La Gremial Única de Taxis (Cpatu) autorizó a los trabajadores del taxímetro a defender sus puestos de trabajo en rechazo a Uber "como puedan y deban hacerlo", por lo que prevén que movilizaciones como la de este martes 31 de mayo en el centro de Montevideo continúen ocurriendo hasta que intervengan las autoridades municipales y de gobierno para controlar el tema Uber.
El martes, un gran número de taxis circularon en conjunto por la calle Uruguay en rechazo a Uber y dificultaron el tránsito. Mientras la manifestación ocurría, inspectores de la Intendencia de Montevideo (IMM) acompañados de la Policía de Tránsito, retiraron las chapas a un conductor de Uber que ya había sido rodeado por taxis a pocas cuadras de allí.
Cuatro días antes se realizó otra movilización por 18 de julio también de manera "espontánea". En ese caso se cortó el tránsito a la altura de la Intendencia de Montevideo. La movilización coincidió con la fecha elegida por un grupo de usuarios para hacer un paro y no utilizar los taxis en reclamo por la muerte de una pasajera y la inseguridad del servicio.
El presidente de la gremial, Óscar Dourado, dijo que taxistas seguirán realizando movilizaciones "espontáneas" en la medida en que no haya respuesta por parte de las autoridades para solucionar el tema Uber. Sin embargo, varios taxistas que participaron en el corte del tránsito del martes confirmaron a El Observador el dato que había publicado El País, según el cual la patronal les paga $450 la hora por participar de este tipo de manifestación. De ese monto, los empleados cobran el 29%.
Dourado dijo que no es la gremial la que convoca estas movilizaciones, pero aclaró que en la última asamblea de trabajadores él habilitó a los taximetristas a "defender su trabajo como puedan y deban hacerlo" porque no se ha encontrado eco en las autoridades.
Luego de la movilización del martes, la directora de movilidad de la IMM, Beatriz Tabacco, dijo a El Observador que, a diferencia de lo que se haría con un particular, la intendencia no puede multar a los taxis que cortan el tránsito ya que se trata de una actividad gremial.
Diversas leyes y normativa prohíben en Uruguay el corte de calles. Con respecto a los llamados "piquetes", un artículo del estudio Ferrere Abogados publicado en 2008 señala que "es ilícito toda vez que vulnere derechos fundamentales como la libertad de trabajo, de empresa, de circulación, de conciencia, el derecho a la propiedad y el libre ejercicio productivo de los bienes, a la igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica (Artículos 7, 8, 10, 32, 36 y 53 de la Constitución)". También se afirma que durante el desarrollo de esta medida "pueden configurarse ilícitos penales como el delito de violencia privada o amenazas (Arts. 288 a 290 del Código Penal) o incluso dependiendo de las circunstancias de hecho, el delito de asonada (Art. 145 del Código Penal)"
Por su parte, la gerente de Comunicación de Uber para el cono sur, Soledad Lago, dijo a El Observador que ante situaciones de violencia -como accidentes de tránsito, robos o incidentes con pasajeros u otros conductores- la empresa brindará asistencia inmediata "en el más amplio sentido" a los choferes que así lo soliciten.
Consultados sobre la posibilidad de tomar acciones legales con respecto a la multa y retiro de las chapas del conductor, desde la empresa afirmaron que "Uber no va a hacer la denuncia pero sí va a dar el apoyo en caso que el conductor decida hacerlo".
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