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Cuál es el impuesto que prevé la ley de residuos y a quién se aplica

Oposición y oficialismo se disputaron las disposiciones tributarias del proyecto de ley

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15 de agosto de 2019 a las 15:45

La Cámara de Senadores aprobó este martes por unanimidad el proyecto de ley Integral de Residuos. Propuesto desde el Poder Ejecutivo en junio del año pasado, debe ser aprobado antes del 15 de setiembre por Diputados o, de lo contrario, tendrá que atravesar de cero nuevamente el proceso legislativo cuando comience el nuevo período parlamentario. El eje del proyecto es "la protección del ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible", según indica su primer artículo, pero trae, a su vez, el planteo de un impuesto, un punto que supuso discrepancias entre los legisladores.

La ley en su conjunto fue votada por unanimidad por los 27 senadores presentes en la sesión, pero la oposición no acompañó los artículos que refieren a ese tributo, dirigido a las empresas que fabrican envases y otros productos de un solo uso.

Artículos en pugna

El artículo 41 del proyecto entiende que "se establece la responsabilidad extendida del fabricante e importador en la gestión de los residuos especiales, salvo en aquellos casos en que, según lo previsto en esta ley, sean gravados por el Impuesto Específico Interno los productos a partir de los cuales se generan". 

El Imesi al que se refiere la ley es el que queda establecido en el artículo 43, que aplicará a las empresas productoras de envases que no se hagan cargo de su posterior reciclaje. De esta manera, dichas compañías tendrán la responsabilidad de contruibuir tributariamente o, en caso de generar metodologías de reciclaje y reutilización de los residuos que generen, ser exoneradas de éste. El impuesto aplicará para las empresas productoras de envases no retornables, bandejas de materiales descartables, film plástico de embalaje, vasos descartables y bolsas plásticas. 

A aquellas empresas que "implementen sistemas de recolección o reciclaje", o que utilicen envases retornables, podrán otorgárseles créditos fiscales, según indica el artículo 42. 

Una de dos

"Quienes importen o fabriquen material que sea de un solo uso y no se reutilizan o clasifican, van a tener que pagar un impuesto", explicó a El Observador el senador frenteamplista Leonardo De León, integrante de la Comisión de Medio Ambiente que presidió el tema. "Con ese impuesto se crea un fondo fideicomiso gestionado por organismos del Estado y de la sociedad civil, por ejemplo La Cámara de Industria, el PIT-CNT y otros que van a gestionar ese fondo para definir políticas de educación, de concientización", precisó, y explicó que el dinero tendrá como destino la gestión nacional y departamental de políticas ambientales que requieran de recursos. 

El senador explicó que la ley prevé que las empresas asuman una "responsabilidad extendida", en tanto que supone que deben hacerse cargo de la reutilización y reciclaje de los residuos que generan. Para aquellas empresas que sean "responsables de la gestión de sus envases", el impuesto no va a regir. De esta manera, los empresarios "tienen las dos alternativas", y pueden optar por pagar el impuesto o responsabilizarse de sus envases. 

"Contaminador pagador"

La senadora nacionalista, también integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Carol Aviaga presentó un informe a su bancada luego de que el grupo de trabajo parlamentario aprobara el proyecto. El documento, al cual tuvo acceso El Observador, explica los motivos por los que Aviaga votó en comisión "en contra de los artículos que refieren a los residuos especiales y a la financiación".

Aviaga hace referencia a las responsabilidades extendidas en el texto, y argumenta que "el concepto de contaminador pagador se encuentra a nivel internacional completamente superado, resultando inaceptable la idea de que el pago de un impuesto pueda dar permiso a contaminar el ambiente de manera alguna".

La senadora no asistió en la mañana del martes a la votación de la cámara alta, dado que se encontraba en el Senado brasileño exponiendo su postura contra el fracking (fractura hidráulica del suelo para la extracción de hidrocarburos).

Tributos y créditos fiscales

Sobre el impuesto, subrayó que el proyecto "crea un nuevo impuesto disfrazándolo de IMESI". La senadora fundamentó que "la gente no puede soportar una carga tributaria mayor a la que ya tiene" producto de "la ineficiencia del Estado".

Aviaga había propuesto a la comisión de Medio Ambiente la creación de una tasa a las empresas de carácter diferencial, de acuerdo a "la responsabilidad ambiental que asuma cada empresa".

La legisladora explicó a El Observador que su propuesta planteaba que "las empresas que se sumaran a generar planes enmarcados en el programa de la gestión integral de residuos no pagarían la tasa ambiental, o pagarían de acuerdo al cumplimiento de metas alcanzadas". Sin embargo, según contó, solo el senador colorado Pedro Bordaberry acompañó su iniciativa, y la comisión optó por mayoría por el tributo.

 

La senadora colorada suplente Cecilia Eguiluz, quien sustituyó este martes al titular Bordaberry, pronunció en la misma línea su posición a través de la red socail Twitter.

 



En cuanto al proyecto, la senadora oficialista Mónica Xavier explicó que "tanto los instrumentos como la parte tributaria es de aplicación progresiva", y está dirigida a las empresas que no se hagan cargo de sus residuos. Además, destacó que la ley busca "estimular" la responsabilidad empresarial frente a los asuntos ambientales, ya que propone que aquellas empresas que modifiquen sus prácticas y comiencen el reciclaje de sus envases "recibirán un crédito fiscal" a partir de los impuestos previamente pagos. 

"Se trata de estimular que las empresas se hagan de ese crédito fiscal", y para esto deben transformar los modos de producción de su mercadería, explicó. 

De León también se refirió a las críticas de la oposición, y manifestó que, si bien hubo discrepancias en las formas, las diferentes bancadas entendían debía financiarse el proyecto. "Algunos que no votaron dijeron que se podría subsidiar, otros que se podrían cobrar una tarifa para el servicio, otros que tenía que ser una tasa y no un impuesto, pero todos coincidíamos que de alguna manera había que darle financiamiento", entendió, y dijo que el impuesto terminó siendo la opción entendida como necesaria por la mayoría.

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