La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) denunció ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, VolkerTürk, que algunos aspectos del "Acuerdo por Chile", el pacto político que busca darle continuidadal atascado proceso constituyente chileno, “vulneran gravemente” los artículos 1° y 25° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscripto por el país.
Luego que fuera rechazada en el macro de un referéndum de salida en septiembre pasado la propuesta de una primera Convención Constituyente, los partidos políticos que integran la coalición de izquierda gobernante y una parte sustancial de la oposición de derechaconsensuaron un documento que estable la conformación de una Comisión Experta y un Comité Técnico de Admisibilidad.
Según el acuerdo, ambos organismos, que serán transitorios, tendrán facultades para revisar lo que eventualmente decidan los 50 convencionales constituyentes electos por el voto popular directo, universal y obligatorio, asamblea que se disolverá una vez completadasu tarea.
El núcleo de la denuncia presentada por el abogado Carlos Margotta en representación de CChDH, apunta a la Comisión Experta, que estará integrada por 24 académicos seleccionados por diputados y senadores para redactar un anteproyecto al que deberían ceñirse los convencionales electos por el voto popular, y al denominado Comité Técnico de Admisibilidad, que se formará con 14 juristas elegidos por el Senado para revisar las normas aprobadas y determinar alguna "eventual inadmisibilidad".
El texto de la denuncia puntualiza que el acuerdo político "vulnera gravemente los artículos 1° y 25° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación, y coarta gravemente el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública".
La denuncia enfatiza que el tratado internacional fue suscrito y ratificado por el Estado de Chile, "lo que trae aparejada la obligación de todos los órganos y Poderes del Estado de respetar y dar debido cumplimiento de sus normas en virtud de lo mandatado por el inciso segundo del Artículo 5° de la Constitución vigente".
La denuncia detalla que "no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional, y que otro organismo designado -el Comité de Admisibilidad- decida la admisibilidad de las propuestas".
La presentación destaca que el acuerdo político "convierte al Comité de Expertos junto al Comité Técnico de Admisibilidad en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario, que lo detenta exclusivamente el pueblo de Chile".
La denuncia de la CChDHfinaliza solicitando que la presentación sea incorporada en el próximo informe que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tendrá que emitir ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, pide que "remita la denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que -en uso de sus atribuciones y competencia- la tramite como denuncia o comunicación individual según el procedimiento establecido".
La presentación es el último capítulo del hasta ahora frustrado proceso constituyente,que comenzó luego que una movilización sin precedentes iniciada en octubre de 2019 exigierael reemplazade la Carta Magna impuesta en 1980 durante la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990), tras el golpe de estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).
En noviembre de 2019, durante la presidencia de Sebastián Piñera (2014-2022), se anunció un primer acuerdo para generar una nueva constitución, que incluyó un plebiscito de entrada, finalmente realizado en octubre de 2020 y en el cual el 78,28% de los chilenos aprobó el reemplazo de la Constitución de Pinochet y un 79% decidió que el órgano que la redactara fuera una Convención Constituyente.
Sin embargo, el 4 de setiembre del año pasado, luego que la Convención presentara el proyecto de nueva Carta Magna, el texto fue rechazado en un plebiscito de salida por el 61,89 por ciento de los ciudadanos, sumando apenas una aprobación del 38,11 por ciento, lo que abrió un escenario de incertidumbre sobre cómo continuar el proceso encuadrado en el mandato popular.
En diciembre pasado, los partidos políticos comunicaron que habían llegado a un acuerdo para avanzaren un nuevo proceso, meses después de negociaciones tras el rechazo expresado en septiembre. En esa ocasión, a través de un comunicado, el Senado controlado por la derecha consensuóla creaciónde un órgano que redacte la propuesta formado por miembros electos popularmente y "expertos" designados por el Congreso, en referencia a la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad impugnados por la CChDH.
