, la entonces segunda vicepresidenta del Senado violó las leyes de sucesión presidencial y terminó ejerciendo el poder de manera ilegal, lo que su defensa niega tajantemente.
Áñez reemplazó al entonces presidente Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de masivas y violentas protestas por un supuesto fraude en las elecciones de ese año.
El líder izquierdista indígena, que siempre ha rechazado esas acusaciones, buscaba la reelección para un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
Áñez ocupó la presidencia por un año después de que los llamados a suceder a Morales renunciaron uno tras otro, siguiendo los pasos del exmandatario.
No obstante el carácter inapelable de los fallos del Tribunal Supremo, la defensa de Áñez ya había anticipado que recurriría a la justicia internacional, ante la que ha denunciado como violaciones al debido proceso la detención de la expresidenta.
La Fiscalía, por su parte, consideró que la resolución judicial "obedece al estricto cumplimiento del debido proceso y al ideal de justicia de las víctimas de 2019".
A principios de este mes, dos exministros de Añez fueron condenados a dos años de prisión, tras aceptar su responsabilidad en un complot contra Morales.
Los exfuncionarios fueron condenados por los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, ambos conocían de un plan para forzar la caída de Morales y no lo denunciaron.
(Con información de AFP)
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