Mundo > JUSTICIA
Detuvieron en México al exprocurador por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa
El exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado y también se libró orden de detención contra 64 militares y policías por su presunta participación en la desaparición y asesinato de 43 estudiantes cometidos en el estado de Guerrero, en el año 2014.
El ex jefe de los fiscales fue detenido en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México, imputado por "desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia", informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.
Se trata del más alto exfuncionario detenido por su responsabilidad, en su caso ocultamiento, del hecho que conmovió a la sociedad mexicana a fines de septiembre del 2014 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Horas después, la FGR informó de las órdenes de arresto contra 20 militares y 44 policías, sin precisar su rango y actividad actual, y de cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen.
La captura se produjo horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera "verdad" y castigo a los responsables de la desaparición forzada de 43 alumnos normalistas en la localidad de Ayotzinapa.
López Obrador se manifestó tras la publicación del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considerara un "crimen de Estado".
El documento sostiene que militares y funcionarios, por sus "acciones, omisiones o participación", permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
"Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos", añadió López Obrador.
El caso, conocido como “los 43 de Ayotzinapa”, refiere a una redada realizada durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando policías municipales de Iguala y del estado de Guerrero junto a militares del 27° Batallón de Infantería de Iguala persiguieron, atacaron e hicieron desaparecer a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Los jóvenes se dirigían a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para subir a autobuses que los llevarían a Ciudad de México para participar en unas protestas.
En la operación fueron asesinadas al menos otras seis personas y al menos otras 27 fueron heridas, entre ellos civiles y periodistas.
El abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, consideró que la detención de Murillo Karam " es un paso importante", pero se mostró escéptico sobre eventuales revelaciones del exprocurador.
"Lo que va a hacer el señor Murillo es defenderse, entonces no creo que (...) quiera él aportar alguna información", dijo Rosales a la cadena ForoTV.
Murillo Karam llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.
Reportes judiciales indicaron que al ser detenido no opuso resistencia y quedará preso en un centro de detención de la capital, señaló la Presidencia.
El PRI aseguró que la detención "responde más a un tema político que de justicia".
Previo a su difusión pública, el presidente había escuchado el informe junto con las familias de las víctimas. "Les expresé mi dolor, mi tristeza", comentó.
Los familiares someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos, y generó fuerte condena internacional.
En presencia de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, el presidente sostuvo que la participación de "malos servidores públicos" en los hechos de Ayotzinapa no supone el "mal funcionamiento de una institución".
Consideró que las revelaciones de la comisión las fortalece "si se hace el deslinde y se castiga a los responsables".
El GIEI sostiene que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos normalistas identificados hasta ahora.
Los hallazgos de ese grupo y la comisión gubernamental echan por tierra gran parte de la llamada "verdad histórica" planteada por el gobierno de Peña Nieto y presentada oficialmente por Murillo Karam, que no acreditó la responsabilidad de militares.
Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, según la misma tesis, rechazada por familiares, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El mandatario anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, que trabajó bajo órdenes de Murillo Karam.
La extinta Procuraduría fue reemplazada en 2018 por la Fiscalía General que, a diferencia de la anterior, tiene autonomía del gobierno.
