CovaxinGate: Bolsonaro está envuelto en un escándalo por la compra de vacunas, su "primera gran bomba"

La factura de US$ 45 millones, por tres millones de dosis de la vacuna Covaxin contra el coronavirus del laboratorio indio Bharat Biotech, aterrizó el 18 de marzo en el escritorio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud de Brasil.

La vacuna aún no había sido entregada. Pero lo que intrigó al jefe Miranda, que se negó a autorizar su pago, fue que el contrato (por un monto total de US$ 300 millones) al que correspondía esa factura no mencionara a Madison Biotech, la empresa singapurense que la envió.

Hubo varias señales de alerta, según el jerarca, quien testificó el viernes ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada hace dos meses por el Senado para determinar las responsabilidades del gobierno en la gestión de la pandemia, que ya se ha cobrado más de 500 mil vidas en Brasil.

La operación se consideró extraña dado que Bolsonaro, quien regularmente se burla de los consejos de expertos sobre la pandemia, había rechazado anteriormente ofertas de vacunas más baratas y efectivas.

Miranda contó que recibía llamadas de sus jefes a todas horas, ejerciendo lo que él llamó una presión "atípica y excesiva", para aprobar la transacción. Pronto surgieron otras irregularidades en el acuerdo y el gobierno acabó por cancelar la operación.

Según el diario O Estado de São Paulo, Bharat Biotech inicialmente cotizó la dosis del inmunizante a US$ 1,34, pero Brasil acordó pagarla a US$ 15, más que por ninguna otra vacuna que haya comprado.

Miranda planteó sus preocupaciones a su hermano, el diputado Luis Miranda, partidario de Bolsonaro, quien supuestamente recibió a ambos el 20 de marzo en su residencia en Brasilia.

Según la versión de los hermanos Miranda ante la CPI, Bolsonaro les aseguró que transmitiría el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca hizo y puede llevar esta semana a la CPI a denunciar al mandatario ante la Fiscalía por "prevaricación". 

La oposición convocó protestas el miércoles y el sábado, para reclamar un impeachment del jefe de Estado. Y este lunes, tres senadores brasileños presentaron una demanda ante la corte suprema para que se investigue si el presidente Jair Bolsonaro cometió crimen de "prevaricación" al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de vacunas contra el covid.

Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), instalada hace dos meses para indagar en presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.

"Hoy he registrado una demanda ante el Supremo Tribunal Federal debido a una grave denuncia de que el presidente de la República no tomó ninguna medida tras haber sido informado de un gigantesco esquema de corrupción existente en el Ministerio de Salud", afirmó Rodrigues en un video.

"La prevaricación es un crimen inscrito en el Código Penal. Por eso consideramos necesario que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la Fiscalía General instauren un proceso de investigación".

Una denuncia de ese tipo tiene el potencial de provocar la destitución de Bolsonaro (si es aprobada por la Fiscalía y votada en la Cámara), aunque los analistas consideran poco probable que el Fiscal General, Augusto Aras, considerado un aliado de Bolsonaro, acepte formular cargos contra el mandatario de ultraderecha.

La trama se complica

Según el congresista Miranda, en la reunión del 20 de marzo, Bolsonaro expresó preocupación por el impacto político del caso y su sospecha sobre el autor del esquema.

"'Si interfiero con esto, sabés qué tipo de mierda va a provocar. Este debe ser un trato de Fulano de Tal'", contó el diputado Miranda.

Presionado por los senadores para identificar a "Fulano de Tal", el congresista insistió en que no lo recordaba, hasta que, al borde de las lágrimas, acabó por revelar el nombre: Ricardo Barros, un poderoso diputado que encabeza la bancada progubernamental.

"Me van a perseguir. Ya lo perdí todo. Sé lo que me va a pasar", dijo Miranda, quien había llegado a la sesión con chaleco antibalas.

"Primera gran bomba"

Barros, un exministro de Salud, negó haber cometido cualquier ilegalidad, al igual que Bolsonaro, quien alega que el contrato al final se canceló y acusa a los hermanos Miranda de una campaña de desprestigio contra él. 

"Fue la primera gran bomba" que salió a la luz en los dos meses de trabajo de la CPI, dijo a la AFP Geraldo Monteiro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. 

"Habíamos tenido testimonios que mostraban la negligencia y el negacionismo del gobierno, pero nada realmente serio que pudiera llevar a un juicio político al presidente", agregó.

La investigación parece moverse así hacia el ámbito criminal, aunque los observadores consideran poco probable que el Fiscal General, Augusto Aras, aliado de Bolsonaro, pida la apertura de una indagatoria en la corte suprema.

El problema más inmediato para el presidente, en fuerte caída de popularidad, es Barros. Si lo protege, Bolsonaro arruinará la plataforma anticorrupción que lo ayudó a ganar la presidencia en 2018. Si lo abandona, corre el riesgo de romper su alianza con el Centrão, un heterogéneo grupo de partidos conservadores especializados en negociar ventajas presupuestarias. Esa alianza ha protegido al presidente de la apertura de algunos de los más de 100 pedidos de juicio político que se acumulan en su contra en la Cámara de Diputados.

"Barros podría comenzar a presionar a su partido para que rompa con Bolsonaro, en un momento en que Bolsonaro está perdiendo popularidad y el impulso del juicio político cobra fuerza", dijo el abogado especialista en derecho público Michael Mohallem. 

Esperando un desenlace del enredo, en las redes sociales se ha popularizado el hashtag #CovaxinGate. Y un mensaje se ha vuelto viral: "Covaxin es tan fuerte que va a derrocar a Bolsonaro".

AFP