El costo del juicio que ANCAP perdió en la justicia de lo Contencioso Administrativo por el que deberá pagarle a la multinacional Exor US$ 7 millones si se tienen en cuenta los intereses, podría haber sido reducido a la mitad si el actual directorio del ente, liderado por su presidenta Marta Jara, hubiera abonado los US$ 3,1 millones que el directorio anterior, presidido por José Coya, había acordado pagar en 2015 y que nunca llegó a ejecutarse.
Exor había demandado a ANCAP por US$ 34 millones de dólares por el incumpliendo en dos contratos, uno celebrado en 2012 y otro en el 2014, por el que la empresa se encargaría de armar la ingeniería financiera para el pago de la deuda que ANCAP mantenía con la venezolana Pdvsa, y cuyo monto ascendía a US$ 800 millones. Sin embargo, a último momento, se decidió prescindir de los servicios de Exor, y en su lugar participó del negocio el Banco del Tesoro de Venezuela, quien utilizó una estructura de pago idéntica a la propuesta presentada por la firma descartada.
Cuando se supo de la demanda que presentaba la empresa, en 2014, Jurídica de ANCAP advirtió que existía posibilidades de perder el juicio sobre el segundo contrato, pero no sobre el primero. El anunció se confirmó y la justicia civil condenó al ente petrolero a pagar una cifra de US$ 7 millones correspondiente a la multa por incumplimiento del acuerdo entre Exor y Ancap firmado ese mismo año.
En 2015 Exor acordó con el directorio que si le pagaban US$ 3,1 millones retiraría el reclamo ante la Justicia. Con la recomendación de Jurídica del ente petrolero, el directorio aprobó en 2015 realizar aquella transacción que de haberse concretado le hubiera ahorrado al ente casi US$ 4 millones.
Coya se refirió a ese acuerdo cuando declaró como indagado en el juzgado de Crimen Organizado por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP en octubre de 2017. Ahí explicó que el “objeto de la transacción era evitar enfrentar un juicio por algo como US$ 7 millones”.
“Quiero expresar que el nuevo directorio de ANCAP no reitera el gasto pero tampoco toma en cuenta la observación, lo que hace es tomar conocimiento de la observación, por lo tanto desde mi punto de vista está asumiendo un riesgo mucho mayor que el derivado de a transacción anterior (el pago de los US$ 3,1 millones)”.
El pago de US$ 3,1 millones había sido observado por el Tribunal de Cuentas el 3 de mayo de 2016. Coya había sido cesado de la presidencia de ANCAP en febrero de ese mismo año, y para marzo el ente ya era presidido por Jara. El nuevo directorio, vista la observación, nunca ejecutó el pago y el juicio continuó.
ANCAP comenzó a analizar el fallo de la justicia civil y le corre el plazo para apelar a la sentencia, como también podría hacerlo Exor ya que la empresa reclamó una indemnización mayor.
El primer contrato de pago a PDVSA, celebrado en 2012, implicaba cancelar una deuda de US$ 800 millones ahorrando US$ 200 millones y generando para ANCAP una utilidad contable de US$ 64 millones, según explicó Coya en el juzgado de Crimen Organizado.
El segundo contrato de 2014 –por el que ANCAP deberá pagar una multa de 7 millones por dejar afuera a Exor del negocio- se canceló una deuda de US$ 430 millones abonando US$ 267 millones.
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