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Crysol expresó "malestar" por proyecto que libera los archivos del pasado reciente
Crysol, la asociación de expresos políticos del Uruguay, manifestó en una carta dirigida al ministro de Defensa Nacional, Javier García, su "malestar" por el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, que busca que los documentos de la dictadura sean de libre acceso.
La asociación señala que no fue consultada para elaborar el proyecto y que las organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado "no son siquiera mencionadas" en el texto.
En la carta sostienen: "Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. para expresarle nuestro malestar por remitir un proyecto de ley que involucra y afecta a miles de víctimas directas del accionar del terrorismo de Estado sin haber tenido la deferencia de informar previamente a las organizaciones que formalmente las representan".
El proyecto de ley fue enviado el pasado jueves en conjunto por los Ministerios de Educación y Cultura (MEC) y Defensa Nacional. La propuesta consta de cuatro artículos, crea una sección en el Archivo General de la Nación (que depende del MEC), busca reunir todos los documentos del pasado reciente y garantiza que el acceso sea libre, sin intervenir en la vida privada de los protagonistas, afirma el propio proyecto.
Este jueves la organización Crysol afirmó que estudiará "el proyecto como corresponde" y promoverán si lo entienden conveniente "los cambios necesarios o el rechazo frontal" del texto.
"Observamos que las organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado, las mismas que convocan todos los años, a las calles, a miles de ciudadanos en todo el país, no son siquiera mencionadas. Una visión alejada de lo que suelen promover los compromisos asumidos por nuestro país en materia de normas de DDHH", afirma la carta de Crysol.
La asociación de expresos políticos afirma que durante última dictadura "más de 20.000 ciudadanos fueron privados de su libertad y sometidos a interrogatorios bajo tortura o amenaza de ella ante la justicia militar", sobre estos hechos "se labraron actas, sin asistencia legal ni garantías de ningún tipo".
Para Crysol estos "son documentos sin ningún valor legal para siempre. Son expresión pura del terrorismo de Estado. Son documentos sensibles que deben ser manejados muy criteriosamente por un Estado democrático", cierra la carta
