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Detuvieron a 15 personas por el atentado contra la sede de la Brigada Antidrogas
La Justicia detuvo a 15 sospechosos de estar involucrados en el ataque a la sede de la Brigada Antidrogas del 9 de mayo, cuando desconocidos tiraron una granada militar y destruyeron cinco vehículos, informó Telemundo y confirmaron a El Observador con fuentes judiciales.
Los hombres están a disposición del fiscal a cargo del caso, Diego Pérez, quien coordina la investigación llevada adelante por la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía.
El Observador había informado el 29 de mayo que ese día había declarado ante Pérez un preso de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar), integrante de la banda de narcotraficantes Los Ricarditos, un grupo que opera en la zona de Cerro.
Este indagado había sido imputado por narcotráfico el 17 de abril y, en el operativo policial que lo detuvo entonces, había amenazado con realizar un ataque al edificio de la Dirección General De Represión del Tráfico Ilícito De Drogas, según dijeron entonces fuente de la investigación.
Tras ese operativo, el delincuente –que vivía en una vivienda en el barrio Santa Catalina, en donde esa fiscalía investiga una serie de ocupaciones irregulares– había sido imputado por la Justicia de un delito de tenencia de estupefacientes y enviado a prisión preventiva como medida cautelar mientras espera el juicio oral durante 90 días.
El ataque se realizó con una granada militar que se arrojó desde un vehículo cerca de las dos de la mañana de aquel sábado. La explosión produjo daños a cuatro vehículos oficiales que estaban estacionados en el edificio ubicado en la calle Delmira Agustini (en el barrio del Prado), y un auto particular, pero no generó lesiones a ninguna persona.
Desde un comienzo, los investigadores apuntaron a pequeñas bandas que se dedican a la venta de drogas como responsables de este ataque y que, a raíz de algunos operativos en los días anteriores al atentado, vieron afectados sus negocios ilícitos. Por ejemplo, poco antes del ataque, en Cerro Norte se habían allanado 15 viviendas en las que se vendían estupefacientes, en el marco de una investigación de la fiscal Mónica Ferrero.
