La Dirección Nacional de Aduanas incautó cigarros que venían de contrabando por un valor aproximado de US$ 3 millones en los últimos cuatro años en más de 700 operativos realizados en todo el país.
Las cifras fueron informadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado que señala que en lo que va de 2022 se realizaron 182 operativos que permitieron incautar cigarrillos por un valor de $28.229.848 (unos US$ 700 mil).
El informe señala que en 2021 hubo 177 operativos con incautación de cigarros por $25.734.668 (US$ 630 mil). En 2020 fue el año en que se produjeron menos operaciones pero se hallaron más cigarros, ya que el valor ascendió a $50.591.904 (US$ 1,2 millones).
Por último, en 2019 se hicieron 188 incautaciones pero solo se obtuvieron cigarros por un valor de $ 7.132.583 (US$ 175 mil).
Este jueves, funcionarios del área de Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) junto con trabajadores de Aduanas detuvieron una camioneta Fiat Fiorino en la ruta 7 a la altura del kilómetro 260 a la altura de Lavalleja con 620 mil cigarros procedentes de Paraguay y Brasil que estaban valuados en $6 millones.
La comunicación de Aduanas se produce algunos días después que el gobierno decidiera flexibilizar la normativa antitabaco con el objetivo de disminuir el contrabando. Los cambios habilitan la venta de cajas blandas –algo que era reclamado por Montepaz, que fabrica Coronado y Nevada, entre otros– y colocar marcas para distinguirlos.
La decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou fue rechazada por la oposición y varias organizaciones vinculadas a la lucha contra el tabaco mientras que fue defendida desde el oficialismo señalando que el cambio era demandado por la industria y los trabajadores.
“El ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y que atenta contra las políticas públicas de la administración en cuanto a su erradicación”, dice el decreto.
Por último, el documento señala que “con la finalidad de interrumpir dicha irregularidad en la cadena de comercialización”, se entiende necesario “mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda” e “identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables”.
Las autoridades justificaron los cambios a partir de una encuesta de Cifra contratada por Montepaz que en octubre de 2020 arrojó que el 36% de los fumadores uruguayos consumía cigarros ilegales.
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