La semana pasada, la Corte Electoral recibió una nota de la organización Uruguay Transparente en la que denunciaban la violación al artículo 45 de la ley de partidos políticos. Ayer, la Corte decidió derivar la denuncia a la comisión de Asuntos Electorales, según informó a El Observador el presidente del organismo José Arocena.
Margarita Reyes, integrante de la comisión que tiene a estudio la denuncia, dijo que aún no hay una fecha definida para tratar el asunto. Tampoco supo explicar si es pertinente sancionar tanto a los partidos políticos que recibieron las donaciones, como a las empresas que las realizaron e informó que se encuentran estudiando la ley Nº 18.485.
Uruguay Transparente decidió ir a la Corte Electoral luego de que el portal Sudestada les enviara la nota en la que informaban que los empresarios, titulares del grupo Eurnekian y de Techint, habían donado dinero a los partidos políticos en las elecciones de 2009 a pesar de que la ley lo prohíbe por ser beneficiarios de licitaciones estatales y luego volvieron a ser beneficiados con nuevas licitaciones.
Previo a presentar la denuncia, dos integrantes de Uruguay Transparente, entre los que se encontraba Cribari, se reunieron con el presidente de la Corte Electoral, quien les informó que pondría en marcha un mecanismo de investigación.
Sin dinero para actuar de oficio
La ley establece que ante casos en los que empresas con concesiones de obras públicas donen dinero a partidos políticos, la Corte Electoral puede actuar de oficio para sancionarlos ya que está expresamente prohibido. Sin embargo, en los hechos la Corte no tiene el presupuesto necesario para hacerlo.
“No tenemos con qué hacer el estudio particular de toda la documentación de todos los partidos y de todas las listas. El Parlamento no ha dotado a la Corte Electoral del presupuesto necesario para actuar de oficio”, dijo a El Observador Gustavo Silveira, ministro de la Corte Electoral en representación del Partido Colorado. Salvo el presidente que es independiente, todos los ministros de la CE son representantes de los partidos políticos.
Agregó: “No tenemos los recursos necesarios como para organizar una infraestructura que nos permita tener un contralor propio de esta situación. Ante la inexistencia de recursos humanos y materiales para llevarlo adelante, esto no se puede hacer porque (la Corte) no tiene con qué hacerlo”.
Según Silveira, aunque la ley establece que sí pueden actuar de oficio, en la práctica es la ciudadanía la que ejerce el contralor. “Si tuviéramos los recursos para actuar de oficio por supuesto que habríamos estructurado un departamento de contaduría con un equipo reforzado. Pero eso no es lo que tenemos hoy en día. Por ese motivo, la Corte Electoral recolecta los datos y los publica y el contralor lo hace la ciudadanía que tiene acceso público”, dijo.
En la ley está establecido que cada partido debe crear una comisión de campaña que tiene la obligación de presentar una rendición de cuentas donde se especifique qué empresas donaron. Luego, la Corte hace públicos esos datos.
En las elecciones del próximo 26 de octubre la Corte Electoral utilizará el viejo aeropuerto para hacer el conteo de los votos, según anunció el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a principio de mes. El aeropuerto reemplazará al Cilindro, a dónde se llevaban las urnas antes y que fue derrumbado.
Puertas del Sur, empresa de los Eurnekian, que operará el Aeropuerto Internacional de Carrasco hasta el 2033 entregará al Estado la terminal vieja, según informó el portal Sudestada. Luego de las elecciones, el Ministerio de Defensa trasladará allí sus dependencias. Puertas del Sur, por su parte, realizará inversiones de más de US$ 131 millones y desembolsará 23,5 millones cuando firme la prórroga de la concesión. De esa suma, US$ 20 millones se destinarán al Ministerio de Economía y Finanzas y US$ 3,5 millones al Ministerio de Defensa.Deberá pagarle al Estado más de US$ 74 millones, que desembolsará dentro del período de la concesión que se amplió (del 2023 al 2033). Ese dinero se destinará al Fondo de Fomento de Turismo. La empresa mejorará la infraestructura del aeropuerto, para lo que invertirá más de US$ 30 millones. Por último, otros US$ 3 millones serán destinados para rediseñar el espacio aéreo uruguayo.
