A pocos días de retirarse formalmente de la Organización de Estados Americanos (OEA) por las críticas recibidas debido a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega canceló la personería jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales.
Según el Ministerio de Gobernación, cinco de ellas, entre las que se encuentras asociaciones religiosas evangélicas, fueron ilegalizadas por no cumplir con las leyes que las regulan y obstaculizar el control de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro; mientras que las restantes fueron canceladas por “disolución voluntaria”.
Con el cierre de estas 15 oenegés ya suman casi 3.500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron el 18 abril de 2018, inicialmente contra una reforma al sistema de salud y que se extendió a otros reclamos, protesta social duramente reprimida por Ortega con un saldo de al menos 355 muertos y decenas de miles de detenidos, según dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hoy, cuatro años después, las familias de las víctimas reclaman Justicia y Ortega sigue en el poder tras su reelección en noviembre de 2022 en el marco de un proceso electoral en el que no pudieron participar la mayor parte de los líderes opositores porque debieron marchar al exilio y bien fueron puestos en prisión con diversos argumentos.
Sobre el patrimonio de los organismos cancelados, y al igual que ocurrió con el resto de las organizaciones civiles proscriptas, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a en los casos que solicitaron la disolución “voluntaria”, según reseñó el sitio local 100Noticias.
Según los diputados oficialistas, entre ellos Filiberto Rodríguez, las oenegés prohibidas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones del 2018.
Entre las afectadas se encuentra la Congregación Hermanas de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una orden católica que contaba con personería jurídica desde 1999, y Casa Alianza, organización dedicada a ayudar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Nicaragua endureció las leyes sobre las oenegés tras las protestas de 2018, que se prologaron durante tres meses con bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas.
Desde entonces, entre las casi 3.500 oenegés clausuradas figuran varias ligados a la Iglesia católica, como la orden de los Frailes Menores Franciscanos y la Compañía de Jesús, canceladas en agosto pasado, tras confiscar la universidad jesuita de Managua bajo acusaciones de "terrorismo", así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
(Con información de AFP)
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