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Control electrónico en rutas verificará exceso de velocidad: recaudación irá a obras
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas instrumentó una licitación pública internacional para la implementación de un sistema de fiscalización electrónica de tránsito, que verifique y eventualmente sancione el exceso de velocidad en las rutas nacionales.
Implicará la instalación de dispositivos en varios puntos de la red vial nacional, seleccionados específicamente para intentar “mejorar las condiciones de seguridad vial” y, así, “lograr una reducción significativa de fallecidos, lesionados y daños materiales” asociados a los accidentes de tránsito.
El adjudicatario recibirá un pago por disponibilidad. Así lo informó esa secretaría de Estado, en la respuesta a un pedido de informes efectuada por la bancada de senadores del Frente Amplio.
El plan, según el documento al que accedió El Observador, será ejecutado a través de la Corporación Vial del Uruguay (CVU), y surgió a través de una iniciativa privada presentada en abril del año pasado y que resultó aprobada por el Poder Ejecutivo.
El gobierno podrá así cumplir con lo previsto en el artículo 328 de la ley de Presupuesto aprobada a fines de 2020, que nunca pudo aplicar. Allí se habilita a la Dirección Nacional de Vialidad a aplicar multas por infracciones de tránsito por exceso de velocidad en las rutas nacionales, que deberán ser comprobadas mediante dispositivos de fiscalización electrónica.
La ley prevé que el 90% de los fondos recaudados deben ir al financiamiento de obras de infraestructura vial concesionadas por acuerdo entre el ministerio y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que será la administradora de esos recursos. El 10% restante irá a la compra de equipamiento en seguridad y mejora tecnológica, en acuerdo con el Ministerio del Interior. El Presupuesto habilitaba un fondo de US$ 25 millones anuales para implementar esta normativa.
La vulnerabilidad del Sictrac
En el documento elevado a los senadores el ministerio confirmó por parte la decisión definitiva de dejar sin efecto el Sistema Integral de Control del Transporte de Cargas (Sictrac), inicialmente previsto para efectivizar una mayor formalidad en el sector.
“Es un sistema bastante completo, pero tiene características de vulnerabilidad informática desde el operador”, afirmó la cartera como justificación.
El sistema fue impulsado por la administración anterior y, luego de varias prórrogas, el 27 de febrero de 2020, tres días antes de finalizar la gestión, se establecieron sanciones por incumplimiento. Sin embargo, durante la transición y apenas asumió, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, aseguró que no se fiscalizaría.
El 9 de marzo siguiente, Heber afirmó que se va a revisar en profundidad el sistema y que nadie iba a ser penalizado por no ajustarse al programa. "No va a ser exigible por ahora", dijo. Finalmente se derogó el decreto que establecía las infracciones.
El sistema establecía que los camiones deberán contar con un rastreo satelital que brinda en tiempo real información sobre el recorrido del vehículo, datos de la carga, origen y destino del viaje, itinerario, entre otro tipo de datos.
Como alternativa, Transporte analiza ahora la posibilidad de mejorar el control y la fiscalización con “métodos telemáticos no vulnerables”, que a su vez cuenten con certificación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
“Se están estudiando distintas iniciativas privadas llegadas al Poder Ejecutivo con el propósito de implementar sistemas de control que, en definitiva, aumentarían la formalidad y profesionalización en el sector, generando información sensible y útil para mejorar la política nacional del transporte”, se señaló. El sistema iba a ser obligatorio para las empresas con una flota mayor a 20 camiones. En el resto, su aplicación estaba pensada en forma escalonada.
La información fue ampliada este miércoles por el ministro José Luis Falero ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas de Diputados. Según sostuvo, la decisión de dejar de lado el proyecto partió de una doble definición, política y práctica.
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Por un lado, dijo, la determinación del gobierno de Luis Lacalle Pou de no seguir incrementando la carga tributaria sobre la población, tomando en cuenta que el sistema estaba pensado para financiar las rutas a través de su uso, a través del esquema “el que rompe paga”. Por otro, porque existían dificultades prácticas que volvían “imposible su instrumentación”.
A corto plazo, el ministro anunció que se comenzará a identificar concretamente por dónde transita la carga en las rutas. Se hará a través de un control satelital, para así garantizar la eficiencia en la obra pública.
En ese punto, el ministro aludió a la responsabilidad sobre los últimos gobiernos del Frente Amplio. “Construyeron obras de mala calidad por no tener presente qué es lo pasaba sobre las rutas”, aseguró. Según Falero, varias de las obras que venían del pasado período no se pudieron inaugurar ya que, antes de hacerlo, “ya estaban rotas”.
Por ejemplo, explicó, la Ruta 45, entre las Rutas 11 y 3. Un tramo que, según el ministro, “está detonado”. También la Ruta 23 en el tramo Ismael Cortinas - Flores y la Ruta 43 a la entrada de San Gregorio de Polanco. Esos sectores, dijo, “se hicieron con mezcla que se sabía que no iba a soportar”.
En el informe a los senadores, el ministerio admitió el impacto que tuvo en el plan de obras viales el decreto 90/020, que obligó a casi todo el Estado a reducir 15% sus inversiones. Así, en 2020 el ministerio tenía previsto invertir US$ 199 millones, pero terminó ejecutando US$ 66 millones menos.
Transporte de pasajeros
Falero fue consultado en la comisión por el apoyo estatal a las empresas de transporte de pasajeros ante los efectos de la emergencia sanitaria y la situación actual de ese sector. Según las cifras oficiales, desde el 1 de marzo de 2020 se derivaron allí US$ 192 millones, entre el subsidio tradicional y y los recursos cedidos específicamente para paliar la crisis provocada por la pandemia.
El ministro anunció que se recurrirá a una consultoría del BID a los efectos de poder contar con “datos actualizados” del sector, más allá de la información que habitualmente aportan las empresas.
Será así, dijo Falero, para tener la “certeza” de ser “justos” con el apoyo que se brinda a estas empresas, y así no basarse en datos que “muchas veces están desactualizados”.
