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Desde que rige la LUC la policía disolvió dos ocupaciones

Desde la que ley está vigente hubo 12 intimaciones. En dos casos tuvo que intervenir la Policía
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06 de noviembre de 2021 a las 05:00

La Asociación de Funcionarios de UTU había anunciado que ocuparía el patio central de la sede del organismo, como parte de su plataforma reivindicativa. Una medida que, en la práctica, no entorpecía el normal funcionamiento de actividades. Sin embargo, este viernes, al margen de la resolución del sindicato, algunas personas decidieron ocupar el salón en el que los funcionarios cargaban planillados, vitales para la futura asignación de clases y horas. 

Recibido el pedido por parte de las autoridades, el Ministerio de Trabajo intimó el desalojo, que fue cumplido sin problemas minutos después por parte de los ocupantes. 
Se trata de la última de las 12 intimaciones que esa secretaría debió enviar desde el 10 de julio de 2020, cuando cobró vigencia la ley de urgente consideración (LUC). Del total, solo en dos casos hubo que apelar a la policía. Así se lo dijo a El Observador el subdirector nacional de Trabajo, Santiago Torres, al resaltar como “razonable” el nivel de acatamiento general de la norma, a la hora de desestimular la realización de ocupaciones o piquetes en los lugares de trabajo. 

El artículo 392 de la LUC señala que “el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar libremente a las instalaciones”. 

La disposición fue reglamentada a través del decreto 281/020 que habilita, luego de una instancia de conciliación, a la desocupación inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. 

Allí el gobierno apela al Comité de Libertad Sindical de la OIT que, se señala, ha observado reiteradamente al país porque “el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo debe respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones”. 

Torres señaló que lo sucedido en la UTU fue, ni más ni menos, que la aplicación de los criterios recomendados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto implica proceder si una medida sindical va más allá del ejercicio pacífico del derecho de huelga e impide el acceso al establecimiento de las personas que no se hayan plegado a la acción. 

Lo que hizo la LUC, remarcó, fue extender al sector privado lo que desde diciembre de 2010, bajo el gobierno de José Mujica, prohibía las ocupaciones en las dependencias del Estado. 

Este es uno de los 135 artículos que la oposición pretende derogar a través del referéndum. La semana pasada, durante una comparecencia en el Parlamento, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que el artículo “supone, por un lado, que la huelga en sí misma no es pacífica y, por otro, no expresa cómo garantizará el Estado el desarrollo pacífico de estas medidas, dejando entrever restricciones al ejercicio del derecho de huelga”, según consignó La Diaria basado en la versión taquigráfica.

Según contó Torres, 10 de las intimaciones fueron por ocupaciones realizadas, justamente, en el ámbito público. 

La lista está integrada por varias escuelas técnicas de UTU, centros de Secundaria, la sede central de Ancap en avenida del Libertador y Paraguay y la planta Capurro de Alcoholes del Uruguay (ALUR). También OSE, cuyo sindicato llegó a ocupar siete locales en forma simultánea. 

Solo dos casos correspoden al sector privado: la reciente ocupación de la planta de la empresa Acodike y un suceso que Torres recordó especialmente, derivado del enfrentamiento entre dos socios de un mismo establecimiento granjero. 

Diferencias por el negocio derivaron en que uno de los propietarios, aliado a una parte de los trabajadores, ocupó el predio, por lo que fue denunciado por el otro dueño. “Fue todo muy confuso”, recordó Torres. 

Fuera de este relevamiento, apuntó, quedaron las medidas que lograron ser desactivadas mediante una simple llamada telefónica. También se registraron lo que Torres denominó “micropiquetes”, que por su breve duración –muchas veces calculada– le impiden al ministerio intervenir. Según dijo, se trata de un medida habitual en la entrada al Puerto de Montevideo para impedir el ingreso de camiones, lo que siempre genera distorsión en el tránsito de la zona. 

A título personal, el jerarca dijo comprender que la LUC ha tenido un efecto “morigerador” en la realización de ocupaciones. A su entender, lo más relevante es que ha sido efectiva “protegiendo los derechos de todos los actores involucrados en un conflicto”. 

En la última reunión que el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo con los principales líderes de la coalición, uno de los conceptos que se manejaron fue, justamente, la necesidad de enfatizar la manera en que la LUC contribuyó a ampliar las “libertades” y los “derechos” de la ciudadanía. 
La mayoría de las intimaciones fueron entregadas personalmente por Torres, representante político del Partido Colorado en el ministerio. “Me gusta dar la cara”. 

“Patoterismo sindical” 

El resultado de la LUC en este ámbito formó parte de la evaluación que este jueves delegados de la coalición de gobierno realizaron en la última reunión de coordinación en la Torre Ejecutiva. Se trata de un aspecto que, si bien está lejos de ser central, es visto en forma positiva por parte de la población. 

Así por lo menos lo indicó el resultado del “focus group” presentado por el publicista y asesor presidencial Roberto Lafluf. El diputado Iván Posada (PI) señaló a El Observador que, según ese estudio,la percepción en la ciudadanía es que se trata de una iniciativa que, a la vez que protege el derecho de huelga, también lo hace con el derecho al trabajo y a la propiedad. 

La descripción concreta que se realizó es que la gente “comparte” la vigencia de una disposición que “frena las actitudes de patoterismo sindical”.

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