La diversificación de los activos financieros y el crecimiento exponencial de su uso han contribuido a que se estudie una regulación por parte del Estado uruguayo. De hecho, varios actores analizan propuestas al respecto. Uno de ellos es el propio Banco Central del Uruguay (BCU), que tiene en agenda enviar al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley, con el fin de generar mayor certidumbre y seguridad en las operaciones que se generen con estos activos en el mercado local. Estas propuestas luego se enviarán al Parlamento para debatirlas.
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