"Hay una falacia en el manejo de esa información, porque la inversión en marketing es pública. Antel publica sus balances, que son auditados. La operación es auditada todos los años, cualquiera puede saber lo que gastaba en marketing durante todos los años”, dijo la candidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse entrevistada por Informativo Sarandí este viernes.
El 13 de agosto pasado, el presidente Gabriel Gurménez resolvió “disponer la desclasificación de la información reservada referente a gastos publicitarios, auspicios, eventos promocionales, finalizados antes del 31 de diciembre de 2019”.
En el siguiente punto de la resolución afirmó que se mantiene “la confidencialidad de los acuerdos oportunamente suscritos que así lo establezcan”.
Antel argumentó que se entiende “pertinente desclasificar la información vinculada a gastos publicitarios, auspicios y eventos promocionales” porque la ley 18.381 promueve “la transparencia de la función administrativa de todo organismo público y garantizar el derecho fundamental de las persons al acceso a la información pública”. Aclaró también que dar a conocer información referida a compras o contrataciones publicitarias ya realizadas y finalizadas antes del 31 de diciembre de 2019, “no genera pérdida de ventajas competitivas a Antel”.
Leonardo Carreño
Cosse dijo este viernes en Sarandí, sin embargo, que “se abrió ahora el destino de las inversiones (...) Quiero ver cómo le va a Antel ahora en una fuerte competencia, abriendo el destino de sus inversiones en marketing y reduciendo 30% sus inversiones. No me imagino a Nike abriendo su estrategia empresarial”, señaló sobre lo que era considerado “reservado”.
Los orígenes de la reserva
La resolución de Gurméndez que desclasifica la información hace referencia a otras dos resoluciones que habían declarado reservada la información: una del 4 de noviembre de 2009, firmada por María Simon; y otra del 6 de julio de 2012, firmada por Cosse.
La primera de esas resoluciones dispuso declarar como reservada toda la información que pudiera afectar a Antel en su competencia de hecho o de derecho en el mercado de las telecomunicaciones, y en la segunda, se clasifica información.
Esta última resolución, informó que en 2011 se tramitaron solicitudes de acceso a la información pública y se delegó en el Gerente General la facultad de declarar reservada la información.
Además se amparaba en “la situación competitiva en el sector telecomunicaciones” y en “la existencia de un riesgo razonable de daño para Antel en caso de difusión de información relativa a su negocio”.
La resolución establecía que “todo documento o expediente generado o producido a partir de la notificación de la presente resolución estará sujeto al análisis respectivo, y de resultar riesgosa su divulgación, deberá ser clasificada como información total o parcialmente reservada, mediante resolución fundada”.
Además, delegaba en la secretaría general, gerencia general y subgerencias generales y gerencias de división las facultades de clasificación; y delegaba en la secretaría general y gerencia general las atribuciones de resolver, previo análisis, sobre las peticiones de acceso a la información.
En base a esa resolución, la gerencia de División Gestión de Segmentos emitió una resolución declarando como reservada “por diez años” la información detallada en un anexo que incluía 27 items entre los que figuraban: la información de planes de negocios; planes de marketing; presupuestos de gastos; planes de medios ya elaborados; planes de inversión; la información relacionada con eventos promocionales; la información relacionada con los portales web, las redes sociales y los canales telefónicos; estrategias de mercado, entre otros.
El 27 de setiembre de 2018, La Diaria informaba que al cumplirse diez años de la aprobación de la Ley 18.381, de acceso a la información pública, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) evaluaba la marcha de la ley y expresaba la preocupación frente a una serie de negativas de la administración pública a proporcionar información, entre las que figuraban Presidencia de la República; la la Administración Nacional de Correos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Antel.
El 23 de agosto de 2018, la presidencia de Antel rechazó al entonces senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, un pedido de acceso a la información pública en la que pedía conocer la resolución de adjudicación de los contratos del complejo Antel Arena, el contrato celebrado con la empresa adjudicataria, las resoluciones del directorio de Antel por las que se aprueban modificaciones o ampliaciones a dichos contratos, y el monto abonado a cada una de las empresas adjudicatarias, amparado en que esa infornación estaba reservada .
Mieres planteó entonces a la Unidad de Acceso a la Información Pública que la información “no puede ser clasificada como ‘información reservada’, en tanto se trata de contrataciones realizadas por un organismo del Estado, con dineros públicos, la que por su propia naturaleza debe ser pública y accesible a todos los ciudadanos”. l
