El 31 de octubre de 2017, en su último día en una fiscalía de Crimen Organizado, el fiscal Carlos Negro pidió el procesamiento con prisión del exdiputado suplente y dueño del Cambio Nelson, Franscisco Sanabria, por un delito de lavado de activos. Para el fiscal, Sanabria blanqueó unos US$ 3 millones y también pidió que se procesara a la contadora que era exoficial de cumplimiento del Cambio Nelson ante el Banco Central del Uruguay por un delito de asistencia al lavado de activos. Si la ley integral de lavado se interpreta como que deroga la tipificación anterior, entonces Sanabria no podría ser culpado por lavado porque ese delito no existiría antes de que se promulgara la nueva legislación, en enero de este año. La Justicia dispuso a principios de abril de ese año el procesamiento con prisión de Sanabria por libramiento de cheques sin fondos, un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica por un particular en reiteración real. Esos delitos están separados del presunto lavado.
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El exvicepresidente de la Conmebol, Eugenio Figueredo, fue procesado en diciembre de 2015 por un delito continuado de estafa y de lavado de activos. Para el procesamiento por lavado, la Justicia aplicó la ley vieja, es decir la anterior a la nueva integral sancionada en diciembre de 2017. La jueza especializada en Crimen Organizado María Helena Mainard otorgó a mediados de febrero del año pasado la libertad provisional y dos meses después el fiscal Luis Pacheco pidió su condena. El pedido fue por seis años por haber participado en la trama de coimas de la Conmebol por los derechos de televisación y solicitó que fuera condenado tanto por estafa como por lavado de activos. Figueredo había estado recluido siete meses en Suiza hasta que fue extraditado a Uruguay, donde pasó dos años en la cárcel. A su vez, entregó unos US$ 10 millones –la mayoría en bienes- por un arreglo al que había llegado con el entonces fiscal del caso, Juan Gómez, que serán enviados a remate en breve a pedido del fiscal Pacheco a la jueza Mainard.
Una investigación que duró más de un año por la compra de una casa en Punta del Este por US$ 2 millones, autos de alta gama y tres solares en Punta Ballena llevó al procesamiento en abril de 2016 de seis personas por lavado de activos en el marco de un operativo llamado "Operación Jalisco". Uno de los procesados fue el ciudadano mexicano y hermano del líder del cartel de ese país Los Cuinis, Abigael González Valencia, quien había sido detenido en su país a fines de febrero de ese año. González Valencia estaba al frente de varias inversiones inmobiliarias en Punta del Este que eran canalizadas a través de tres sociedades anónimas off shore panameñas. Los Cuinis, la organización que lidera su hermano, está dedicada al tráfico de cocaína y anfetaminas que se vinculan a su vez al cartel Jalisco Nueva Generación. La Justicia dispuso en 2017 que González Valencia fuera extraditado a su país.
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