Desaparecidos: tras desencuentros, Bustillo e Inddhh acordaron "mirar hacia adelante"

Así fue luego de tres reuniones sucesivas que el ministro mantuvo con Wylder Tyler y Mariana Mota, directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en torno a un tema que generó fricciones entre ambos organismos en los últimos días.

La institución había denunciado el jueves pasado que el Poder Ejecutivo se había negado a "facilitar" la llegada al país de este grupo. Tal como informó El Observador, la Cancillería había pospuesto para 2023 el ingreso de la comitiva por temas de "conveniencia". Sin embargo, una vez que el tema tomó estado público, desde el ministerio se hicieron gestiones para coordinar el encuentro para el segundo semestre de 2022. 

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El desencuentro inicial llevó a que el viernes Bustillo convocara a Mota y a Tyler para conversar mano a mano en Cancillería. Allí se discutieron las diferencias y se llegó a un acuerdo: que "el diferendo debe quedar superado".

"Acordamos trabajar juntos y mirar hacia adelante", dijo Tyler a El Observador. "Hubo acuerdo sobre la importancia que tiene esta visita, y el canciller prometió hacer todo lo posible", señaló el director. La intención es que se concrete en el primer semestre de este año, aunque todo dependerá de la agenda del grupo de ONU. 

Tyler optó por dejar atrás el diferendo con Cancillería, aunque admitió que la institución "no hace la misma interpretación" que Bustillo sobre todo este proceso.

Las gestiones previas

La institución había denunciado que el grupo de trabajo había intentado arreglar una reunión para el mes de noviembre con el objetivo de "observar y asesorar en la búsqueda de los desaparecidos en el país", pero el gobierno "expresó reservas en cuanto a las fechas" y luego no respondió "a una segunda comunicación del Grupo de Trabajo reiterando la solicitud".

Fuentes de ese organismo habían dicho a El Observador que en setiembre del año pasado el grupo pidió ser recibido en Uruguay pero no obtuvieron respuesta, por lo que insistieron en noviembre con la comunicación.

En ese momento desde Cancillería se transmitió a la INDDHH que la llegada de este grupo "no se creía conveniente". Se trata del mismo grupo de grabajo que que pretendía regular la sustitución de oficio de penas privativas de libertad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Desde la institución hicieron "un sinnúmero" de gestiones, enviaron un oficio y solicitaron una reunión con el canciller Francisco Bustillo. Las fuentes detallaron que llamaron en seis oportunidades pero no obtuvieron respuesta; solo que la agenda estaba "muy cargada".

A pesar de la insistencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores le respondió al grupo de trabajo que la visita no sería ese año y los servicios diplomáticos de la cancillería redactaron una nota de respuesta a la solicitud en la que se argumentaba que, en función de la situación sanitaria, no era conveniente agendar su llegada para el país en 2022. No obstante, se les transmitió que Uruguay sí estaba dispuesto a recibirlos en 2023. 

Pero luego que la situación fuera denunciada, El Observador consultó a la cancillería para conocer la razón que lo había llevado a no recibir este año al grupo de trabajo. Desde el ministerio se dijo que dicha reunión estaba siendo coordinada para el segundo semestre del corriente 2022.

La llamada fue el jueves, a las 13:44 y duró 1 minuto y 18 segundos. Sin embargo, la instrucción de coordinar la reunión para el segundo semestre de este año tuvo lugar luego de esa comunicación. A las 14:26 salió un correo electrónico de la Dirección de Asuntos Políticos de la cancillería en el que se pedía comunicar al Grupo de Trabajo que una evaluación de las condiciones sanitarias permitirían coordinar una visita en la segunda mitad de este año.

EEUU respondió 

En la reunión de este lunes, Bustillo y los directores de la INDDHH avanzaron en la solicitud que la institución había realizado el año pasado para que Cancillería intentara acceder a información desclasificada del Departamento de Estado de los Estados Unidos, relacionada con el terrorismo de Estado en Uruguay y que pudiera colaborar en la búsqueda de detenidos desparecidos. Concretamente, los cables diplomáticos enviados a Washington por la embajada en Montevideo entre 1968 y 1985. 

Al respecto, Bustillo relató que luego de una serie de "gestiones" del ministerio, Estados Unidos acusó recibo y mostró su disponibilidad de cumplir con el pedido, pero pidió "ajustar la solicitud" en cuanto a las fechas en las que se pide información. El planteo es que se trata de un volumen demasiado grande de datos. 

Un pedido que Tyler consideró de sentido común debido a que, aunque se recibiera el pedido completo, la INDDHH carece de capacidad para procesar toda esa información. "Vamos a seguir trabajando juntos en esto", concluyó el director.